Indignación vecinal y de la oposición en El Sauzal ante la prórroga del servicio de agua por diez años
Esta prórroga fue concedida a la empresa Canaragua, por el Grupo de Gobierno de Coalición Canaria, casi tres años antes de lo previsto
Una sentencia del Juzgado nº3 de lo Contencioso Administrativo de 25 de enero de 2017 fallaba en contra de CANARAGUA, entre cuyas exigencias se encontraba justamente “ser compensada con una prórroga de 10 años”
(El Sauzal, a 3 de abril de 2017). La empresa CANARAGUA, filial de la multinacional Aguas de Barcelona (AGBAR), ha conseguido por la vía plenaria y con el apoyo exclusivo de Coalición Canaria lo que no pudo conseguir en los Juzgados. Si la sentencia del 25/01/2017 del Juzgado nº3 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife rechazaba esa prórroga y la indemnización de más de un millón de €uros que CANARAGUA reclamaba al Ayuntamiento de El Sauzal, el pleno del pasado 31 de marzo dio luz verde a la misma, no sin encontrarse con la oposición del resto de grupos políticos, así como de varios vecinos y vecinas que manifestaron su rechazo “in situ”.
A este “atropello”, tal como lo calificaron desde Unid@s Se Puede El Sauzal (USPES), habría que añadir que sólo unos días antes de la convocatoria del citado pleno, CANARAGUA retiraba su recurso a la citada sentencia, lo que daba vía libre a la prórroga, “al no encontrarse en litigio las partes”.
Sin embargo, “El principal problema no son las formas antidemocráticas ni lo que nos ocultan sobre este tema: nos encontramos con un INFORME DE INTERVENCIÓN donde se manifiesta que la empresa concesionaria incurre desde el primer momento en incumplimientos de las condiciones de prestación del servicio, especialmente en lo referido a personal, medios y campañas informativas”.
Ante las dudas expresadas por esta formación y el resto de la oposición, el Alcalde se limitó a hablar generalidades sobre la ¨calidad y el servicio” de CANARAGUA, evadiendo dar respuestas claras a las dudas suscitadas, y “aplicando el rodillo” para aprobar esta moción.
Esta joven formación, USPES, ha defendido la conveniencia de aprovechar el fin de la concesión para recuperar la administración pública del agua del municipio por cuestión de eficiencia, transparencia y mejora del servicio, de los pocos que la Ley Montoro en vigor ha dejado administrar a ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Esta tendencia de recuperación o remunicipalización de servicios tan esenciales como el agua y alcantarillado en distintas ciudades del Estado, se ve apoyada además por las recomendaciones de diversos organismos internacionales sobre la gestión del preciado líquido.