Ya estuvo bueno de no poder vivir aquí

Dos titulares suelen entenderse mejor juntos, ¿verdad? Pues tres, ni te cuento.

En estos últimos días hemos podido leer en medios locales, por un lado, que “compradores extranjeros se hacen con 90.000 viviendas en Canarias en la última década” y que “la vivienda vacacional lidera la oferta alojativa de La Palma con un 52 %”, y por otro, que “la emancipación se desploma en Canarias: 20.000 jóvenes de las islas vuelven a casa de sus padres por el alquiler”.

Todavía hay gente que no ve la relación directa entre una cosa y la otra, así que aquí me tienen, intentando seguir haciendo pedagogía con este tema.

Hace casi un año, en el artículo “Más camas, menos hogares: el modelo que nos expulsa” ya advertía que este crecimiento desproporcionado de vivienda vacacional en la isla no era inocuo, que no era simplemente una forma más de diversificar la economía, sino un proceso que estaba desplazando a la población residente del acceso a la vivienda.

Hoy, los datos lo confirman con aún más crudeza.

La yincana de la búsqueda de vivienda en La Palma

A principios de marzo, en una consulta en uno de los principales portales inmobiliarios, había disponibles 21 viviendas para alquiler de larga estancia, a una media de 474 euros la habitación.

Un mes después, la oferta se había reducido a 14, con disponibilidad nula en Los Llanos de Aridane y Tazacorte, una opción en Santa Cruz de La Palma y Breña Alta o dos en Breña Baja y El Paso. Es decir, en los municipios donde se concentra el empleo y la demanda real de vivienda, prácticamente no hay oferta.

Dos semanas después, la oferta ya se limitaba a diez viviendas, únicamente cuatro en esta “zona central” de la isla, destacando un apartamento de unos 50 metros cuadrados en Los Llanos de Aridane a 850 euros.

La cantidad de personas cercanas que conozco y que teniendo trabajo fijo no están pudiendo emanciparse o vivir en un sitio medianamente decente sin tener que compartir con un rancho de gente es indignante. Por no hablar de personal sanitario o del campo de la educación que no está pudiendo aceptar sus plazas por la misma razón.

Y esto debería ser motivo suficiente para que quienes tienen competencias en este asunto estuvieran desde hace bastante tiempo removiendo cielo y tierra para dar soluciones a corto plazo para aliviar esta terrible situación.

El silencioso y continuo cambio de uso de la vivienda

Para entender lo que está ocurriendo no basta con mirar la falta de oferta o la subida de precios. La clave es quién tiene la vivienda y para qué se está usando, porque el problema no es que falten casas, es que muchas han dejado de estar disponibles para vivir. En los últimos años, una parte importante del parque residencial de La Palma no ha desaparecido, sino que ha cambiado de función.

Actualmente, en La Palma hay, declaradas, 2292 viviendas destinadas a uso turístico: 664 en Los Llanos de Aridane, 281 en Santa Cruz de La Palma, 229 en El Paso o 228 en Tazacorte, por nombrar estos municipios en los que, qué sorpresa, es donde menos oferta de vivienda se encuentra. Y este número no ha parado de crecer. En los últimos cinco años La Palma ha sumado más de 800 viviendas vacacionales nuevas que han salido del mercado residencial. ¿Pero qué más pasó en esos cinco años? Que el precio del alquiler en La Palma subió en torno a un 30 %. ¿Casualidad?

Este fenómeno no es nuevo ni exclusivo de La Palma. En el trabajo “Impacto del Turismo en el Acceso a la Vivienda en Canarias” —Sergio González Larraz, Universidad de La Laguna, 2024— se señala que el modelo turístico y la especulación inmobiliaria están directamente relacionados con el aumento de precios y las dificultades de acceso a la vivienda para la población local. En un territorio como Canarias, con suelo limitado y fuerte presión turística, cualquier vivienda que pasa al mercado vacacional deja de estar disponible para vivir, generando un impacto inmediato sobre la oferta y los precios.

A esto se suma quién controla ese parque de vivienda. En municipios como Tazacorte, casi un 16 % de las viviendas están en manos de grandes tenedores —persona física o jurídica con más de diez inmuebles—; en Breña Baja, más de un 11 %; en Los Llanos de Aridane, cerca del 8 %; en El Paso, alrededor del 5 %. Esto significa que una parte importante de la vivienda no responde a necesidades habitacionales, sino a decisiones de inversión y cuando esas decisiones se cruzan con un mercado turístico mucho más rentable y flexible, el resultado es un sistema que empuja en una sola dirección: menos vivienda disponible para vivir y más orientada a generar beneficios, eso sí, para unos pocos.

Dejar que esto pase también es una decisión política

Lo más indignante de todo esto es que la crisis de vivienda está afectando a la inmensa mayoría de la población palmera y no se está haciendo absolutamente nada para dar soluciones inmediatas. Nada para quienes hoy no pueden emanciparse, para quienes han tenido que volver a casa de sus padres, para quienes rechazan trabajos porque no tienen dónde vivir, para quienes se ven obligados a compartir vivienda sin quererlo o directamente a malvivir en condiciones indignas.

Pero esta no es una situación sobrevenida, lleva años gestándose y, tras tres años de legislatura municipal e insular, seguimos sin ver una sola medida que esté aliviando esta emergencia en el corto plazo. Lo que sí vemos son anuncios: compra de suelo, promociones futuras, planes a varios años vista… Medidas necesarias, sí, pero que no responden a la urgencia actual. Porque la gente no necesita una vivienda dentro de cuatro años, la necesita ahora.

Y lo más grave es que ya se podría estar actuando, porque los ayuntamientos tienen las herramientas. Por un lado, la Ley 6/2025 que regula la vivienda vacacional en Canarias permite a los ayuntamientos decidir dónde se puede implantar, en qué proporción y bajo qué condiciones, pudiendo limitar nuevas viviendas vacacionales en zonas saturadas, evitar su concentración y frenar que siga desplazando al alquiler residencial.

Además, podrían estar actuando directamente sobre los precios del alquiler. ¿Cómo? Mediante la declaración de zonas de mercado residencial tensionado que contempla la legislación estatal, una herramienta que se puede activar, entre otros criterios, cuando el coste de la vivienda supera el 30 % de la renta media de los hogares.

Pues bien, cruzando los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler con los de renta media del Instituto Canario de Estadística, todos los municipios palmeros con datos disponibles superan ese umbral, y sin contar suministros. Por poner algunos ejemplos: en Tazacorte el esfuerzo se sitúa entre el 44 % y el 46 %, en Los Llanos entre el 40 % y el 52 %, en Santa Cruz de La Palma entre el 36 % y el 46 %, en Fuencaliente en torno al 44 % o en Breña Alta sobre el 36 %.

Y no es una medida teórica, porque allí donde se ha aplicado los precios ya han empezado a bajar. En Navarra lo han hecho en torno a un 8 % y en Cataluña se han registrado descensos de entre un 3 % y un 6 %.

Por su parte, el Cabildo tiene también la competencia para controlar esta actividad persiguiendo la oferta ilegal y coordinando una respuesta insular, pero la realidad es que no se está actuando y el crecimiento de la vivienda vacacional se sigue aplaudiendo desde las instituciones como sinónimo de economía, aunque eso esté dejando a la población sin acceso a la vivienda.

Desde Drago La Palma exigimos que se pongan límites a la vivienda vacacional donde ya está generando un problema evidente, que se priorice el derecho a la vivienda frente a la rentabilidad turística y que se utilicen todas las herramientas disponibles para devolver viviendas al mercado residencial y garantizar algo tan básico como poder vivir en tu propia isla.

Ya estuvo bueno de no hacer nada. Ya estuvo bueno de no poder vivir aquí.

Sara Hernández

portavoz de Drago La Palma