Revuelo judicial en La Palma

Pedro Pérez: “lo que está en juego es la defensa de la libertad de expresión”

Desde hace ya unos dos años, dos personajes públicos del Valle de Aridane, Rosendo Luis Cáceres y Rosendo Luis Brito, tienen una demanda por calumnias e injurias contra Radio Murión y cinco contertulios de la misma. El primero es apoderado de la histórica familia de los Carrillo, vinculado durante años a las Haciendas de Argual y Tazacorte, propietarias por derechos de conquista y posteriores compraventas de La Caldera de Taburiente y las aguas que de ella emanan, según consta en los estatutos de dicha heredad. El segundo, su hijo, es arquitecto municipal de Tazacorte.

Debido a una serie de problemas urbanísticos, que llegan hasta el Tribunal Supremo y arrastran hasta una veintena de imputados, un empresario de origen vasco, César Gil, comenzó una batalla en todos los frentes, legal y mediática, para defender sus intereses empresariales frente a sus contrarios locales en La Palma. Se trata, claramente, de una confrontación de intereses entre una burguesía foránea y la burguesía local de la Isla.

Dentro de este marco de disputa, César Gil funda con diversos colaboradores Radio Murión, medio desde el que defiende sus intereses e interpela a sus contrarios en relación a las causas antes mencionadas. Además de hacer esto, cede abiertamente espacio en su medio radiofónico a todas las personas que deseen realizar o participar en un programa.

Fianza de 233.000 euros

Precisamente por opiniones vertidas en algunos de los programas del medio en cuestión, como “La Caldera”, “La Calle no se calla” y “El Soplete”, Rosendo padre y Rosendo hijo demandan a varios miembros de este medio, acusándolos de calumnias e injurias contra sus personas. La causa parecía parada, hasta que salieron a la luz unos documentos del contencioso, publicados en el digital “El Time”, en los que no solamente el Juzgado Nº1 de Los Llanos declara abierto el juicio oral, sino que se exige una fianza de 233.000 euros.

En dichos documentos se asevera: “En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, requiérase a los acusados a fin de que, en el plazo de 24 horas, presten, conjunta y solidariamente, fianza por importe de 100.000 y 133.000 euros, cantidades fijadas según lo dispuesto en el art.589 Lecrim, para asegurar las responsabilidades que de tal naturaleza le fueren impuestas, con apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante a cubrir dicha suma o, en su caso, se acreditará la insolvencia en forma”. Solicitándose a Radio Murión S.L. la misma cantidad. La fecha para el pago de la fianza está fijada en el día 17 de febrero de este año.

Pedro Pérez, “El Gasio”

Desde “El País Canario” nos hemos puesto en contacto con Pedro Pérez, “El Gasio”, uno de los implicados en este proceso, para que nos explique su situación y las motivaciones que han llevado a que sea uno de los demandados. Para Pedro Pérez la cosa está clara: “estoy metido en este proceso porque los señores demandantes se sintieron aludidos por unas críticas en las que ni siquiera cito nombres”. Unas críticas centradas en “el histórico manejo injusto del agua y el caciquismo existente en la Isla”. Algo acerca de lo que, como el propio Pérez afirma, “existen cientos de referencias en libros, en textos de variado tipo y en informaciones orales sobre asuntos como la pernada, la represión en la guerra civil, la represión contra los jornaleros y aparceros”. “El Gasio” considera que él no descubre nada nuevo y que no se “inventa nada”, puesto que “es vox populi en La Palma, pues solo hay que preguntar a la gente, o entrar en una biblioteca y leer sobre la historia de la Isla”.

“No tengo que pedir perdón”

Pérez considera que no tiene que “pedir perdón”, dado que ha actuado en consecuencia con valores e ideales de justicia: “en mi pensamiento está el defender la titularidad pública del agua, como un derecho humano indispensable para realizar la soberanía alimentaria. Entiéndase esto como la posibilidad de que los habitantes de la Isla puedan producir sus propios alimentos de forma sana, segura y en manos de la mayoría de la población y no de una minoría de privilegiados”.

Defensa de la libertad de expresión

Para Pedro, al menos en su caso particular, “lo que está en juego es la defensa de la libertad de expresión”. Más allá de un caso judicial en el que entran en liza diferentes actores e intereses, Pedro Pérez considera “muy fuerte que, a día de hoy en pleno siglo XXI, se intente cohibir de esta forma la libertad de expresión, pretendiendo silenciar la historia y los hechos conocidos”. “El Gasio” reivindica su derecho a criticar “el caciquismo histórico, los abusos, las malas formas y malos usos en el pasado y en la actualidad”.