Canarias: un frente amplio y una memoria demasiado corta
Llevo tiempo sin escribir un artículo. Me cuesta acercarme a la prensa canaria, especialmente a la que se presenta como de izquierdas. Hay un rechazo que nace del cansancio: leer las mismas declaraciones, los mismos entusiasmos ante cada acuerdo entre partidos y tan pocas preguntas sobre aquello que se ha dejado por el camino.
Ahora vuelve la unidad. Un frente amplio, una candidatura compartida, una nueva oportunidad histórica. Y vuelvo a preguntarme cuánto espacio queda para quienes tenemos memoria.
El 15 de octubre, Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar anunciaron su acuerdo para concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre bajo el nombre Unidad del Pueblo Canario. Sus prioridades declaradas son la vivienda, los servicios públicos y la defensa de los intereses de Canarias. Drago ha decidido presentarse por separado. Ese es el punto de partida. Lo demás exige algo más que reproducir el comunicado.
Se nos habla de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE como si esa ubicación estuviera garantizada por el nombre. Yo hace tiempo que tengo mis dudas. A veces me sale llamarlas la derecha del PSOE: cuando renuncian a transformar las relaciones de poder que decían combatir, cuando administran la resignación o cuando exigen obediencia a quienes les dieron su confianza para cambiar las cosas.
Es una valoración política. Y precisamente por eso hay que explicarla con decisiones concretas.
El PSOE tampoco puede quedar fuera de este examen. En 2019 formó Gobierno en Canarias con Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera. Hubo una responsabilidad compartida de gobierno; también debe existir una responsabilidad compartida a la hora de rendir cuentas. Quienes participaron en aquel acuerdo tienen derecho a presentar nuevas propuestas, y la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué pudieron hacer, qué hicieron y qué dejaron pendiente.
A Nueva Canarias le corresponde, además, explicar su propia trayectoria. En 2017, Pedro Quevedo aportó el apoyo decisivo para sacar adelante los Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy. La organización defendió aquel pacto por las mejoras que obtenía para las islas. Esa fue su justificación y debe recogerse. Pero el beneficio negociado para Canarias no elimina la discusión sobre el proyecto estatal que se estaba sosteniendo.
Por eso me cuesta aceptar que Nueva Canarias aparezca ahora como garantía indiscutible de renovación. Veo un dinosaurio político: una manera de entender el poder demasiado acostumbrada a negociar su posición dentro de lo existente. No es una cuestión de edad. Es una cuestión de prácticas, prioridades y capacidad para revisar el modelo económico del que dependen las islas.
Y aquí quiero detenerme en un episodio que algunas no hemos olvidado: el tren del sur de Tenerife.
El 24 de febrero de 2022, la Comisión de Transportes del Congreso debatió una proposición no de ley de Ciudadanos sobre el impulso del ferrocarril en Tenerife y Gran Canaria. Fue aprobada con modificaciones, mediante un texto acordado con el PSOE que instaba a mantener la colaboración con los cabildos e impulsar la financiación de esas infraestructuras según la disponibilidad presupuestaria y los acuerdos entre administraciones. Hablamos de una resolución de impulso político, no de una autorización de obras.
Unidas Podemos apoyó aquella iniciativa. Al día siguiente, Sí se puede denunció públicamente la contradicción: mientras la coalición insular se oponía al tren del sur en Tenerife, el grupo parlamentario lo respaldaba en Madrid. La discrepancia quedó escrita entonces. No es una interpretación construida años después para cuestionar un pacto electoral.
Un mes más tarde, Meri Pita explicó que se había trasladado una posición contraria al tren de Tenerife y, sin embargo, se había votado a favor. Denunció la falta de consulta y las dificultades para defender las iniciativas canarias dentro del grupo. Su testimonio señaló un problema que sigue siendo relevante: quién decide y cuánto vale la posición de quienes conocen el territorio cuando entra en conflicto con las decisiones de la dirección.
Para quienes defendíamos el no, aquello tenía consecuencias políticas. Habíamos dedicado tiempo a discutir un modelo de movilidad, a defender el territorio y a sostener una posición. Después descubríamos que esa posición podía desaparecer al llegar a Madrid.
También conviene recordar la trayectoria de Noemí Santana. Su anterior militancia en Nueva Canarias fue recogida por la prensa ya en 2015. Su trabajo como administrativa en Ferrocarriles de Gran Canaria entre 2011 y 2015 figura en información institucional. Son antecedentes públicos que ayudan a comprender que las relaciones entre estos espacios políticos vienen de lejos. No prueban, por sí solos, quién decidió aquel voto ni por qué.
La exigencia es que se explique cómo se adoptó la decisión, qué posición se recibió desde Canarias y por qué no se respetó. Una organización que pide confianza debe poder responder a esas preguntas sin convertir la discrepancia en deslealtad.
Ese antecedente importa ahora, cuando vuelve a prometerse una voz propia para las islas. La autonomía política se demuestra también cuando hay que sostener una decisión incómoda ante la dirección estatal.
La distancia de Drago respecto a esta confluencia debe analizarse en ese terreno. La formación ha defendido su candidatura propia con propuestas de decrecimiento turístico, diversificación económica, límites a la compra especulativa de vivienda y soberanía sobre las aguas. Alberto Rodríguez ha cuestionado tanto la autonomía del acuerdo como la trayectoria de Nueva Canarias y su posición ante el crecimiento turístico. Son sus argumentos públicos; merecen ser examinados, igual que los del resto.
Hay, por tanto, una diferencia política que no debería despacharse como una pelea de egos. Una coalición puede reunir muchas siglas y dejar sin resolver una pregunta decisiva: cuánto está dispuesta a cambiar el modelo económico de Canarias.
Presentarse por separado tampoco convierte automáticamente a Drago en una alternativa suficiente. Tendrá que explicar cómo se concreta el decrecimiento turístico, qué protección tendrán las personas que viven de ese sector y cómo se crearán otras oportunidades de trabajo. También deberá responder sobre los derechos de las mujeres. La coherencia se exige a todas las organizaciones.
Desde una mirada feminista materialista, este es el centro de la discusión.
Cuando hablamos de turismo, vivienda o transporte, hablamos de cómo se organiza la vida y de quién paga sus costes. De la camarera de piso que acaba la jornada con dolor. De la trabajadora que necesita enlazar guaguas para llegar a un empleo. De la madre que encadena el colegio, el centro de salud, el supermercado y los cuidados de una persona dependiente. De la mujer que necesita abandonar una relación violenta y no encuentra una vivienda que pueda pagar.
La desigualdad tiene una expresión concreta. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 difundida por el ISTAC, el 31,2 % de la población canaria estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. El 52,6 % de las mujeres no podía afrontar un gasto imprevisto, frente al 47 % de los hombres. Estas cifras deberían ocupar más espacio en las negociaciones políticas que el reparto de candidaturas.
El feminismo materialista obliga a mirar el trabajo remunerado y el que se hace sin sueldo, la propiedad, los ingresos y el tiempo disponible. Obliga a preguntar quién limpia, quién cuida, quién puede descansar y quién acumula patrimonio gracias al trabajo de otras personas.
También cambia la manera de evaluar una infraestructura. Ante el tren del sur debemos exigir una comparación pública y rigurosa de alternativas: coste completo, impacto territorial, población atendida, frecuencias, accesibilidad y conexión con los barrios y los servicios. El transporte debe servir para los desplazamientos cotidianos de la población, incluidos los cuidados. Esa evaluación no puede darse por resuelta con la palabra «sostenible».
La posición de Canarias en el exterior entra en esta discusión. Vivimos en un archipiélago atlántico cuya economía depende de conexiones, mercados y decisiones que desbordan nuestras instituciones. Una política con perspectiva geopolítica debe preguntarse dónde se decide la inversión, quién controla los activos y qué capacidad tenemos para orientar nuestra economía.
Pero esa mirada quedaría incompleta si atribuyera toda la responsabilidad a Madrid, Bruselas o al capital exterior. Las élites económicas locales y las instituciones canarias también toman decisiones. Defender Canarias exige examinar sus intereses, sus beneficios y sus responsabilidades.
Por eso no me basta una candidatura que invoque al pueblo canario. Quiero saber qué hará cuando los intereses de la población entren en conflicto con los de quienes obtienen rentabilidad del suelo, la vivienda o la expansión turística.
Y quiero saber qué lugar ocuparán las mujeres en esas decisiones. Qué compromisos habrá para redistribuir los cuidados, garantizar independencia económica, prevenir la violencia machista y ofrecer alternativas reales a las mujeres sometidas a explotación sexual. Con presupuesto, plazos y responsabilidades públicas.
La amenaza de la derecha y la extrema derecha exige una respuesta política seria. También exige que quienes se presentan como alternativa acepten el examen de su gestión y de sus pactos. La ciudadanía no les debe un cheque en blanco por ocupar una posición determinada en el mapa electoral.
A la prensa que se reconoce de izquierdas le corresponde preguntar con el mismo rigor. Recordar las contradicciones, contrastar las promesas y escuchar a quienes dejaron de sentirse representadas. Llamar histórico a un acuerdo el día de su presentación resulta fácil. Comprobar a quién sirve requiere bastante más trabajo.
Yo vuelvo a escribir desde ahí. Desde la memoria de lo que defendimos y de lo que después se votó. Desde una Canarias que necesita poder vivir de su trabajo sin perder su casa, su salud ni su territorio.
Quien quiera nuestro voto tendrá que explicar qué está dispuesto a cambiar y ante quién está dispuesto a sostenerlo.
Antonella Aliotti
Feminista Radical Antirracista
Defensora de la Casa Común
Activista de DDHH y Sociales