El bolígrafo rojo

Como no puedo sentir al Partido Socialista como algo ajeno, he sentido vergüenza propia al saber del concierto alcanzado entre  Clavijo y Casimiro y Ángel Víctor para amordazar a los diputados  (y, por tanto, al Parlamento) durante la votación sobre las nuevas incorporaciones al Consejo de la televisión autonómica.

Una mordaza y una (otra) humillación al PSOE y a sus votantes

Desde que el régimen parlamentario existe, los jefes de filas de los grupos políticos han ido inventando trucos para asegurar la disciplina de voto. Al fin y al cabo, sin una cierta unidad de  acción de los parlamentarios de cada grupo la propia existencia y viabilidad de la forma parlamentaria de gobierno estarían constantemente en el aire.

Pero, como en la vida misma, todo tiene sus límites  más allá de los cuales el sistema se degrada y se debilita su legitimidad ante la sociedad.

Nuestra democracia es una democracia constitucional y de carácter esencialmente representativo. Todo ello significa que el ejercicio del poder  y la aplicación de la regla de la mayoría están sometidos a límites.

Significa también que esos límites están definidos jurídicamente a través de normas que no pueden ser modificadas por el mismo procedimiento que se utiliza para aprobar o revisar las leyes ordinarias. Simplemente porque esos límites fijan las reglas del juego político, los derechos individuales y las garantías de las minorías frente al poder de la mayoría.

Está prohibido el mandato imperativo sobre los cargos públicos representativos. De forma que ni los propios votantes que les han elegido pueden darles instrucciones vinculantes. Tampoco los partidos.

En la vida  política hay un forcejeo constante entre la realidad del poder y su genética tendencia a la extralimitación y los límites establecidos por el Derecho. Estos límites son de naturaleza formal, procedimental, porque no hay otra forma de establecerlos técnicamente.

Pero no son formas asépticas ni frías. Tienen carácter de instrumentos al servicio de los valores políticos en los que se asientan una sociedad pluralista y democrática y el ejercicio del poder, así como las relaciones entre los gobernantes y los ciudadanos.

En muy pocas ocasiones se produce una violación tan patente, grave y  flagrante de las reglas de la democracia parlamentaria como la que se produjo -y para la que se concertaron el gobierno, la dirigencia de tres partidos,  las de sus grupos parlamentarios  y hasta la propia Mesa de la Cámara- la semana pasada para sacar adelante  “como fuera”   (que diría Clavijo)  las propuestas de  nuevas consejeras  del ente público de la RTV Canaria.

¿De qué se reían Manolo Marcos y Gustavo Matos enseñándole a Clavijo el bolígrafo rojo? Porque las risas de Clavijo se explican solas: por requetenésima vez le toma el pelo a los socialistas. Lo que tendría poca importancia si se lo tomara exclusivamente a los dirigentes del grupo parlamentario o del partido socialista.  Pero dejándose tomar el pelo así, con risitas y todo, permiten que toda la farándula del Régimen se burle una vez más de  todas las personas de esta tierra nuestra que convirtieron al PSC-PSOE en primera fuerza política en las elecciones autonómicas de 2015. Y eso ya son otros lópeces.

Lo del bolígrafo rojo, adobado con la orden de enseñarle el voto  ¡a Clavijo!!  antes de depositarlo en la urna y con el recuento efectuado por la Mesa (separando en tonguitas distintas los marcados con tinta roja, verde y azul)  es un ataque  asqueroso a la dignidad de los diputados y diputadas  y a su condición de representantes de la ciudadanía. Y una maquinación pensada, acordada y ejecutada  para coartar la libre emisión del voto en una elección que, además y  por imperativo legal, debe ser secreto.

¿Había, por cierto, alguna circunstancia que explicara todo esta agresión a un parlamentarismo mínimamente homologable, todo este alarde del peor aparatismo? ¿Alguna razón que sirviera para explicarlo políticamente o para justificarlo jurídicamente? ¿Estaban, por casualidad, en juego el autogobierno del Archipiélago o la defensa de sus Instituciones o de su ámbito competencial? ¿El fortalecimiento o la universalidad de los servicios públicos esenciales? ¿La protección de los recursos naturales o de la riqueza biológica de las Islas?

Nada de eso. Sólo el mantenimiento de esa finca propagandística y decadente  de Coalición Canaria: la tele autonómica que pagamos todos. Y esa obsesión mediocre de algunos dirigentes del PSOE de “tocar poder”, al precio que sea.

Es un allanamiento de la Institución parlamentaria, efectuado por quienes tienen el deber primordial de defender el prestigio del Parlamento,  que ostenta la representación del pueblo canario.

Y para redondear el estropicio, el secretario de organización de la Ejecutiva de Ángel Víctor, Jorge González Cabrera anuncia a los cuatro vientos  rayos y centellas sobre él/la indisciplinado, protagonizando un caso de metamorfosis política y orgánica  que debería pasar a los manuales. Es el mismo Jorge al que muchos defendimos, como a los socialistas palmeros, cuando se negaron a aceptar una humillación en el Cabildo de La Palma  prácticamente calcada a la que él ha intentado imponer a todo el Grupo Parlamentario.

Deben saber -y si no lo saben que alguien se los explique, por ejemplo Gustavo Matos- que se están moviendo en una zona minada. Que los artículos 171.1 y 498 del Código Penal no pueden ser tachados con el boli rojo.  Ni con las risitas bobaliconas con las que le hacen ojitos a Clavijo.

 

Santiago Pérez