AMEC presenta alegaciones sobre la creación y regulación del Consejo de Estudiantes de Canarias
“La legitimidad de la lucha estudiantil siempre estará en la asamblea estudiantil democrática y participativa”
La Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC), grupo estudiantil mayoritario de la Universidad de La Laguna, remitió a Soledad Monzón Cabrera, consejera de educación del Gobierno de Canarias, y a Ciro Gutiérrez Ascanio, director general de universidades, además de por el procedimiento telemático preceptivo, sus alegaciones sobre la creación del Consejo de Estudiantes de Educación Superior de Canarias. 
El documento presentado por el colectivo estudiantil lagunero señala, de forma general, una serie de consideraciones sobre el borrador presentado desde el Gobierno de Canarias, subrayando la necesidad de discutir el texto de una forma que permita “participar abiertamente al alumnado” y que el debate sobre el mismo “no se desarrolle de espaldas a la comunidad estudiantil”. Por otra parte, desde AMEC, pese a que los informes emitidos y los acuerdos del Consejo no serán vinculantes, manifiestan su “total reserva con este tipo de órganos” y declaran que “la legitimidad de la lucha estudiantil siempre estará en la asamblea estudiantil democrática y participativa, ya sea desde espacios de carácter corporativo o desde el asamblearismo estudiantil autónomo”. De esta forma, el estudiantado organizado deja claro que “la legitimidad estudiantil no puede ser absorbida por este tipo de órganos, que tienden a minimizar la contestación y la crítica del movimiento estudiantil”.
Centralidad de lo público
En relación a la participación en este órgano de los centros de educación superior privados, AMEC reclama “centralidad y peso político para los centros públicos”, puesto que el Gobierno de Canarias y la Consejería de Educación “deben privilegiar la voz de los centros que formativamente obedecen al interés general de los canarios y canarias”.
Correcciones al articulado
La asamblea estudiantil trasladó también una serie de correcciones al articulado del borrador; correcciones que van en línea con la defensa de la participación paritaria, la referida centralidad de los centros públicos, o la defensa de principios de igualdad y justicia.