La educación en los centros penitenciarios de Canarias
La Constitución española de 1978, en el artículo 25.2, indica que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzado”
Partiendo de la Constitución, debemos tener en cuenta que la finalidad de la cárcel es la reinserción del preso y que la educación es un factor de primer orden en ese objetivo, además la educación presencial permite la socialización del alumnado, recluido en celdas que a la postre potencian en individualismo y la soledad. Para llevar a cabo esta labor educativa, en las cinco prisiones canarias existen cinco Aulas Adscritas de Personas Adultas (AAPA) que dependen de diferentes Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Canarias, pertenecientes a la Consejería de Educación: Tenerife II; Las Palmas I, Las Palmas II, Lanzarote y La Palma.
Los docentes que imparten clases en estos establecimientos penitenciarios reclaman mejoras y aumento de recursos, como contar con una fotocopiadora y multicopista adecuadas, fibra óptica o conexión con mayor celeridad para gestiones burocráticas como la matrícula o las notas, materiales reprográficos, acondicionamiento de aulas y mobiliario que no están en buen estado debido al uso prolongado de muchos profesionales, incluidas diversas ONG que ayudan a la población reclusa, o personal de administración y servicios .
Es perfectamente comprensible que buena parte de los internos no se encuentren en las condiciones adecuadas para mantener la constancia que los estudios requieren. Suelen ser personas con carencias en formación y problemas de concentración, son padres y madres en un porcentaje alto, están en circunstancias en las que no es fácil poseer el orden y la fuerza mental para seguir estudios reglados; de ahí la importancia de contar con la equipación adecuada en los espacios de enseñanza-aprendizaje y con un profesorado que tenga profesionalidad, compromiso y una clara vocación que estimule a un alumnado que posiblemente tenga traumas de difícil solución pero que pueden atenuarse, o incluso superarse, con la ayuda de los docentes.
Puesto que asiste a buena parte de la población reclusa el derecho a la educación a lo largo de la vida, el Estado tiene la obligación de ofertar un conjunto de enseñanzas formales que comienza con la Formación Básica Inicial (FBI) para personas carentes de estudios primarios. Una vez concluida, permite el acceso a la Formación Básica Postinicial (FBPI) que, de ser terminada con éxito y aprobarse los 4 cursos, conduce a la obtención del título de graduado en la ESO. También se oferta el Bachillerato de Personas Adultas e inglés a distancia.
Pero existe, a mi juicio, una carencia muy llamativa en los planes de estudios, la de módulos de Formación Profesional puesto que es el mejor conjunto de enseñanzas que puede aprovechar el alumnado de estos centros ya que con ellas aprenden destrezas, habilidades y conocimientos mucho más prácticos, que permiten el acceso a un empleo cualificado una vez cumplan la condena para retornar a la vida social. Solo el centro penitenciario Las Palmas II imparte el módulo de cocina de ciclo medio. La Consejería de Educación, de la mano de Instituciones Penitenciarias, debe ampliar la oferta a nuevos módulos (Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas o fotovoltaicas; Producción de semillas, plantas de viveros, jardinería o forestal; Cocina, restaurante, bar, etc.) que completen un mapa que se ajuste a las necesidades y demandas del alumnado.
Además, el currículo de la FBI y de la FBPI debe tener suficiente flexibilidad y debe incluir la Educación Emocional para la gestión de emociones y sentimientos y la Educación en Valores para potenciar la parte más colaborativa, empática y altruista del ser humano que coadyuven a una reinserción social que deje poco espacio a la vuelta a la delincuencia y mucho a una inclusión nada traumática. La ética y los valores deben tener un papel descollante en el currículo, así como las enseñanzas que potencien la reflexión y la resiliencia que permitan superar los numerosos traumas que pueda tener una persona recluida por la comisión de un delito, carente muchas veces de la autoestima suficiente como para encauzar su vida por nuevos derroteros.
Al profesorado de estos centros dependientes de la Consejería de Educación se les debe ayudar en todo cuanto precisen puesto que su labor, aparte de admirable, es muy compleja. Cuentan con pocos recursos, no tienen Personal de Administración Servicios propios, necesitan el reconocimiento social que merecen y deben tener continuidad y estabilidad en so labor. Tienen toda nuestra estima y nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan y por la indudable vertiente vocacional que estos puestos singulares requieren.
El Consejo Escolar de Canarias, en su informe sobre la realidad educativa de 2022, recomienda que estos centros cuenten con equipos directivos propios y completos, no solo la Jefatura de Estudios Adjunta que ahora tienen y que está desbordada por los trámites de índole burocrática que conlleva tener alrededor de 450 alumnos/as en los centros de las islas capitalinas. Establecer estos equipos directivos supone otorgarles la auténtica dimensión que realmente tienen.
Creo que contar con más recursos materiales y humanos en educación, favorecerá la reinserción y la integración en la sociedad. Muchos deben tener otra oportunidad.
Gerardo Rodríguez
miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC