Yanes propone la creación de una Concejalía de Bienestar Animal

El Diputado del Común y el director general de Derechos Animales del Gobierno de España se reunieron para establecer la coordinación y colaboración entre ambas instituciones

Se destacan los beneficios de la creación de un Instituto de Protección y Bienestar Animal

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió por videoconferencia con el primer director general de Derechos Animales del Gobierno de España, Sergio García, para intercambiar impresiones sobre las políticas y protocolos de defensa de los derechos y del bienestar animal a nivel estatal y en Canarias.

Fue la primera toma de contacto entre ambos representantes, que sirvió para establecer la coordinación y colaboración entre la Diputación del Común y la Dirección General de Derechos Animales de España, y para conocer el marco y las propuestas que plantea esta última en la materia.

Yanes le planteó la creación de una Concejalía de Bienestar Animal, con el fin de que sea propuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y sea tomada en consideración para la mejora en el tratamiento de las políticas de protección y bienestar animal.

Previo a este encuentro, el Diputado del Común mantuvo, en varias ocasiones, reuniones con distintas asociaciones y protectoras de Canarias, que pusieron de manifiesto su preocupación sobre algunos asuntos relacionados con el abandono y los derechos de los animales en el Archipiélago.

De esta forma, Yanes trasladó al director general alguna de estas inquietudes, e informó también sobre la posible creación de un Instituto de Bienestar y Protección Animal, con el fin de establecer protocolos e impulsar políticas relacionadas con el sector. Al respecto, García reconoció que una entidad como esta podría convertirse en una herramienta muy importante en la actualización de las políticas de protección animal, y aseguró que tratará este tema en las futuras reuniones que mantenga con las distintas Comunidades Autónomas y con la FEMP.

Insistió en la importancia de establecer marcos comunes en los que se doten a los ayuntamientos de herramientas con las que asumir y coordinar las políticas mediante ayudas, protocolos y formaciones que capaciten al personal, y den acceso a los técnicos y policías municipales a los conocimientos específicos necesarios, para que exista una homogeneidad a la hora de intervenir y disponer de los recursos precisos para actuar.

El director general informó sobre el planteamiento de un marco general en el que las entidades de protección animal, sobre todo, las que tienen convenios con los ayuntamientos, puedan profesionalizarse y queden inscritas en un registro nacional al que todas las comunidades autónomas tengan acceso.

Yanes aplaudió esta iniciativa, y añadió que los escasos recursos de los ayuntamientos más pequeños los incapacita a la hora de ofrecer buenas prestaciones, por lo que se debe además “promover servicios comarcalizados que los lleven a cabo los Cabildos Insulares” y aseguró que, con la creación de esta Dirección General de Derechos Animales a nivel estatal, “se dará un impulso importante” y supondrá “un antes y un después” en el bienestar animal.

Ley de Protección Animal en las administraciones canarias

La Diputación del Común abrió una investigación de oficio para comprobar el grado de cumplimiento por parte de las administraciones de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales, aprobada por el Parlamento de Canarias.

88 expedientes fueron dirigidos a los Ayuntamientos del Archipiélago, 7 a los Cabildos y 1 a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

De todas las quejas se cerraron 66, de las que 61 fueron por reconocimiento favorable al acreditarse el cumplimiento de la ley y la disposición de los medios necesarios por parte de las administraciones para responder a las necesidades del servicio; 4 por no existir irregularidad en la actuación administrativa objeto de la investigación; y solo 1 fue archivada por haber llegado al límite de las actuaciones de la Institución.

El Gobierno de Canarias y los Cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura demostraron cumplir con la Ley de Protección Animal, así como 60 de los 88 ayuntamientos de las islas.

 


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