La oposición pide un Pleno extraordinario para tratar el problema de las microalgas

Quieren que el Ayuntamiento solicite el inmediato restablecimiento de la Directriz 85, derogada por la Ley del Suelo, que determina el carácter preferente de las infraestructuras que tienen por objeto actuaciones de carácter ambiental y en especial las de depuración y tratamiento de residuos, la depuración, el saneamiento y los vertidos

Los grupos de XTF-NC, Unid@s Se Puede, y los concejales del PSOE que no están en el Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna solicitarán la convocatoria de un Pleno Extraordinario para debatir sobre la gestión de la Administración ante la crisis de las microalgas.  

Los concejales firmantes de la solicitud quieren que el Ayuntamiento exija que se asuman responsabilidades políticas por parte de Coalición Canaria (CC) dada la incapacidad demostrada y los incumplimientos constantes de la legalidad en materia de tratamiento de aguas residuales desde las presidencias del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife que ha desempeñado ininterrumpidamente, creando una situación insostenible desde el punto de vista medioambiental que constituye una seria amenaza para la calidad de vida de los canarios y puede poner en riesgo el futuro de la economía de las Islas.

Además piden que el Ayuntamiento de La Laguna solicite al Parlamento de Canarias y a todos los Grupos parlamentarios el inmediato restablecimiento, a través del procedimiento legislativo de urgencia, de la Directriz 85, de la Ley de Directrices de Ordenación General recientemente derogada por la Ley del Suelo, que determina el carácter preferente de las infraestructuras que tienen por objeto actuaciones de carácter ambiental y en especial las de depuración y tratamiento de residuos, la depuración, el saneamiento y los vertidos.

La oposición recuerda que desde hace más de 50 días la opinión pública del Archipiélago vive con preocupación el fenómeno conocido como “microalgas”, una proliferación bacteriana que ha invadido amplias zonas del litoral de las Islas. La preocupación de la ciudadanía no ha hecho sino acrecentarse ante la falta de información de las autoridades autonómicas, insulares y municipales sobre el origen de dicho fenómeno y ante su nula capacidad de respuesta.

El Gobierno autonómico, con su presidente a la cabeza, ha oscilado entre el intento de silenciar el problema  –recurriendo a la consabida táctica de esconderse tras la imagen de Canarias como destino turístico– y el denegar machaconamente que los vertidos incontrolados de residuos constituyan un factor clave en el origen y desarrollo del boom de trichodesmium erythraeum”, señalan en el texto de la solicitud.

Y añaden: “La explicación de esta contumaz negativa es evidente: si los vertidos incontrolados actúan como nutriente de este proceso, todas las miradas se dirigirán al examen y la exigencia de responsabilidades por el calamitoso estado de la gestión de las aguas residuales en el Archipiélago”.

El presidente del Gobierno de Canarias ha patrocinado la derogación expresa de la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General (a través de la Disposición Derogatoria Única 1.c), de la Ley del Suelo.

Entre las directrices Derogadas figuraba la Directriz 85, Norma de Aplicación Directa, que establecía que la planificación y ejecución de las infraestructuras “deberá dirigirse, preferentemente, hacia: a) las infraestructuras que tienen por objeto actuaciones de carácter ambiental, el tratamiento de residuos, el saneamiento, la depuración y los vertidos” (Directriz 852.a), de cuyo incumplimiento sistemático durante tres lustros debería responder CC que ha hegemonizado el Gobierno de Canarias durante todo ese tiempo.

Por su parte, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, pretende zafarse de su responsabilidad, y la de los sucesivos Gobiernos insulares de CC, echándole las culpas a los Ayuntamientos tinerfeños por su mala gestión de las aguas residuales, contradiciendo de hecho la versión oficialista del Ejecutivo autonómico al relacionar los vertidos incontrolados de aguas residuales con la proliferación de “microalgas”. Relación establecida, por lo demás, por prestigiosas investigaciones científicas.

El presidente del Cabildo de Tenerife oculta deliberadamente que el Decreto 158/1994, de 21 de julio, que desarrolla la Ley 14/1990, de 26 de julio de Aguas de Canarias, transfiere gran parte de las competencias y funciones de la Administración Pública en la gestión de las aguas a los Cabildos insulares.

Dicha norma encomienda a los Cabildos promover la constitución de mancomunidades, consorcios y otras entidades similares entre los Ayuntamientos para mejorar la gestión de las aguas, singularmente en materia de saneamiento (artículo 2.A. 1.12), así como “velar por la calidad de las aguas” frente a las actividades de los entes y organismos titulares de instalaciones de depuración de aguas residuales”.

Las responsabilidades legales del Cabildo tienen su fundamento en las características del sistema hidrológico insular, cuya estructura no coincide geográficamente con las demarcaciones municipales, sino que está articulada en comarcas o cuencas hidrológicas que engloban a varios municipios.

Sin embargo, el debate está abierto sobre un tema de especial trascendencia para la vida de los canarios y para el futuro de Canarias como destino turístico de calidad, a pesar de los intentos de impedirlo por parte de los responsables de Coalición Canaria.

 ¿Pretende el Gobierno que los habitantes del Archipiélago nos resignemos y nos acostumbremos  a graves incumplimientos en Canarias de las normas medioambientales europeas que ya se han traducido en la tramitación de procedimientos sancionatorios por parte de las Instituciones comunitarias contra España?, se preguntan finalmente los solicitantes de este Pleno extraordinario.

 

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