IPST: ¿herramienta para el pueblo o para el capital?

Sara Hernández, portavoz de Drago La Palma

Este mes me apetecía aprovechar este espacio para hacer algunas reflexiones sobre el Instrumento de Planificación Singular Turística (IPST) de Puerto Naos.

Si vives en La Palma, probablemente ya viste esas surrealistas simulaciones que presentó hace un mes el Cabildo sobre el futuro de Puerto Naos, que parecían más un escenario posapocalíptico de The Last of Us, donde la vegetación se ha comido la ciudad, que una imagen pensada para vender un proyecto turístico.

Parece que el ejecutivo insular piensa que llenar de plataneras o de plantas una imagen promocional hace automáticamente que cualquier proyecto resulte menos controvertido o más atractivo para la población palmera. Como si el problema fueran los edificios y no el modelo de desarrollo que representan.

Pero si no vives en La Palma, te explico brevemente qué es eso del IPST. Es una figura creada por la Ley 14/2019, que sustituyó a la conocida como Ley de Islas Verdes. En esencia, es una herramienta excepcional diseñada para facilitar y acelerar proyectos turísticos que las instituciones consideran estratégicos para la Isla, estableciendo directamente cómo se desarrollarán determinadas zonas del territorio.

Sobre el papel, no parece una mala idea. De hecho, una herramienta de este tipo podría utilizarse para impulsar proyectos de interés general —real—, corregir desequilibrios territoriales o favorecer actividades económicas que mejoren la calidad de vida de la población. El problema es quién decide qué es estratégico y quién acaba beneficiándose de ello. Y precisamente de eso quería hablar aquí.

¿Quién está decidiendo el futuro de Puerto Naos?

A menudo, el debate se plantea de forma binaria: hoteles sí u hoteles no. Sin embargo, y por mucho que a algunos les interese imponer esta visión simplista, la cuestión de fondo es mucho más compleja. Lo que se está planteando en Puerto Naos no es únicamente la construcción de nuevos establecimientos turísticos, sino una transformación profunda de una parte importante del litoral palmero y del futuro económico de la zona, y sobre todo, de la vida de sus habitantes.

Estamos hablando de un proyecto que prevé triplicar en camas turísticas a la población de Puerto Naos y creo que una actuación de esa magnitud, que puede modificar inevitablemente la naturaleza de cualquier comunidad, debería abrir un debate profundo sobre qué modelo de territorio se quiere construir, ¿no?

Pero… ¿Alguien sabe qué opinan las vecinas y vecinos de Puerto Naos sobre el futuro de su barrio? ¿Qué modelo económico desean? ¿Qué preocupaciones tienen? ¿Qué alternativas proponen? Porque cuando hablamos de un proyecto capaz de alterar durante décadas la vida cotidiana de un barrio y de su gente, la participación no debería limitarse a la presentación de alegaciones sobre un documento ya redactado. Debería formar parte del propio origen del proyecto.

Da la sensación de que las preguntas que más preocupan a quienes lo promueven son cuántas camas turísticas se crearán y cuánta inversión atraerá. Mucho menos —o nada— presentes están cuestiones como qué impacto tendrá sobre el acceso a la vivienda, la convivencia, el comercio local o la propia identidad de Puerto Naos. En definitiva, si seguirá siendo un lugar pensado principalmente para hacer vida o si acabará cada vez más orientado a satisfacer las necesidades de quienes vengan de fuera.

¿Para quién se está planificando Puerto Naos?

El presidente del Cabildo de La Palma repite en cada declaración que este no es el modelo turístico de otras islas. Pero la verdad es que cuesta identificar las diferencias, porque si la actividad sigue dependiendo de grandes cadenas hoteleras, turoperadores internacionales, financiación externa y decisiones empresariales tomadas lejos de La Palma, ¿en qué se diferencia realmente de lo que ya conocemos? ¿Qué garantiza que los beneficios de esa actividad vayan a quedarse aquí y no a seguir el mismo camino que han seguido durante décadas en las islas vecinas?

A estas alturas resulta difícil seguir defendiendo el mantra de turismo igual a economía e igual a bienestar. Canarias lleva años batiendo récords de visitantes y de facturación turística mientras continúa encabezando indicadores de pobreza, precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda o bajos salarios. La riqueza crece, sí —aunque la mayoría no la veamos—, pero no lo hace la calidad de vida de quienes vivimos aquí. Numerosos estudios sobre territorios insulares apuntan precisamente a eso: cuando el control de la actividad económica queda fuera, una parte importante de la riqueza termina fugándose del territorio.

Mientras tanto, aquí lo que queda son los costes en forma de presión sobre la vivienda, aumento del valor del suelo, mayor demanda de infraestructuras, consumo de recursos, dependencia económica y vulnerabilidad frente a crisis externas.

Por eso hay una pregunta que sigue sin respuesta. Si el Cabildo va a generar enormes plusvalías urbanísticas mediante una herramienta excepcional como el IPST, ¿qué mecanismos existen para garantizar que esa riqueza revierta proporcionalmente en la población palmera? Porque si el territorio, el paisaje, el litoral, el agua y la propia planificación son recursos colectivos, cuesta entender por qué los beneficios terminan concentrándose siempre en tan pocas —y ajenas— manos.

Quizás esa sea la diferencia entre entender el turismo como un fin en sí mismo o entenderlo como una herramienta al servicio de la comunidad. Y precisamente ahí es donde merece la pena detenerse un momento, porque hay territorios que llevan años intentando responder a esa misma pregunta desde una perspectiva muy distinta a la que nos tienen acostumbrados en Canarias.

Otra forma de entender el desarrollo

Si algo tienen en común las propuestas que plantea la tríada CC-PSOE-PP para solucionar los problemas enquistados de La Palma es la receta de “más inversión, más visitantes y más crecimiento económico”. Sin embargo, otros territorios insulares llevan décadas explorando enfoques muy distintos.

Hace ya casi 35 años, Escocia creó la Highlands and Islands Enterprise (HIE), una agencia pública de desarrollo económico destinada específicamente a fortalecer las comunidades rurales e insulares del país. Su objetivo era combatir problemas como la despoblación, la fuga de jóvenes, la dependencia económica o la pérdida de control local sobre el desarrollo del territorio. ¿Les suenan de algo?

Para ello, en vez de limitarse a atraer inversiones, la HIE ha dedicado todos sus esfuerzos a impulsar proyectos comunitarios, emprendimiento social, apoyo a empresas locales y, especialmente, procesos de adquisición de tierras y activos por parte de las propias comunidades. Una estrategia que ha permitido aumentar la propiedad local sobre recursos y actividades económicas que antes dependían de actores externos.

En el fondo, detrás de estas políticas hay una forma muy distinta de entender el desarrollo. Frente a la obsesión de nuestro presidente del Cabildo y de su consejera de Turismo sobre cómo atraer más inversión externa, la de buena parte de las instituciones escocesas es cómo conseguir que la riqueza generada permanezca en el territorio y beneficie a quienes viven en él. Quizás por eso llevan más de tres décadas dedicando recursos públicos a fortalecer la capacidad de decisión de las comunidades, mientras aquí seguimos utilizando herramientas excepcionales para facilitar proyectos diseñados desde arriba. ¿Ven la sutil diferencia?

La decisión sigue siendo nuestra

Desde Drago La Palma creemos que el turismo solo tiene sentido si funciona como una herramienta al servicio de la comunidad y no al revés. Eso implica analizar seriamente la capacidad de carga del territorio, abrir procesos reales de participación ciudadana y explorar fórmulas que permitan que una parte significativa de la riqueza generada se quede en la isla.

No le compremos a Coalición Canaria el debate estéril de desarrollo sí o desarrollo no. El verdadero debate es si las herramientas excepcionales de planificación se van a utilizar para democratizar la riqueza que genera el turismo o para acelerar una nueva transferencia de territorio, recursos y valor colectivo hacia cada vez menos manos.

Puerto Naos puede convertirse en un nuevo capítulo de dependencia o en una oportunidad para demostrar que otra forma de planificar nuestra tierra es posible.

Lo bueno es que todavía estamos a tiempo de elegir.

Sara Hernández

portavoz de Drago La Palma