El Sindicato de Inquilinas denuncia que el Servicio Canario de Empleo tiene un convenio de prácticas con Desokupa Canarias

“No bastaron los casi 700 desahucios en el último trimestre en Canarias”

El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria denuncia en sus redes que el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias tiene un convenio de prácticas no laborales con Desokupa Canarias. “Según el BOC nº 228 del 5 de noviembre de 2021, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige Elena Máñez (PSOE), aprobó un convenio con esta empresa dentro del denominado programa PRACTÍCATE”, un programa “dirigido —según la propia web del Gobierno de Canarias—  a empresas privadas interesadas en acoger personas jóvenes desempleadas, con titulación, para realizar prácticas no laborales en sus centros de trabajo, con el fin de darles la oportunidad de adquirir su primera experiencia profesional en la actividad para la cual han realizado su formación, y así tener una mayor posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo”.

La organización sindical recuerda que “tras conceder una subvención pública de los fondos europeos Feder a esta empresa por valor de 12.000€, la consejería que dirige Máñez financia las prácticas de trabajadoras jóvenes, con formación pero sin experiencia, en una empresa que ejecuta desalojos extrajudiciales”.

El denominado “pacto de las flores”, conformado por el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, estaría —según apuntan las desde el Sindicato de Inquilinas— “regando con fondos públicos a este tipo de empresas, cuyos métodos podrían implicar presuntos delitos, entre ellos ejecución arbitraria del derecho o coacciones”.

Especial recordatorio para Noemí Santana

Las inquilinas refrescan la memoria a los partidos del Gobierno en relación con los desahucios que se han venido produciendo en las Islas a lo largo del último trimestre: “no bastaron los casi 700 desahucios en el último trimestre en Canarias, a pesar de la supuesta moratoria, que regalan fondos públicos a matones para que desalojen familias vulnerables saltándose el procedimiento judicial”.

Y se dirigen de forma particular a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana (Podemos), a la que recuerdan que “no se ha pronunciado en púbico”, ni ella ni su partido, y que “lleva tres semanas para averiguar una información que está a golpe de clic” sobre la financiación, con dinero público canario, de organizaciones dedicadas a desocupar viviendas.

 

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×