Desmantelar la atención primaria para “justificar” su privatización

“Los seguros privados, y por ente la sanidad privada es excluyente, pues aquellas personas de cierta edad, o con ciertas patologías no son aceptas y caso de serlo a un coste superior inalcanzable para la mayoría de la población”

Con fecha 17 de febrero de 2021, el portal seguros new publica un informe donde se asevera que en Canarias hay “Más de 417.000 personas tienen un seguro sanitario privado en Canarias, donde el sector privado cuenta con 24 hospitales (63% del total) y 2.587 camas (34% del total)”. Atendiendo a las declaraciones realizadas por el Consejero Delegado del grupo Hospiten. Continuando diciendo que el gasto sanitario per cápita total estimado en 2019 en Canarias era de 1.905 euros (suma del gasto privado, 454 euros, y el público, 1.451 euros).En esta misma publicación la directora general de la Fundación IDIS, ha explicado “que este sector libera de recursos a la sanidad pública, ya que cuenta con 8,7 millones de asegurados -sin incluir los mutualistas- que contribuyen a la descarga y el ahorro del sistema público global, lo que implica un ahorro que va desde los 5.000 a los 11.300 millones de euros”.

Esta publicación no deja de ser una mera propaganda de lo “bueno” que son la gente de la sanidad privada, pero dejan u ocultan el conjunto de la realidad: Los seguros privados, y por ente la sanidad privada es excluyente, pues aquellas personas de cierta edad, o con ciertas patologías no son aceptas y caso de serlo a un coste superior inalcanzable para la mayoría de la población y, cuando alegan la diferencia del coste sanitario entre el sistema público y privado es obvio, en el sistema privado no se atienden las grandes intervenciones, ni trasplantes, ni investigación…, además de que ya es excluyente, es el sector público es quien asume la mayoría de las intervenciones de las personas con edad avanzada, las cuales ya han sido excluidas del sector privado por su baja o nula rentabilidad económica.

El objetivo, obviamente no es otro que la privatización de la sanidad pública, como así queda reflejado en la publicación del periódico digital el diario.es, de fecha 26 de febrero de 2021, donde la se recoge la siguiente publicación: “Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud, habla de un proceso de privatización acelerado. La profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) atribuye la expansión de la red privada sanitaria a los recortes en la sanidad pública durante los primeros años de la crisis y a los problemas de acceso al sistema nacional de salud por las elevadas listas de espera y tiempos de demora. A partir de 2010 y hasta 2013 hubo una reducción importante de recursos públicos y las familias empezaron a contratar seguros privados para determinados servicios, sobre todo de pruebas diagnósticas, pequeñas intervenciones quirúrgicas y consultas a especialistas”.

Con estos datos no es de extrañar que cuando vayas al centro de salud con un dolor óseo, y si eres capaz de exigir que te remitan a un especialista, optan por la interconsulta, informándote el personal sanitario de cabecera “esto es todo lo que puedo hacer”, comunicándote que tendrá respuesta en cuatro o cinco meses y, es ahí cuando te notifican que especialista te va atender. Cita que se dará en un plazo de otros tres meses, con algo de suerte, luego el especialista solicitará las pruebas pertinentes para la correcta valoración, otro periodo de meses, para luego otorgarte otra cita para diagnosticar la patología que tienes y, siendo afortunado, el tratamiento de curación. Lo que ocurre es que transcurrido este tiempo la enfermedad ha dejado de ser aguda para pasar a crónica, con el deterioro de la vida social del paciente, el consiguiente gasto farmacológico que se ha tenido al paciente durante ese tiempo que, en algunos casos, más que ayudar ha perjudicado y, el sobrecoste de su tratamiento o incluso intervención quirúrgica.

Obviamente el paciente no puedo solicitar la cita en la especialidad pertinente sino es a través de su centro de salud, los cuales están abandonados, con escasos recursos humanos y materiales, sobrecargados y sin facultad de decisión alguna, por lo que el paciente entiende que es el sistema público el malo y, pudiendo acudir al privado opta por él.

El problema para la sociedad y la ventaja para el empresariado privado radica en que hay pacientes que no pueden optar al sistema privado y ahí entra la estrategia organizada: Privatizar la atención primaria, mediante el sistema de conciertos u otra forma análoga y, que con los argumentos del sobrecoste del sistema público, pueden exigir a la administración pública ingestas cantidades para poder atender a esa población necesitada sin posibilidad de tener el seguro privado, sin que quede garantizado el buen tratamiento a las personas sin recursos o que les suponga un gastos adicional.

De ahí que el conjunto de la población tengamos una obligación inherente: defender el sistema público de salud, de lo contrario cuando vayamos a cualquier centro de salud, seremos atendido dependiendo de la tarjeta que mostremos en recepción. Si presenta la de crédito tendrás servicios dignos, si presentas la sanitaria te derivan a la beneficencia.

Toño Linares

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