“AENA facilita la aplicación de las medidas sanitarias exigidas por terceros países para viajeros procedentes de Canarias, pero bloquea la posibilidad de que dichas medidas puedan aplicarse a la entrada”

La negativa de AENA a colaborar en la creación de un cordón sanitario adecuado para salvaguardar la salud de nuestra población supone un grave escarnio para Canarias y más teniendo en cuenta los importantes beneficios que extrae de la explotación de nuestros aeropuertos”

Iniciativa Popular Canaria denuncia “explotación colonial” de los aeropuertos canarios

La empresa estatal AENA, gestora o -sin eufemismos- explotadora de los aeropuertos de interés general, dependiente del Ministerio de Fomento, anunció a finales de enero pasado la adjudicación de espacios en las terminales de salida a varios laboratorios privados para la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) del SARS-COV-2, a pasajeros -sólo con tarjeta de embarque- que les sean exigidas en los aeropuertos de destino. Estos espacios clínicos aeroportuarios se complementan con zonas de espera y aislamiento, hasta conocerse el resultado de los test realizados, de diagnóstico necesariamente rápido.

Los casos positivos detectados son remitidos al Servicio Canario de Salud (SCS) para su tratamiento, poniéndose de manifiesto -además- la más que probable posibilidad de que dichos afectados hayan sido, durante un tiempo indeterminado, agentes transmisores de la enfermedad en las Islas. Las imprescindibles tareas de rastreo de las transmisiones comunitarias producidas no han sido informadas hasta ahora por el SCS.

PRUEBAS DE SALIDA, PERO NO DE ENTRADA. Estas adjudicaciones no tendrían nada de particular, más allá del insaciable afán recaudador de AENA, si no fuera por la reiterada negativa de dicha empresa pública a que dichos test sean realizados en las terminales de entrada de los aeropuertos canarios, pese a ser solicitadas por el Gobierno autonómico y las patronales turísticas de las Islas. Es decir, AENA facilita la aplicación de las medidas sanitarias exigidas por terceros países para viajeros procedentes de Canarias, pero bloquea la posibilidad de que dichas medidas puedan aplicarse a la entrada de esos mismos viajeros y los de otras procedencias.

En Canarias hemos de conformarnos con unos puntos de control del SCS en las terminales de entrada, en los que se realiza un cribado de las llegadas de pasajeros que deben aportar una PDIA negativa realizada dentro de las últimas 72 horas. En dichos cribados, no universales sino aleatorios, se ha constatado que casi el 20% de los viajeros seleccionados llegan sin ningún tipo de pruebas diagnósticas, representando unas 30.000 personas sólo desde el 18 de diciembre al 26 de enero. Pero estas personas que incumplen la obligación legal de traer una PDIA negativa no son confinadas a su llegada, para aislarlas preventivamente de la población local, sino que simplemente se les informa que deben “auto confinarse” en sus domicilios o alojamientos hasta aportar dicha prueba negativa.

Así de sorprendente es la laxitud de las medidas previstas para proteger a nuestra población de su infección de la COVID-19 por contacto con casos importados. No debe extrañar, por tanto, lo difícil que está resultando contener la expansión de la tercera ola en las Islas, con las negativas consecuencias y riesgos -también fatales- para nuestra salud.

EL ESCARNIO COLONIAL DE AENA. La negativa de AENA a colaborar en la creación de un cordón sanitario adecuado para salvaguardar la salud de nuestra población supone un grave escarnio para Canarias y más teniendo en cuenta los importantes beneficios que extrae de la explotación de nuestros aeropuertos.

Este operador aeroportuario pertenece mayoritariamente al Ministerio de Fomento a través del ente público empresarial ENAIRE, que posee el 51% de las acciones de AENA, mientras el 49% restante se privatizó mediante una oferta pública de venta (OPV) en los mercados bursátiles, lo que constituyó un sonado pelotazo financiero a costa especular con el patrimonio público. Dentro del grupo de aeropuertos explotados por AENA en el Estado, entre los más rentables están los del Grupo Canario que generan en torno al 30% de los beneficios netos, que suponen unos 420 millones de € anuales de un total de 1.400 millones declarados por el ente público, antes de la pandemia, mientras registran poco menos del 20% del total de movimientos de pasajeros. Unos 45 millones en Canarias, del total de 250 millones de viajeros a nivel estatal en 2019.

Pero este suculento negocio se sustenta sobre unas infraestructuras aeroportuarias cuya inversión ya ha sido pagada y amortizada muchas veces con los ingentes beneficios directos generados por ellas durante más de medio siglo. Son, por tanto, infraestructuras pertenecientes al pueblo canario que son explotadas bajo un abusivo régimen colonial por el Estado y sus empresas públicas subsidiarias.

Más de 400 millones de euros anuales que vuelan hacia las arcas Tesoro español, representando en torno al 10% del total de beneficios fiscales anuales extraídos en Canarias por el Erario, en una balanza fiscal global claramente superavitaria a favor del Estado que supera los 4.000 millones € por año. Y es que a dichos beneficios fiscales generados por AENA en las Islas deben sumarse los de otras empresas públicas como Puertos de Estado, Correos y Telégrafos o la ONLAE; la imposición directa, que incluye el Impuesto de Sociedades tanto declarado en las Islas como en el resto del Estado por beneficios generados aquí, que representa cuatro veces más; el mil millonario superávit de la Seguridad Social en las Islas por recaudación de pensiones y resto de cotizaciones; y las rentas fiscales, empresariales y laborales generadas en otras comunidades por las importaciones de bienes para nuestro consumo, a costa de destruir nuestras producciones, al convertirnos en una colonia de mercado cautivo donde colocar sus excedentes productivos en régimen de competencia desleal.

En suma, un saqueo económico al que contribuye la explotación colonial descarada de nuestros aeropuertos que, por contra, nos prohíben utilizar para crear un cordón sanitario que nos convierta en destino seguro para nuestra salud y la de quienes nos visitan. Un escarnio contra la dignidad del pueblo canario que podría mitigarse, al menos en parte, con la asunción por parte de Canarias de las competencias plenas en aeropuertos (junto a las de puertos y costas), tal como propone la Iniciativa Popular Canaria-IPC, en el marco de una Plena Autonomía Interna reconocida internacionalmente. Unos aeropuertos que, al contrario del resto de interés general ubicados en el Estado y utilizados por varias comunidades conjuntamente, sólo son utilizados por la Comunidad Archipelágica de Canarias que puede asumir en exclusiva su gestión, al servicio de sus intereses sociales y económicos preferentemente, sin afectar a otras comunidades.

EL EJEMPLO SOBERANO DE CUBA. Otros países, como Cuba, no tienen que pedir permiso a nadie para establecer sus medidas sanitarias en lucha contra el SARS-COV-2. Frente a la laxitud y probada ineficacia de las medidas establecidas en Canarias, ya sea por ineptitud de sus responsables públicos o por sumisión ante el bloqueo de sus propuestas, establecido por el Gobierno central, el hermano país caribeño demuestra que es posible priorizar la salud de la población a los mezquinos y miopes intereses económicos de una minoría.

Tal como puede apreciarse en las fotos que se adjuntan, en los aeropuertos cubanos se establece un control sanitario de entrada, previo al control de pasaportes, donde además de aportar obligatoriamente una PCR realizada dentro de las 72 horas anteriores a la llegada, se les practica -a la totalidad de los viajeros- una primera PCR en tiempo real, obligándose a permanecer en cuarentena en zonas habilitadas al efecto o alojamientos turísticos, bajo estricto control de las autoridades sanitarias hasta conocerse el resultado de dicha prueba, que de ser positiva implica la atención hospitalaria integral. Además, durante la cuarentena, se les realiza una segunda PCR y sólo si resultara negativa se finalizaría dicho confinamiento personal.

No se trata sólo de disfrutar de un modelo social justo que priorice la salud de la población, que también, se trata, sobre todo, de tener la soberanía suficiente para no sufrir la humillación de que nos prohíban aplicar en nuestra tierra las medidas que garantizarían la salvaguarda de nuestra salud, atentando también a nuestra dignidad como pueblo diferenciado. Que, a todo un pueblo, junto a los sectores sociales y económicos que lo integran, se le obligue a postrarse a los pies de los caballos de miserables intereses coloniales y mezquinos como los de AENA -cuyos gestores se apoltronan cómodamente en sus despachos madrileños- y del resto del aparato colonial español en las Islas, es algo que no deberíamos seguir aguantando por mucho tiempo. De todas nosotras y nosotros depende seguir o no soportando esta ignominia.

Comisión Promotora de Iniciativa Popular Canaria-IPC




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