Sobre la reforma electoral canaria y otros asuntos

No es ningún secreto que la actual Ley Electoral en Canarias es injusta, poco proporcional y escasamente representativa de la voluntad popular, y por tanto antidemocrática.

Desde el foro ciudadano ‘Demócratas para el Cambio’ llevan ocho largos años promoviendo el debate para su reforma, por lo que recomiendo ‘empaparse’ del trabajo realizado por este movimiento que cada día tiene más apoyos, aunque todavía insuficientes para el mencionado cambio.

Sin ser un experto ni especialista en la materia, voy a compartir mi opinión por si les sirve para mejorar lo presente. Creo que Canarias debería tener una circunscripción única para elegir a sus representantes a los escaños del Parlamento, lo que acabaría con la llamada triple paridad, hecho único en Europa.

Además sería ideal pasar de los actuales 60 diputados, a 100 o incluso 120 diputados, y para que no produjera un incremento del gasto público y una sustancial subida de impuestos, habría que reducir a la mitad el actual coste por diputado, resolviendo así otro ‘problema’, a la vista del ciudadano de a pie, que percibe cómo sus representantes son unos privilegiados económicos en comparación con la mayoría de trabajadores, que ganan entre una y tres veces el salario mínimo interprofesional (un diputado cobra entre 50.000 y 100.000 euros brutos anuales, según la actividad que tenga).

Además, se debería eliminar, como digo, el tope electoral insular y reducir el autonómico al 3% (porcentaje que estaba en vigor hace 20 años).

Todo ello propiciaría la entrada de otros grupos y por tanto mayor pluralidad, a la par de un mejor servicio al ciudadano, y unos parlamentarios más apegados a la realidad de la mayoría.

Esta medida, junto a la realización de primarias abiertas y posterior listas electorales abiertas, para poder elegir y no sólo votar, reforzaría el concepto de unidad de las Islas, como un territorio que aunque dividido físicamente, a nadie se le escapa que la mayoría de los ‘problemas’ de cada isla son comunes a todo el archipiélago, teniendo a los cabildos para gestionar y mejorar las causas de idiosincrasia insular.

Esto no debe verse como algo negativo desde las llamadas islas ‘menores’ o ‘periféricas’, sino que precisa de una visión de conjunto, incluso que va más allá de este ‘simple’ tema, ya que caza con un debate mayor, de la propia reforma de la Constitución Española, para consensuar un nuevo modelo administrativo y territorial, que podría desembocar en una República Federal, donde incluso las Islas Canarias tuvieran un ‘statu quo’ diferente al actual. Cabe recordar la ‘Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales’ aprobada por la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960. Por tanto, Canarias, que actualmente es una tierra multicultural donde conviven cientos de nacionalidades diferentes, bien podría tener un encaje de ‘Estado Libre-Asociado a España’, dónde sumando la hipotética independencia del Sáhara Occidental, actualmente bajo ocupación marroquí, administraría unos recursos propios o podría suscribir soberanamente acuerdos con otros países como el mencionado ‘vecino’(por ejemplo en materia de pesca) mejorando la calidad de vida y reduciendo las actuales tasas de pobreza.

No quiero entrar en temas que ya es sabido que desatan la polémica, por los distintos intereses y pareceres que hay sobre el asunto, pero me van a permitir aportar un enfoque más, pues aún siendo deseable un ‘utópico’ futuro mundo sin fronteras, en el marco de este Estado Canario (o incluso se debe plantear ya), se debería tratar el espinoso tema de una LMAPA-POLÍTICO-AÑO-2021ey de Residencia, que pudiendo parecer una medida retrógrada o xenófoba, y que a todas vistas es ‘antipopular’, simplemente viene a tratar lo que se atisba ya como un problema de principal magnitud: la superpoblación de las islas, que actualmente está al límite de capacidad de carga del territorio (sin olvidar los más de 200.000 canarios que se encuentran por medio mundo principalmente por razones laborales) problema este que afecta a otros territorios insulares tanto en Europa como fuera de ella y que se ha traducido, por decirlo ‘grosso modo’, en que no se puede comprar una casa y obtener la residencia cualquier persona venida de fuera de las Islas, hecho que no puede dar lugar tampoco a la privación de otras libertades, como la libre circulación, o el acoger a migrantes por razones humanitarias.

Por supuesto, estos cambios pudieran producirse en un contexto internacional de acuerdos multilaterales, donde incluso se cuestionase paralelamente y de igual forma, la situación administrativa de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (que podrían integrarse en Marruecos), o Gibraltar (que podría integrarse en España), donde sus actuales habitantes se pronunciasen al respecto, pero donde, sobre todo, primara la justicia, el sentido común y no meramente los intereses económicos como hasta el momento.

Este cambio de la soberanía de Canarias, se traduciría en la praxis, en gestionar su propia Hacienda, pudiendo, por ejemplo, establecer una ‘ecotasa’ de un euro a cada turista que visite las islas, y son 13 millones al año, o decidir mediante consultas vinculantes sobre la implantación de energías renovables y favorecer el autoconsumo, o si quieren o no prospecciones petrolíferas en sus aguas. Resumiendo, simplemente se plantea lo que ya se da en otros territorios con características similares, y que ahora cobra más sentido si cabe, debido al incumplimiento sistemático de la aplicación de ’La Carta Magna’ y de que actualmente no se garantizan los derechos fundamentales recogidos en la misma.

Pasaríamos pues, a tener un modelo más sostenible, a la altura de una verdadera democracia, y realizando desde el reconocimiento, la razón y un enfoque de bien común, un reparo histórico, de enorme justicia social, que sin lugar a duda llevaría a España y Canarias a ser una referencia en la convivencia, ayudando a estabilizar y democratizar África y Europa.

 

 

 

Alejandro Hernández

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