La Asociación Patrimonial Samara y el colectivo Imastanen presentarán un manifiesto conjunto ante el alarmante estado de desprotección del patrimonio indígena canario

El documento, apoyado por multitud de colectivos e individualidades de las islas, exige el cumplimiento estricto de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias

Denuncian una «crisis y destrucción» de vestigios materiales guanches, especialmente grave en Tenerife, provocada por la inacción política y la falta de educación patrimonial

La Asociación Patrimonial Cultural SAMARA y el colectivo Imastanen han anunciado la entrega formal ante la administración pública, de un manifiesto conjunto en defensa de la memoria histórica de las islas. Esta iniciativa surge para denunciar públicamente el abandono institucional y exigir, de manera urgente, que se ponga fin a la impunidad y se haga cumplir la legislación vigente en materia de protección histórica.

El manifiesto, promovido inicialmente por ambas organizaciones, ha sumado ya la adhesión y el respaldo de numerosos colectivos sociales, asociaciones culturales, representantes del ámbito académico e individualidades vinculadas directamente con la defensa del patrimonio a lo largo de todo el archipiélago. Con esta unión de fuerzas, los firmantes buscan conformar un frente común que actúe como “palanca de acción” frente a la ineficiencia administrativa que amenaza la pervivencia de nuestro legado ancestral. Un legado irremplazable que es la huella viva de una cultura única e incomparable, la cual, aún maltrecha tras siglos de alienación y  expolio,  constituye la piedra angular  de la identidad canaria.

Una crisis patrimonial agravada por la inacción pública

Las asociaciones convocantes alertan sobre la terrible situación de vulnerabilidad que padece el patrimonio indígena en todo el archipiélago. En toda Canarias el patrimonio se desmorona, pero hay lugares donde la piedra antigua llora aún más caladamente. Islas donde ni tan siquiera se cuenta con un centro de interpretación en condiciones. Denuncian de forma directa la desaparición continua de vestigios materiales indígenas, una crisis que consideran consecuencia directa de una nefasta gestión pública y de una absoluta falta de compromiso político.

Según exponen los colectivos, existe un incumplimiento reiterado de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, una norma que en la práctica se ha convertido en un «fantasma» que nadie hace cumplir por parte de los ayuntamientos. Critican con dureza la falta de rigor, la nula coordinación y la total desidia de los responsables políticos de todos los colores y tendencias, quienes recurrentemente se escudan en la «falta de recursos» o el «interés general» para justificar la inacción cuando se trata de prevenir atentados sobre yacimientos o de poner freno a la especulación en zonas arqueológicas catalogadas, entre otras muchas situaciones alarmantes que comprometen gravemente espacios de altísimo valor cultural y científico.

A esta problemática institucional se suma un factor social preocupante: el auge de malas prácticas promovidas en redes sociales durante los últimos años. Las organizaciones señalan que estas conductas vandálicas o negligentes prosperan debido a la alarmante ausencia de campañas de educación patrimonial dirigidas a la ciudadanía por parte de las administraciones. Se destinan millones a proteger y restaurar bienes arquitectónicos de época colonial, mientras  el patrimonio indígena sigue sufriendo un abandono evidente. Todo el patrimonio histórico debería merecer la misma atención y respeto.

Resumen de las demandas principales

El manifiesto que ya fue presentado mediante registro ante las autoridades regionales, (la Dirección General Cultura y Patrimonio Cultural dependiente de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural perteneciente a la Consejería de Universidades, Ciencia e innovación y Cultura)  recoge un abanico de exigencias de urgencia, entre las que destacan:

– Exigencia de cumplimiento legal:

Solicitar formalmente al Gobierno de Canarias que ejerza su papel de garante y obligue a todas las corporaciones locales de las ocho islas a acatar de forma rigurosa la Ley de Patrimonio Cultural.

– Justicia patrimonial:

Paralizar de inmediato la destrucción de bienes etnográficos y elementos indígenas, impidiendo que los restos arqueológicos sigan siendo víctimas de la constante destrucción y vandalización que ahora sufren.

– Protección del legado arqueológico y etnográfico:

Frenar la concesión de licencias de derribo de arquitectura tradicional, conservar diferentes elementos etnográficos como eras, molinos o cabañas ganaderas y dotar de protección real a estos espacios que mantienen viva la huella y tradición de nuestros antes. Es especialmente grave la desatención que sufren los bienes de época indígena que se están perdiendo en silencio, entre otras cosas debido a la falta de cumplimiento legal de muchos municipios, que siguen sin actualizar sus catálogos.

– Presión institucional:

Forzar la toma de medidas inmediatas ante una situación de emergencia en la que, cada día que pasa, se pierde un legado material e inmaterial irrecuperable.

Voluntad de diálogo frente a la destrucción

A pesar de la contundencia de nuestras denuncias, los firmantes del manifiesto recalcan que esta acción no busca el enfrentamiento estéril, sino el inicio de una solución coordinada. Por ello, reiteran su firme voluntad de continuar creando espacios de diálogo, debate y colaboración estrecha con las autoridades competentes de las diferentes administraciones locales canarias.

«El patrimonio no espera», recuerdan los promotores de la iniciativa. Los colectivos sociales y culturales de las islas están decididos a mantener la presión institucional hasta asegurar que el legado de los antiguos canarios deje de ser tratado como un elemento prescindible y reciba la dignidad y la protección que la ley y la historia le otorgan.