Las moratorias, las falsedades de Clavijo y los 500 millones

A finales de los años noventa del pasado siglo se extendió en el Archipiélago una amplia sensibilidad sobre el crecimiento turístico y sus consecuencias, junto a una elevada preocupación en torno a la protección del territorio y del medio natural. Tenía, entre otros precedentes, movilización social para salvar El Rincón (Tenerife) y Veneguera (Gran Canaria). También significativas manifestaciones en islas como Lanzarote reclamando la contención del modelo turístico. Y una de las propuestas centrales de aquel amplio movimiento social era el establecimiento de una moratoria en el crecimiento de nuevas plazas alojativas. En consecuencia, el Gobierno que presidí (1999/2003) tomó decisiones trascendentales en la apuesta por un desarrollo sostenible en las Islas y, en la definición de un modelo turístico contenido y con futuro.

Éramos plenamente conscientes de que para tomar decisiones sólidas y fundamentadas que tuvieran impacto real era preciso primero paralizar la concesión de licencias y los procesos urbanizadores para poder planificar; y abrir un periodo de amplia reflexión colectiva, con participación de universidades, ayuntamientos y cabildos, empresarios, sindicatos, colegios profesionales o colectivos ecologistas; así se hizo. Por eso, en primer lugar, aprobamos la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo en Canarias, que posibilitó extinguir la eficacia de los planes parciales que no cumplieron con los deberes urbanísticos y dio cobertura a desclasificar cerca de 300.000 camas sin coste alguno para el erario, entre ellas las 20.000 de Veneguera. Y que fue esencial para salvar este enclave de Gran Canaria de los proyectos de construcción planteados, situación que fue luego completada con la Ley 6/2003, de 6 de marzo, que declaró el barranco de Veneguera como espacio natural protegido.

Posteriormente, en abril de 2003, se aprobarían la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, por unanimidad del Parlamento. Entre sus objetivos se encuentra la necesidad de afrontar la cualificación desde la renovación de la planta alojativa y la modernización de las ciudades turísticas sin ocupar más territorio y privilegiando la calidad a la cantidad. Apostando por la diversificación de la oferta. Asimismo, la ley de las directrices incluía limitaciones cuantitativas al crecimiento alojativo y establecía criterios de calidad para ese crecimiento.

Cero euros en indemnizaciones a la moratoria 2001-2003

Esas normas fueron objeto de 14 reclamaciones judiciales. Tras los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS), todas las sentencias definitivas dieron la razón al Gobierno canario de entonces. De los 866,6 millones de euros reclamados, se indemnizó exactamente con cero euros. Por tanto, Clavijo y sus voceros mienten cuando tratan de asociar sentencias condenatorias a la moratoria 2001-2003. No las hubo. Defendimos el interés general y, legítimamente, particulares que se consideraron afectados recurrieron a los tribunales. Pero ganamos todas las sentencias.

Por tanto, la falsedad de Clavijo es desmentida por las 14 sentencias ganadas en el TSJC y el TS y por los propios documentos oficiales del Gobierno de Canarias. Así ocurre en la Adenda a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias del ejercicio 2025, firmada el 17 de julio de 2026. En ella se señala la previsión del pago por “sentencias relativas a la moratoria de construcción que estaban pendientes de reclasificación de suelo y fijación de indemnización, respecto al artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo”. Como ven, nada que ver con la moratoria de 2001 y 2003.

Igualmente sucede con la respuesta oficial de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, fechada el 28 de abril de 2025, a la solicitud de nuestra diputada Esther González en torno a la responsabilidad patrimonial devenida por la aplicación de la Ley 6/2001 y de la Ley 19/2003, así como de la Ley 6/2009. Es tan clara como tajante: “En cuanto a las indemnizaciones que se refieren a las dos primeras leyes (Ley 6/2001 y Ley 19/2003), todas las sentencias fueron desestimatorias por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad Patrimonial”. Señalando, por otra parte, que el Gobierno “trabajaba “en la ejecución de las sentencias respecto “al 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo”. Ley que generó efectos indemnizatorios, no las otras.

500 millones por la moratoria de 2009

Por tanto, las “indemnizaciones”, que por lo que sabemos ya se han pagado, se deben al incumplimiento del artículo 17.1 de la precitada ley 6/2009, aprobada por los grupos parlamentarios de CC y PP en solitario. Desconocemos las razones por las que ese gobierno no contestó las solicitudes de algunos promotores inmobiliarios que se acogieron a ese artículo 17.1, inacción de la administración que da origen a sentencias favorables a estos en los tribunales.

A partir de estas sentencias, el Gobierno ha llegado a una serie de Acuerdos extrajudiciales con 8 promotores dueños de las parcelas para pagarles una cantidad enorme de dinero, que puede estar en torno a los 500 millones de euros, aunque no lo sabemos con certeza, pues todo este proceso se ha realizado con total opacidad para la opinión pública.

Hay que recordar que las sentencias no plantean el importe de las indemnizaciones sino el cumplimiento del citado artículo 17.1 de desclasificación de las parcelas a rústico y negociar en su caso la indemnización a los promotores o, en su caso, optar la administración autonómica por la expropiación de dichas parcelas. La Adenda a la Cuenta General del ejercicio 2025 lo deja claro: “Las sentencias no condenaban a pagar, pero si a la aplicación del artículo 17.1, de cuya materialización se derivaría la correspondiente indemnización”.

Sin embargo, y con la información que hasta ahora tenemos, los Acuerdos extrajudiciales firmados por el Gobierno de Clavijo no parece que hayan defendido el interés general de la comunidad autónoma, sino que ha aceptado las peticiones de los promotores reclamantes.

Se puede calificar de “negocio redondo” para estos. Si un Acuerdo extrajudicial es una negociación entre los intereses de dos partes, el triunfo de los particulares es por goleada: se llevan en torno a 500 millones de dinero público, se quedan con las parcelas, que no son desclasificadas, y, asimismo, mantienen los derechos edificatorios de esos suelos. El problema, muy relevante, es que quien lo paga no son los miembros del Gobierno ni su presidente, es el conjunto de la sociedad canaria. Es a nuestra gente a la que se le van a detraer 500 millones de euros de las cuentas públicas de este año 2026 que bien vendrían para atender la sanidad, la educación o la dependencia, por solo hablar de estos servicios públicos fundamentales. Estos acuerdos no se pagan “con la pólvora del rey” sino con el dinero de todas y todos los canarios.

Y, además, el Gobierno lo ha hecho con una total oscurantismo y falta de transparencia y pretende darlo por cerrado. Desconocemos quién negoció, qué informes técnicos se utilizaron, qué cantidades reclamaba cada particular, qué valoraciones hizo la Administración y por qué se alcanzaron finalmente los acuerdos anunciados. Toda esta información ya la ha pedido el grupo parlamentario de Nueva Canarias y en cuanto la tengamos, si nos la dan, la haremos llegar a la opinión pública.

El presidente Clavijo falta a la verdad cuando dice que esta era la única solución posible a esas sentencias. Ya habrá tiempo de hablar de esto cuando tengamos toda la información. Además, en contra de todas las evidencias y testimonios de fuentes oficiales, sigue intentando achacar la responsabilidad de estas indemnizaciones a las leyes de moratoria de los años 2001 y 2003, no reconociendo que fue la ley 6/2009 la causante de este quebranto patrimonial para Canarias.

Nuevas limitaciones al crecimiento

Y, sobre todo, trata de trasladar a la opinión pública la idea de que no es posible moderar el crecimiento turístico, porque eso genera indemnizaciones y cuesta dinero. Aunque la historia demuestra lo contrario: las moratorias de 2001 y 2003 desclasificaron cientos de miles de camas (entre ellas las de Veneguera) y establecieron límites al crecimiento en los años siguientes sin que supusieran perjuicio alguno para las arcas públicas.

Ahora, casi treinta años después, vuelve a haber un movimiento social amplio favorable a establecer límites al crecimiento turístico y de atenuar las consecuencias negativas del modelo: dificultades crecientes en el acceso a la vivienda, colapsos de tráfico, problemas de saneamiento, mayor consumo eléctrico y de agua, afectación negativa en el comercio tradicional y en la vida cotidiana de los barrios… Con una opinión pública cada vez más crítica con sus ‘efectos colaterales’.

Y, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, seguimos defendiendo que la respuesta está en una imprescindible modulación del crecimiento turístico, estableciendo una moratoria; así como impulsando otras medidas, como la implantación de una tasa turística a quienes nos visitan, como existe cada vez en más destinos en el mundo. Pero este Gobierno circula por otro lado: niega la tasa y apoya nuevos macroproyectos y un crecimiento de visitantes sin límite. Poniendo en peligro el territorio, el medio natural y la convivencia. Las arcas públicas. Y el propio futuro del turismo.

 

Román Rodríguez

secretario nacional de Estrategias, Programas y Formación

de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc)