Luces cegadoras para no ver lo inhumano

“La vivienda es un pilar central de la integración social, pero solo cuando es asequible, habitable y segura, que permita desarrollar una vida normalizada en su entorno”

Veo el tremendo despliegue navideño en la mayoría de los municipios de La Palma —poco a poco todos se van sumando al circo de ver quién pone el árbol más grande o el set de luces más cegador— y se me viene a la cabeza aquel merengue que reza “sigan bailando, sigan bailando”. Porque ya sean conciertos, festivales o ahora luces, todo suma en esta estrategia perversa de tenernos entretenidos para desviar la atención de lo importante.

Porque no muy lejos de las luces, los mercadillos y las calles abarrotadas de gente poseída por el frenesí de las compras, (mal)viven cada vez más invisibilizadas —y especialmente en esta época— más de 300 personas en exclusión residencial en La Palma. Y digo invisibilizadas y no invisibles, porque no dar voz a esta situación es una decisión política y mediática. Una decisión que duele aún más cuando el discurso de quienes ocupan nuestras instituciones pendula entre la autocomplacencia y el reproche constante al adversario. Un circo cada vez más desagradable de presenciar, que muestra muy poca altura política y, lo que es peor, cero empatía y humanidad hacia las causas que realmente importan: las que afectan a la dignidad y a los derechos básicos de la ciudadanía palmera más vulnerable.

La exclusión residencial en La Palma se cronifica

El último estudio de Cáritas Diocesana sobre exclusión residencial extrema en La Palma identifica 322 personas en situaciones de exclusión habitacional severa. No se trata solo de quienes viven en la calle, hablamos también de personas que sobreviven en alojamientos provisionales, en viviendas inseguras o en soluciones que nunca estuvieron pensadas para convertirse en permanentes, lo que hace la situación más compleja y menos visible.

Casi un tercio están directamente afectadas por la erupción volcánica. Familias que perdieron su vivienda habitual y que, más de cuatro años después, continúan atrapadas en soluciones temporales que se han cronificado. Una realidad que evidencia que la emergencia habitacional derivada del volcán no está resuelta y que la reconstrucción social ha quedado muy por detrás del relato institucional de recuperación.

El informe también alerta de dos dinámicas simultáneas muy preocupantes. Por un lado, casi la mitad de las personas identificadas llevan más de tres años en exclusión residencial, lo que confirma la cronificación del problema; por otro, el 20,5 % se encuentran en una situación reciente de exclusión, lo que demuestra que, pese a los ingentes recursos económicos movilizados tras el volcán, la exclusión sigue produciéndose de forma constante, especialmente en los municipios del Valle de Aridane.

La exclusión no solo se mantiene, se cronifica y se renueva al mismo tiempo.

La vivienda como eje de integración social

La vivienda no es solo un techo. La literatura social y los estudios sobre exclusión residencial coinciden en que la vivienda es un pilar central de la integración social, pero solo cuando es asequible, habitable y segura, que permita desarrollar una vida normalizada en su entorno. Cuando estas condiciones no se cumplen, la exclusión residencial se convierte en un proceso acumulativo que arrastra a las personas hacia situaciones cada vez más difíciles de revertir.

La evidencia es clara: sin vivienda estable no hay inclusión posible. Los informes de Cáritas, la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo y numerosos estudios universitarios y europeos recogen que el acceso a un hogar no debería ser el final de un proceso de inserción, sino su punto de partida.

Vivir sin una vivienda digna tiene impactos profundos y transversales: deteriora la salud física y mental —con alta prevalencia de problemas psicológicos y enfermedades crónicas—, rompe redes familiares y comunitarias, incrementa el aislamiento, la estigmatización y la exposición a violencia y dificulta de forma casi insalvable el acceso al empleo y a los derechos básicos. En el caso de las mujeres, además, muchas de estas situaciones permanecen ocultas bajo el llamado sinhogarismo invisible, marcado por la dependencia y la inseguridad.

Por todo ello, la exclusión residencial no es solo un problema de vivienda, sino un problema estructural de derechos humanos que, cuando se cronifica, resulta mucho más costoso —económica y socialmente— que una intervención temprana y adecuada.

Administrar la exclusión no es reconstruir

Pese a toda la evidencia disponible, las respuestas públicas siguen instaladas en un modelo de emergencia permanente con soluciones provisionales o viviendas “puente” sin horizonte claro, que no sacan a las personas de la exclusión, sino que la administran. Se sigue exigiendo a las personas que demuestren estar “preparadas” antes de acceder a una vivienda estable —que resuelvan antes problemas personales, de salud mental o de estabilidad vital— cuando la experiencia demuestra justo lo contrario, que es la vivienda la que permite recuperar estabilidad, salud, dignidad y reconstruir la vida.

Frente a este enfoque “de parcheo” existen modelos ampliamente evaluados y reconocidos como el Housing First que parten de una idea sencilla pero radical: primero la vivienda estable e incondicional y después el acompañamiento social, sanitario y laboral que cada persona necesite. Allí donde se aplican, funcionan. Garantizan estabilidad residencial, mejoran la salud mental, reducen el uso de recursos de emergencia y, a medio plazo, resultan incluso menos costosos para lo público que mantener a la gente atrapada en la exclusión. La propia Estrategia Nacional contra el Sinhogarismo los señala como el camino prioritario.

¿Pero por qué no se aplican soluciones así en La Palma? Porque para hacer políticas basadas en vivienda… hace falta vivienda, y en la isla eso es precisamente lo que falta. Si volvemos a los tres pilares de una vivienda digna —asequible, habitable y segura— es en el primero, la asequibilidad, donde las instituciones están fallando de forma grave.

No existe una política valiente para frenar el aumento descontrolado de los alquileres ni para garantizar que la vivienda cumpla su función social. Más del 50 % del mercado se está desviando al alquiler de temporada, el alquiler vacacional sigue creciendo, el parque público es insuficiente y la respuesta institucional está lejos de ser la que requiere la crisis actual que estamos viviendo. De esta manera, aunque existen modelos que funcionan, seguimos sin poder aplicarlos porque estamos permitiendo que la vivienda deje de ser un derecho para convertirse en un lujo.

¿Gobernar para garantizar derechos o privilegios?

Así que, como pueden comprobar, en La Palma no faltan diagnósticos, sino decisión política. Mientras se presume de recuperación, cientos de personas siguen sin un hogar digno y sin hogar no hay reconstrucción posible. La exclusión residencial no es algo inevitable, sino el resultado de políticas de vivienda débil, complacientes con la especulación y ausentes cuando toca proteger a la gente común. Eso es lo que debe cambiar.

Desde Drago La Palma defendemos que el esfuerzo principal debe centrarse en dotar a la isla de vivienda asequible suficiente, con medidas estructurales capaces de frenar la expulsión residencial y garantizar el derecho a vivir en el territorio. Algunas líneas son claras y viables:

• Movilizar vivienda vacía, partiendo de un estudio riguroso sobre el estado de las más de 12.000 viviendas desocupadas en la isla, para incorporar al mercado del alquiler aquellas que puedan ser habitables a corto plazo mediante ayudas a la rehabilitación, incentivos o servicios de mediación en casos de herencias compartidas.

• Declarar zonas tensionadas, para poder aplicar límites a los precios del alquiler, prorrogar contratos en situaciones de vulnerabilidad y frenar dinámicas especulativas que hoy están expulsando a la población.

• Regular de verdad el alquiler vacacional y, sobre todo, el alquiler de temporada, que ya supera el 50 % del mercado insular. Otros territorios como Cataluña acaban de demostrar que se puede legislar para impedir que estas fórmulas se utilicen para esquivar la regulación y seguir disparando los precios del alquiler.

• Reforzar la capacidad de los ayuntamientos para actualizar planes de ordenación obsoletos que hoy impiden planificar vivienda pública y limitar usos turísticos del suelo residencial.

• Dar certidumbre a familias que llevan años esperando y a personas afectadas por el volcán que siguen atrapadas en alojamientos temporales con plazos de ejecución de la vivienda pública prometida claros, financiación garantizada, gestión pública eficaz y fechas realistas de entrega.

Y estas son solo una muestra de todas las herramientas que tienen quienes nos gobiernan para garantizarnos el acceso a una vivienda digna, pero no están usando.

Podrán seguir llenando agendas de actos, compitiendo por quién deslumbra más o quién organiza el siguiente gran evento. Podrán seguir alimentando el espectáculo para tenernos entretenidas, pero ya no hay juegos de trilero que nos puedan distraer del hecho de que los que están ocupando nuestras instituciones siguen gobernando para sostener sus intereses y los de quienes les mantienen en el poder, en vez de para la gente.

Pero hay otra forma de hacer las cosas y demostrarlo es nuestro compromiso.

Sara Hernández

portavoz de Drago Canarias en La Palma