Se confirman 100 afectados canarios por implante de prótesis de cadera defectuosa

Son muchos más. El Gobierno de Canarias: no sabe, no contesta

El 10 de septiembre de 2010, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios quiso hacer llegar a los centros sanitarios de toda España una Alerta sanitaria a través de los puntos de Vigilancia de Productos Sanitarios de las CCAA. En dicha alerta se avisaba de que los sistemas de prótesis de cadera DEPUY ASR™ ARTICULAR SURFACE REPLACEMENT Y DEPUY ASR™ XL ACETABULAR fabricados por DePuy International Ltd. y distribuidos en España por Johnson & Johnson Medical Iberia, se aflojaban de manera considerable una vez implantados y podían desprender restos metálicos de la aleación cromo-cobalto a los tejidos circundantes a la prótesis ocasionando dolor o inflación. En dicha alerta se comunicaba también el cese de la implantación y la retirada del mercado de las mencionadas prótesis, dando las indicaciones pertinentes para que se contactara con los pacientes afectados al objeto de informarlos y proceder a su tratamiento, y en su caso a la sustitución de la prótesis defectuosa.

Hasta aquí lo que sabemos que se hizo. En Canarias sin embargo, no hay constancia de que se avisara a los pacientes afectados, y a finales de 2015 contactaron con esta plataforma varios afectados por esta prótesis defectuosa que no fueron avisados en ningún caso por el Servicio Canario de Salud ni por el especialista que los operó, debiendo enterarse por otras vías mucho tiempo después. A raíz de estas informaciones, desde la Plataforma por la Dignidad lanzamos la voz de alarma y presentamos escrito con fecha 18 de febrero ante el señor Roberto Moreno, Director del Servicio Canario de Salud. En el escrito de comparecencia poníamos en conocimiento del SCS el caso, pidiendo implicación e información relativa a este asunto. Queríamos saber el número exacto de pacientes que fueron implantados por el SCS con la prótesis de cadera defectuosa de la que informó en su día el Ministerio de Sanidad. Queríamos saber el número exacto de pacientes afectados por dichas prótesis que han sido avisados hasta la fecha por el SCS. Queríamos saber el número exacto de pacientes afectados por dicha prótesis y avisados de su defecto que han sido operados hasta la fecha por el SCS para proceder a la sustitución de la prótesis o tratamiento alternativo. Y queríamos saber si hay algún otro centro hospitalario en la Comunidad Autónoma al margen del Hospital Bellevue, en el cual hayan implantado estas prótesis defectuosas, y si así fuera, cuáles son y de cuántos pacientes se trata en cada caso.

Desde entonces hasta la fecha nada hemos sabido del Servicio Canario de Salud, nunca nos contestaron, ni citaron, ni comunicaron. Lo que sí tuvimos fue muchas llamadas de afectados por prótesis de cadera con muchos dolores y sufrimiento. Pacientes que habían visto la noticia en los medios y desde otras islas nos llamaban pidiéndonos ayuda y solución para sus padecimientos sin saber qué prótesis tenían puesta, y si era o no de las afectadas. Imaginen la impotencia por nuestra parte, desde Tenerife y con tan pocos medios, ante las llamadas desesperadas de pacientes afectados de otras islas.

Y el asunto parecía que quedaba ahí, en vía muerta, sin respuesta de la Consejería de Sanidad, temiéndonos que son muchos los pacientes no avisados que portan y sufren en la actualidad esta prótesis, sin demasiada capacidad de acción por nuestra parte más allá de la denuncia pública, lamentando la falta de todo mostrada por la Consejería que debe velar por la salud de los canarios. Y así han estado las cosas hasta que los días 14 y 15 de Abril de este año se celebra el primer juicio en las Islas Canarias relacionado con estas prótesis, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 del Puerto de la Cruz, en el que un canario, Juan Zerpa, demanda a la multinacional defendido por el bufete de abogados Emilio Ortiz Abogados (en la Península ya ha conseguido 4 condenas, una de ellas en firme, y en la actualidad también representa a otros afectados en las islas).

A dicho juicio son citados a declarar un apoderado de la empresa y el señor D. Enrique Álvarez, expresidente de Johnson & Johnson España. Ambos contestan con evasivas sin admitir ningún hecho. Se da la casualidad de que dicho señor Enrique Álvarez es el padre de familia que casi pierde la vida en el famoso tsunami de Thailandia de hace unos años y que dio lugar a la película “Lo Imposible”. En su defensa, la empresa trajo al juicio a técnicos de Johnson & Johnson que llegaron a afirmar que en el caso de Juan Zerpa la responsabilidad había sido del cirujano por acceder a explantar dicha prótesis. Cualquier argumento vale con tal de liberarse de la responsabilidad. En ningún momento mencionan que, además de las condiciones del afectado, para que el cirujano accediera a realizar dicha intervención tenía en su poder, igual que el afectado, una autorización concedida por la empresa Crawford España, la cual a su vez está contratada para aceptar o denegar dichas autorizaciones.

El afectado en este caso, Juan Zerpa, afirma y deja claro que los doctores que lo han intervenido no tienen ningún tipo de responsabilidad relacionada con dicha prótesis, ya que ellos también estaban convencidos de que en su momento, cuando fueron implantadas, era de lo mejor que había en el mercado. Lo que sí pudimos sacar en claro de este juicio, de la declaración del cirujano que intervino a Juan Zerpa en el Puerto de la Cruz, es que son 100 los pacientes implantados con anterioridad a septiembre de 2010 con la prótesis defectuosa de la que se alertaba. Esto es un dato cierto y probado, dado que así lo manifestó en sede judicial el mencionado facultativo. 

Son 100 afectados canarios operados e implantados con una prótesis defectuosa en el Hospital Bellevue del Puerto de la Cruz. 100 afectados que mucho nos tememos que no fueron avisados en su mayoría en 2010 y a día de hoy no saben nada, y sufren y padecen y ven mermada su calidad de vida. Pero son muchos más de 100, según nuestras averiguaciones, porque estas prótesis también fueron implantadas en otros hospitales de las Islas Canarias, en mayor número incluso que en el Hospital Bellevue.

Ante la gravedad de los hechos y la pasividad de la Consejería de Sanidad responsable última de todo lo que pasa, a principios de esta semana hemos acudido de nuevo a la sede del Director del Servicio Canario de Salud, y puestos al habla con su secretaria, la misma nos comenta en un primer momento que eso es cosa de las clínicas privadas, es algo que no compete al SCS. Cuando insistimos en que no es así, la secretaria aduce una agenda muy complicada del señor Director General, habiéndole sido imposible contestarnos ni darnos cita. Finalmente, ante nuestra insistencia y los avisos de la gravedad del asunto, visiblemente nerviosa, la secretaria accede a hablar con el Director General y llamarnos a lo largo de esta semana.

Lo último que hemos hecho ha sido acudir la Consejería de Presidencia y Justicia a poner una reclamación por la Ley de Transparencia, una ley que obliga a la Administración Pública Canaria a contestar en el plazo de un mes o a lo sumo dos a los ciudadanos que soliciten información no confidencial. En este caso ya han pasado más de dos meses y seguimos sin respuesta. Por desgracia no es la primera vez que nos pasa con las Administraciones Canarias. Todavía hoy esperamos respuesta de la Consejería de Asuntos Sociales que dirige la Vicepresidenta Patricia Hernández, mes y medio después de haber cursado nuestro escrito. Parece pues que estamos ante otra ley que no es más que un brindis al sol, una apuesta de cara a la galería para dar imagen de democracia a unas instituciones que siguen distando mucho de serlo de verdad. Pendientes estamos de poder contactar con Daniel Cerdán, Comisionado encargado de solucionar las incidencias de la Ley de Transparencia.

En este punto, consideramos importantísimo que esta denuncia y esta realidad se sepa y se divulgue, para que posibles afectados se enteren de lo que sucede y para presionar de paso a las Administraciones para que asuman la responsabilidad que les compete. A tal efecto comentar que el bufete de Abogados Emilio Ortiz están dispuestos a llevar de manera gratuita todos los casos que se presente en Canarias relativos a las prótesis defectuosas.

Dicho esto, agradecer a los medios de comunicación y particulares que se están haciendo eco de ese grave asunto, solicitando la colaboración e implicación de todos los sectores de la sociedad a los que pueda interesar la salud de todas estas personas, en una lucha que nos sobrepasa por momentos en la Plataforma por la Dignidad, por no ser expertos en la materia ni contar con autoridad ni cargo alguno para reclamar, más allá de la autoridad que nos confiere el llevar ya 6 años a pie de calle trabajando por los que menos tienen.

Un 19 de abril de 2016, en Santa Cruz de Tenerife. 

Plataforma por la Dignidad

_{Se adjunta Nota de Seguridad emitida en 2010 por el Ministerio de Sanidad:}