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Canarias: 60 ayuntamientos cumplen con la Ley de Protección Animal

El Diputado del Común abrió una investigación de oficio para conocer el estado del cumplimiento de esta ley por parte de las administraciones públicas canarias

El Gobierno de Canarias y los Cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura también cumplen la Ley 8/1991, de 30 de abril, aprobada por el Parlamento de Canarias

La Diputación del Común abrió una investigación de oficio con el fin de comprobar el grado de cumplimiento, por parte de las administraciones, de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales, aprobada por el Parlamento de Canarias. Una acción motivada por las quejas recibidas en la Institución por las carencias que existen en algunas administraciones públicas canarias respecto a sus funciones en materia de protección y de bienestar de los animales domésticos, incluidos los de compañía, particularmente en la recogida de animales de compañía abandonados, o de animales silvestres sueltos.

La investigación, que fue dirigida a todas las administraciones públicas canarias con competencia en la materia, se estructuró en un total de 96 expedientes: 88 fueron dirigidos a los Ayuntamientos; 7 a los Cabildos insulares; y 1 a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, si bien en este último caso se recibió informe procedente de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dado que en el reparto interno de competencias ésta venía atribuida a la Presidencia del Gobierno.

Hasta hoy han respondido el Gobierno de Canarias, 5 cabildos y 60 ayuntamientos. Por lo tanto, se está a la espera de respuesta de 2 cabildos insulares y 28 ayuntamientos. 

De las 66 quejas cerradas, 61 lo fueron por reconocimiento favorable, dado que las administraciones consultadas acreditaron disponer de los medios necesarios para responder a las necesidades del servicio, ya fuera con recursos propios, mediante contratación externa, o por colaboración interadministrativa.

Otras 4 se cerraron por no existir irregularidad en la actuación administrativa objeto de la investigación. Se llegó a esta solución respecto a aquellos municipios que, si bien formalmente pudieran no cumplir todas las previsiones relacionadas con la recogida de animales, en realidad por su carácter rural y su escasa población, la suelta de algún animal doméstico, o la presencia de algún animal silvestre, podría ser resuelta con los recursos de los que disponen los vecinos en su actividad diaria.

Solo 1 de las 66 quejas cerradas se archivó por haber llegado al límite de nuestras actuaciones. También referida a un núcleo rural, de sólo 1.870 habitantes, en esta ocasión la respuesta ofrecida por la administración vino referida a una sola pare de las cuestiones que planteábamos en nuestra petición inicial. No obstante, resultó suficiente para conocer las carencias del municipio, lo que nos permitirá obtener las conclusiones precisas una vez finalice la tramitación de la totalidad de investigaciones incoadas a este respecto.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha mostrado su satisfacción porque la mayoría de las administraciones públicas cumplan con esta normativa, más teniendo en cuenta los escasos recursos con los que cuentan y los estragos causados por la pandemia. “Espero que los 28 ayuntamientos y los 2 cabildos que aún no han respondido, lo hagan de forma favorable hacia el cumplimiento de dicha Ley. El bienestar animal es una preocupación de la Diputación del Común, por lo que continuaremos trabajando para que se respete por parte de las instituciones”.

El buen ritmo de las respuestas recibidas por parte de las administraciones públicas canarias, permite pronosticar que la investigación se encuentra próxima a su fin. En caso de que en los expedientes que faltan por responder se detectara una falta de medios que impida su cumplimiento, desde la Diputación del Común se estudiaría la posibilidad de proponer la colaboración entre las administraciones, particularmente entre cabildos y ayuntamientos. De esta forma, se podría garantizar el cumplimiento de la Ley en todo el Archipiélago canario.




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