El STEC-IC rechaza “la farsa” de la negociación para los presupuestos

La recuperación de derechos en 2019 podría quedar en “papel mojado” por la falta de compromiso del Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha mostrado una vez más su cara más autoritaria al saltarse el reglamento de la Mesa General de Empleados Públicos para imponer sus presupuestos con el único apoyo de los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF cuya representación, entre los tres, no llega al 40 por ciento. De nada ha servido que Intersindical Canaria (de la que forma parte el STEC), como organización mayoritaria, denunciara la falta de voluntad negociadora demostrada por la Administración que llegó al extremo de ocultar los datos generales del presupuesto solicitados por Intersindical Canaria, datos como la previsión del PIB para 2019, cuantía total de los presupuestos de Canarias, qué parte del mismo destinarán a servicios públicos esenciales (Sanidad, Educación, Servicios Sociales) o si el presupuesto educativo alcanzará el 4 por ciento del PIB como pide toda la comunidad educativa.

Para el STEC-IC, esta forma de proceder es absolutamente inadmisible y demuestra el escaso respeto que el Gobierno de Canarias y los sindicatos afines a su política sienten hacia las empleadas y empleados públicos y hacia sus representantes legítimos. Prueba de ello es que el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, que debía haber presidido la mesa, no solo no compareció sino que envió subordinados de su consejería, que a juzgar por el resultado de la reunión, traían instrucciones precisas para que no se modificara ni una coma en el documento objeto de “negociación”. Sin embargo, el Consejero, no tuvo el menor reparo en reunirse días antes con las organizaciones minoritarias para llegar a un acuerdo que, en la práctica, servirá de coartada al gobierno para no cumplir con los compromisos del propio acuerdo y eludir su obligación de devolver los derechos sustraídos a los empleados públicos. 

Entre las medidas contenidas en el Anteproyecto de Ley de Presupuestos, destacan el retorno a las 18 horas para el profesorado de secundaria y otros cuerpos, o la eliminación de los descuentos por enfermar. Sin embargo, ambas medidas tienen truco puesto que la recuperación de las 18 horas no está garantizada ya que dependerá de que el Gobierno de Canarias pueda gastar el superávit de ejercicios anteriores, algo que difícilmente autorizará el Gobierno Central y la UE que todavía mantienen fiscalizadas las cuentas de las comunidades autónomas. Por otra parte, al haberse saltado la negociación en la Mesa Sectorial de Educación, no está claro si recuperaremos las 24 horas de permanencia o seguiremos con las 26 actuales. En cuanto a los descuentos por enfermar, si bien es cierto que desaparecen, no lo harán hasta enero pese a que en muchas comunidades se ha dejado de aplicar desde hace meses. Además, será sustituido por un nuevo sistema de control del absentismo con la única finalidad de seguir penalizando económicamente a quienes tengan la mala suerte de enfermar.

Por otra parte, el acuerdo – más bien coartada-  elude recuperar o mejorar otros derechos que el estado ha dejado a criterio de la negociación colectiva en las comunidades autónomas. Es el caso del horario lectivo del cuerpo de maestros, ratios, recuperación del poder adquisitivo, incremento del complemento específico de las pagas extra hasta el 100% de su importe mensual –actualmente está en el 78%- o la incorporación de los nuevos complementos por coordinaciones de TIC, Prevención de Riesgos Laborales y convivencia así como el incremento del 5% del complemento por cargos directivos. Todavía peor es el hecho de que tanto las retribuciones como las plantillas puedan sufrir recortes para garantizar la estabilidad presupuestaria, o que el gobierno pretenda autorizar que la Inspección General de Servicios –médicos de empresa- puedan acceder libremente a las historias clínicas de los empleados públicos con afán puramente fiscalizador contraviniendo flagrantemente la Ley Orgánica de Protección de Datos y el RD-Ley 5/2018 que la desarrolla.

Según parece, para los firmantes no importan ni las retribuciones de los empleados públicos, ni la recuperación del poder adquisitivo, ni la estabilidad laboral, ni derogar las suspensiones de pactos, acuerdos y convenios, ni la acción social. Tan solo les importa salir bien en la foto con el gobierno.

El STEC-IC ha exigido que se elimine del texto cualquier condicionante que vincule dichas medidas al cumplimiento de los objetivos de déficit, techo de gasto o estabilidad presupuestaria. Es inaceptable que la estabilidad presupuestaria se garantice a costa de los derechos laborales mientras el Gobierno de Canarias vuelve a obsequiar con rebajas fiscales a las grandes empresas y a las mayores fortunas de Canarias.

En resumen, el STEC-IC rechaza este Anteproyecto que, constituye una imposición, mantiene secuestrada la negociación colectiva que debería haberse producido en las Mesas Sectoriales, nace condenado a convertirse en papel mojado y sigue manteniendo recortes de derechos laborales y sociales.

Secretariado Nacional del STEC-IC