¿Para qué sirven las casas si no podemos vivir en ellas?
“Para que las viviendas vuelvan a cumplir su función más básica: que podamos vivir en ellas”
Sara Hernández, portavoz de Drago La Palma
A finales del mes pasado, desde Drago La Palma organizamos en Los Llanos de Aridane un encuentro al que llamamos “¿Quién puede vivir en La Palma?”, y la pregunta no es retórica. Cada vez tenemos más gente a nuestro alrededor que no puede emanciparse, personas que se marcharon a estudiar o trabajar y no pueden volver, familias que destinan una parte enorme de sus ingresos simplemente a pagar un techo o profesionales que tienen verdaderas dificultades para instalarse aquí.
Queríamos entender mejor qué está pasando, pero también qué podemos hacer para cambiarlo. Para ello, invitamos a María Elena Sánchez Jordán, catedrática de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna; a David Ramos Pérez, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de Salamanca; y a Carmen Peña, concejala de Drago Verdes Canarias en Aguere. Tres perspectivas diferentes para abordar el problema desde el derecho, los datos y la experiencia municipal.
Una casa no es una mercancía cualquiera
María Elena empezó desmontando uno de los argumentos más manidos cada vez que se plantea intervenir en materia de vivienda: que hacerlo supone atacar el derecho a la propiedad privada. Un argumento que, por cierto, escuchamos desde posiciones políticas bastante más diversas de lo que cabría esperar.
El artículo 33 de la Constitución reconoce la propiedad privada, sí, pero establece también que su función social delimitará su contenido. Es decir, el derecho a la propiedad existe, pero no es absoluto. Y cuando hablamos de vivienda, esa función social adquiere una importancia evidente, porque una casa no es un bien cualquiera, sino el lugar que necesitamos para poder construir dignamente un proyecto de vida.
María Elena planteó además otra cuestión. Aunque el derecho a la vivienda no tiene en la Constitución la misma protección que un derecho fundamental, la imposibilidad de acceder a ella afecta directamente a aspectos como la dignidad o la intimidad. ¿Hasta qué punto pueden garantizarse realmente esos derechos si una persona no tiene un lugar donde vivir?
María Elena explicó también algunas de las medidas legales que pueden aplicarse, desde favorecer el alquiler estable y movilizar vivienda vacía hasta fórmulas más excepcionales, como la expropiación temporal de su uso en situaciones de emergencia, siempre con las correspondientes garantías jurídicas.
Pero más allá de las herramientas disponibles, su intervención nos dejó una pregunta fundamental para La Palma: si la función principal de una vivienda es que alguien pueda vivir en ella, ¿está nuestro parque residencial cumpliendo esa función?
Los datos que deberían preocuparnos
David Ramos dedicó su intervención precisamente a intentar responder esa pregunta.
La Palma tiene alrededor de 558 viviendas por cada 1000 habitantes, por encima de la media canaria. Sin embargo, según el último censo disponible, 12.044 viviendas están vacías. Una de cada cuatro. Una cifra que resulta difícil de conciliar con las enormes dificultades que existen para encontrar una vivienda asequible.
A esta paradoja se suma un parque de vivienda protegida ridículo. Según los datos recopilados por David, La Palma pudo llegar a contar con unas 2400 viviendas de este tipo, mientras que actualmente apenas suman 988, un 2,1 % del parque residencial de la Isla. Es decir, hemos perdido casi el 60 % de aquel máximo histórico, con parte de ese patrimonio incorporado al mercado libre y la perversidad añadida de que algunas de esas viviendas se explotan hoy como viviendas vacacionales.
Y mientras perdíamos vivienda protegida, la vivienda vacacional crecía a un ritmo vertiginoso. Aunque suele argumentarse que no llega a representar el 5 % de las viviendas de La Palma, esa comparación oculta su verdadero impacto. Si atendemos al conjunto de viviendas destinadas al alquiler —tanto residencial como turístico— las vacacionales representan más del 40 %, un dato que evidencia hasta qué punto el alquiler turístico ha ganado terreno al residencial y que debería hacer saltar todas las alarmas.
Además, están creciendo precisamente allí donde necesitamos vivienda para vivir y no solo en zonas tradicionalmente turísticas. En los últimos seis años, las viviendas vacacionales en Santa Cruz de La Palma aumentaron de 93 a 245; en Los Llanos, de 70 a 161; y en Tazacorte, de 57 a 101.
La crisis habitacional, además, se vio agravada por la erupción de 2021, que destruyó 1563 viviendas. Sin embargo, mientras la reconstrucción residencial avanzaba lentamente, el alojamiento turístico recuperaba con mucha mayor rapidez la capacidad perdida. La situación posterior a la erupción intensificó la subida de los precios de compra y alquiler, la especulación sobre el suelo y la acumulación de viviendas en manos de propietarios que buscan obtener rentabilidad.
La intervención de David nos permitió entender que la crisis habitacional de La Palma va mucho más allá de la escasez de viviendas. Es también el resultado de décadas de políticas que han permitido que la vivienda se convierta cada vez más en una inversión, sin poner límites a estas dinámicas.
Las herramientas existen
Pero las decisiones políticas también pueden servir para cambiar esta situación y de eso habló precisamente Carmen Peña, que aportó la perspectiva de su trabajo como concejala de Drago Verdes Canarias en Aguere. Los ayuntamientos tienen competencias y herramientas para intervenir en materia de vivienda, aunque el inmovilismo de muchos gobiernos municipales ante esta crisis pueda hacernos pensar lo contrario.
Carmen explicó algunas de las propuestas que han llevado al Ayuntamiento de La Laguna, como utilizar el planeamiento urbanístico para regular dónde pueden implantarse viviendas vacacionales, establecer moratorias mientras se desarrolla esa regulación y reforzar la inspección para garantizar que se cumpla la normativa. También han solicitado en varias ocasiones que se estudie la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, una iniciativa que se ha encontrado con la negativa del gobierno municipal de PSOE y Coalición Canaria.
Otra de sus iniciativas consistía en recuperar las oficinas públicas de mediación para facilitar el alquiler residencial, ofreciendo garantías tanto a propietarios como a inquilinos. Y para movilizar las viviendas vacías, combinar esas garantías con recargos del IBI a determinados inmuebles que permanezcan desocupados sin causa justificada.
Carmen expuso, además, cómo lograron que el Pleno de La Laguna aprobara una propuesta para ampliar los recursos habitacionales de emergencia y adaptarlos a las distintas necesidades de las personas en situación de exclusión residencial. Esta realidad también está presente en La Palma y exige respuestas inmediatas, sin perder de vista que el objetivo de las políticas de vivienda debe ser evitar que nadie llegue a esa situación.
Son iniciativas que han defendido desde la oposición municipal y que demuestran que los ayuntamientos pueden desempeñar un papel mucho más activo en la defensa del derecho a la vivienda.
Voluntad política
Si algo quedó claro a lo largo de todo el encuentro es que las herramientas existen, lo que ha faltado es voluntad política para utilizarlas. La crisis de vivienda en La Palma no es inevitable, sino el resultado de décadas de políticas insuficientes llevadas a cabo por gobiernos de todos los colores.
Cambiar esta situación exige empezar por replantearnos cómo estamos utilizando las viviendas que ya tenemos. Desde Drago La Palma creemos que lo primero es aprovechar ese parque residencial antes de seguir ocupando un territorio limitado, movilizar vivienda vacía, recuperar inmuebles para el alquiler residencial, regular la vivienda vacacional y ampliar el parque público de vivienda garantizando que permanezca protegido y no termine nuevamente en el mercado libre.
También necesitamos que las administraciones asuman su responsabilidad de generar y publicar información fiable y actualizada sobre la vivienda. No basta con saber cuántas viviendas están vacías, necesitamos conocer en qué estado se encuentran, por qué permanecen desocupadas y cuáles podrían incorporarse al mercado residencial. Y también cómo evoluciona el alquiler o quién está comprando y acumulando propiedades en nuestra isla.
Es hora de dejar de tratar cualquier intervención sobre el mercado inmobiliario como un ataque a la propiedad privada. Garantizar derechos también exige poner límites y los poderes públicos tienen la responsabilidad de hacerlo.
Desde Drago La Palma no queremos limitarnos a denunciar esta situación, queremos estar en las instituciones para impulsar las políticas necesarias y luchar para que el derecho a la vivienda sea una realidad en nuestra Isla. Para que las viviendas vuelvan a cumplir su función más básica: que podamos vivir en ellas.
Sara Hernández, portavoz de Drago La Palma