Canarias vs. Mercosur

¿Sabían que Canarias ya vivió un cambio brutal en las reglas del comercio agrícola hace casi 40 años… y no salió mal parada?

Estos días se habla con mucha preocupación de cómo puede afectar a nuestro sector primario el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Y en La Palma, donde el plátano es el principal motor económico y social, el tema genera aún más inquietud. Pero lo que casi nadie recuerda es que, a finales de los años ochenta, en Canarias nos enfrentamos a un cambio muy parecido. Entonces también existía la amenaza de los efectos devastadores del libre comercio y de la competencia de otros mercados con la entrada de España a la CEE.

Y, sin embargo, se supo proteger al campo canario. ¿Cómo? Reforzando el blindaje fitosanitario para evitar plagas y enfermedades —con la consecuente prohibición de entrada de muchos frutos tropicales— y apostando por la diferenciación de nuestros productos a través de la calidad y el origen, cuando ya no era posible mantener barreras arancelarias.

Hoy, frente al alarmismo generalizado y a la frustración que nos está generando sentir que no tenemos agencia en algo tan “lejano”, me gustaría hacer un pequeño análisis acerca de la situación en la que nos encontramos y, sobre todo, qué podemos hacer desde Canarias.

Un sector primario fragmentado y vulnerable

Mercosur aterriza en el Archipiélago sobre un sector primario frágil, resultado de décadas de políticas agrarias que, con la excepción del claro impulso al plátano para exportación, han sido mayoritariamente cortoplacistas, sectoriales y poco coordinadas.

Ayudas para salvar campañas concretas, subvenciones activadas ante crisis puntuales o programas de modernización que rara vez han transformado el modelo productivo de fondo han derivado en una paradoja evidente: se ha apoyado económicamente al sector primario mientras se consolidaba un sistema alimentario cada vez más dependiente de las importaciones.

Se subvenciona la producción, pero no se planifica qué se produce, para quién, cómo se distribuye ni qué papel cumple esa producción en la alimentación cotidiana de la población canaria.

Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos han intervenido a menudo sin una hoja de ruta compartida, sin objetivos claros y sin una visión común del sistema alimentario. En ese contexto, cualquier shock externo —una crisis logística, una subida de costes o un acuerdo comercial como Mercosur— actúa como un golpe amplificado.

Este acuerdo aparece entonces como un test de estrés, ya que un sistema fragmentado es mucho más vulnerable a la competencia exterior que uno planificado.

Canarias como sistema alimentario

Frente a este enfoque reactivo y de parcheo, cada vez resulta más evidente la necesidad de pensar el campo canario como parte de un sistema alimentario. No solo como un sector económico, un paisaje que conservar o un elemento identitario, sino como una infraestructura básica para la vida en nuestras islas.

Hablar de sistema alimentario implica asumir que la alimentación conecta producción, territorio, empleo, salud, clima y cohesión social. Implica preguntarse qué grado de dependencia exterior estamos dispuestas a asumir y qué nivel de producción local consideramos estratégico garantizar. No se trata de producir de todo ni de cerrar fronteras, sino de producir mejor, con sentido y con prioridades claras.

En este marco, el autoabastecimiento pasa a ser una herramienta política concreta muy potente. Canarias tiene ventajas relativas evidentes en determinados ámbitos como producciones adaptadas al clima, alimentos donde la proximidad aporta valor en frescura, calidad y menor huella ambiental, etc. Justamente ahí es donde la entrada masiva de productos importados, abaratados por acuerdos comerciales como Mercosur, puede desplazar producción local que sí es viable y socialmente necesaria.

Por eso, la política pública no puede ser neutral. Todos los colores políticos que han estado en el poder en estos años se llenan la boca estos días alertando de los peligros de Mercosur para nuestro sector primario, pero se han pasado las legislaturas sin orientar estratégicamente la inversión pública para que éste sea resiliente frente a este tipo de impactos externos.

Planificar un sistema alimentario implica también asumir decisiones incómodas, entre ellas reconocer los costes de oportunidad. El sector primario canario ha estado históricamente orientado a la exportación y no es ni realista ni deseable que toda la producción se destine al mercado interno. Pero asumir ese punto de partida no equivale a renunciar a la soberanía alimentaria, sino a decidir conscientemente qué se exporta, qué se protege para el consumo local y qué sectores se priorizan desde lo público, en lugar de dejar que sea el mercado global quien lo decida todo.

¿Y qué hacemos con el plátano?

Aunque desde Drago Canarias siempre defendemos avanzar hacia una producción más diversificada que incremente nuestra soberanía alimentaria, es evidente que el plátano seguirá siendo una pieza central tanto del sector primario como de la economía canaria. Precisamente por eso, y aunque el platanero es hoy un sector organizado y con una estructura relativamente fuerte, será necesario plantear medidas específicas para protegerlo frente al impacto del fortalecimiento de la banana latinoamericana en el mercado europeo tras la puesta en marcha del acuerdo.

En este contexto, cobra especial importancia reforzar la organización colectiva y la gestión de la oferta, apoyando estructuras que permitan planificar mejor, negociar precios con mayor fuerza y resistir la volatilidad del mercado. Junto a ello, resulta imprescindible reorientar las ayudas públicas: menos compensación de pérdidas coyunturales y más inversión en eficiencia, modernización sostenible y reducción de dependencias externas, dirigiendo estas ayudas de forma prioritaria a los pequeños y medianos productores y productoras, que son quienes tienen más dificultades para absorber los impactos de una competencia cada vez más desigual.

Y esta lógica no es exclusiva del plátano, es perfectamente extrapolable a otros sectores que pueden verse afectados por Mercosur, como la ganadería, y responde a una misma idea de fondo: fortalecer el tejido productivo local para que pueda sostenerse frente a un escenario de apertura comercial creciente y profundamente asimétrica.

De la queja a la acción

Si Mercosur amenaza con agravar las debilidades del campo canario, también obliga a pasar de la queja a la propuesta. Y aunque buena parte del debate se esté centrando en lo que debería cambiar fuera, una parte fundamental de la respuesta no depende de otros, sino de lo que hagamos aquí.

Desde Canarias es legítimo exigir cláusulas espejo y mecanismos que eviten la competencia desleal. Pero este debate no puede servir de excusa para eludir nuestras propias responsabilidades, ni para olvidar que Canarias ya ha sabido proteger su agricultura reforzando controles y estándares propios cuando el marco comercial cambió.

Lo verdaderamente decisivo es que ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias dejen de actuar de forma fragmentada y asuman un papel activo en la planificación del sistema alimentario, con una estrategia común y sostenida en el tiempo. Es urgente que alineen las políticas públicas —ayudas, acceso a suelo, formación, fiscalidad…— para construir un sistema robusto y resiliente que garantice estabilidad a un campo canario castigado durante décadas por la falta de una hoja de ruta compartida.

Desde las instituciones locales existen herramientas concretas para avanzar en esa dirección. Una de ellas es la compra pública alimentaria, priorizando productos de “kilómetro cero” en comedores escolares, hospitales, residencias y otros servicios públicos, y generando así una demanda estable que permita a quienes producen planificar y sostener su actividad.

Otra línea clave es reforzar los sellos de calidad y diferenciación de los productos locales, vinculándolos no solo al origen, sino también a prácticas agroecológicas, empleo digno y menor huella ambiental. O también, fundamental, actuar sobre la cadena de distribución, promoviendo acuerdos que garanticen la presencia real y visible del producto local —especialmente de pequeñas producciones— en supermercados y comercios, corrigiendo un desequilibrio que hoy deja fuera de los lineales a buena parte de nuestro sector primario.

En Canarias, nunca se ha puesto en el centro una planificación del sistema agroalimentario que piense el campo, la alimentación y el territorio como un todo, y esa ausencia se nota cada vez que llega una nueva crisis.

Hoy toca decidir si seguimos reaccionando tarde o si empezamos a construir una alternativa propia, capaz de garantizarnos trabajo digno, alimentos sanos y un campo vivo frente a un mundo cada vez más incierto.

Tenemos que dejar de esperar a que vengan a salvarnos desde fuera. Muchas de las decisiones que cambian realidades se toman aquí. Y desde Drago La Palma estamos dispuestas a tomarlas.

Sara Hernández

portavoz de Drago Canarias en La Palma