Intersindical requiere a las Administraciones públicas la rescisión de sus contratos con las empresas esclavistas de limpieza y seguridad

Intersindical muestra su satisfacción ante la decisión de la consejería de sanidad del gobierno de Canarias de dejar en suspenso el contrato con la empresa Ralon, adjudicataria del servicio de Limpieza en el Hospital de la Gomera, pero requiere del ejecutivo de Canarias y conjunto de instituciones públicas de las Islas a que, «con inmediatez», amplié tal medida al conjunto de contratos que mantiene esa mismo empresario en otras áreas laborales públicas, y «con el conjunto de empresas esclavistas con las que conserva relación contractual en los diferentes servicios públicos de la Islas, como Sinergias de Vigilancia y Novosegur»; en las que al igual que Ralons, señalan desde la organización sindical, «se impone a las personas el impago de salarios y unas condiciones laborales abusivas». Para Intersindical Canaria, «el rescate de los servicios debe incluir la subrogación del conjunto de los trabajadores de la empresa cesante tal como está establecido en los respectivos convenios de los sectores de Limpieza y Seguridad». 

 Asimismo, desde el sindicato son contundentes a la hora de señalar que «el Gobierno canario y otras instituciones públicas, como las Universidad de Las Palmas, los cabildos o los ayuntamientos, no pueden continuar mirando a otro lado cuando el dinero público que entregan a las empresas adjudicatarias de servicios es malversado por estas mediante el fraude de la sobreexplotación y la retención del abono de los salarios que corresponden a los trabajadores», prácticas estas que han merecido diferentes sentencias condenatorias de los tribunales de justicia. Para Intersindical Canaria, «el mantenimiento de relaciones de prestación de servicios con los empresarios infractores, coloca a las diferentes instituciones públicas como cómplices directos del delito y supone un incentivo para las empresas a continuar cometiendo fraude laboral». Sin dejar de señalar que «los demostrados perjuicios que estas empresas crean a los diferentes servicios destinados a la ciudadanía mediante el fomento de la conflictividad laboral».