Santiago Pérez dice que CC necesita el limbo jurídico para practicar su adicción al enchufismo

“Estas prácticas ajenas a la legalidad implican la administración fuera de control de millones de los contribuyentes laguneros sometidos a un esfuerzo fiscal muy por encima de la media de los grandes municipios canarios”

“La reacción del alcalde ante la cesión ilegal de mano de obra en Deportes sería simplemente ridícula si no se tratara de un tema serio”

El portavoz del Grupo Municipal de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, denuncia que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) se ha llegado a inventar prórrogas de importantes servicios con carácter retroactivo, que cuestan millones de euros a los contribuyentes laguneros, para moverse en un limbo jurídico que le permite practicar su adicción al enchufismo.

“Se trata, por incompetencia o con intencionalidad, de mantener situaciones al margen de la legalidad, en contra de informes rotundos de la Intervención, con la excusa de que los servicios son necesarios, para navegar en un limbo jurídico en el que todo es posible: la calidad y cantidad de las prestaciones, los precios que paga el Ayuntamiento y hasta las contrataciones de personal por parte de esas empresas”, dijo Santiago Pérez.

El concejal señaló que “se ha llegado a dar el caso de que el inicio de la tramitación de los nuevos concursos se pone en marcha cuando queda sólo un mes no sólo para la terminación del plazo legal del contrato, sino de las prórrogas, con lo cual es imposible tramitarlos”.

Nunca puede invocar la urgencia quien es el responsable de que la situación se haya producido, como denuncia la Intervención, en algunos casos no se puede prorrogar un negocio jurídico que ya no existe.

En este contexto, Santiago Pérez cree que la reacción del alcalde ante las noticias de contrataciones y cesión ilegal de mano de obra en el Organismo Autónomo de Deportes es simplemente ridícula si este no se tratara de un tema serio.

Y recuerda que el Ayuntamiento de La Laguna ha autorizado a lo largo de esta legislatura, sin ningún título jurídico, la continuidad en la prestación de importantes servicios municipales a empresas cuyos contratos y sus prórrogas legales con el Ayuntamiento ya se habían extinguido.

Estamos hablando de varios millones de euros y de servicios municipales de gran importancia como los servicios de día en los centros de Padre Anchieta, Taco, San Matías, La Cuesta, Ángeles Bermejo, la costa Tejina, y El Cardonal-San Jerónimo.

También de los servicios educativos infantiles, los servicios de ayuda a domicilio, la prevención y el seguimiento del absentismo escolar, con empresas con nombres muy conocidos como Lude Gestiones, Koroibos S.L., Clece, Servisar Servicios Sociales S.L., Eulen Servicios Sociosanitarios, el Grupo Europeos de Servicios DOAL que se encarga de la limpieza de instalaciones oficinas y dependencias del Organismo Autónomo de Deportes, o Interjardín para el mantenimiento y conservación de los jardines.

“Estamos hablando de contratos extinguidos y por lo tanto autorizaciones para que estas empresas sigan prestando los servicios y cobrando del Ayuntamiento sin ningún título jurídico que lo avale. Y además con rotundos informes de legalidad de la Intervención en contra, en los que se llega incluso a precisar que los precios que el Ayuntamiento continuaba pagando no estaban justificados”, añadió.

El portavoz de XTF-NC tiene claro que “cuando el Ayuntamiento utiliza con normalidad este tipo de prácticas al margen de la legalidad se está colocando en ese terreno al que un columnista nada sospechoso de desafección al régimen en los tiempos actuales, Francisco Pomares, llama al límite de la criminalidad”.

En el origen de muchas de estas prácticas –siguió– y en concreto en la contratación de una secretaria para el concejal de Deportes por parte de una empresa concesionaria de un servicio, “está la necesidad y la adicción de CC de enchufar gente”.

Hasta el punto de que tras la modificación de la Ley de Régimen Local para la reducción del personal de confianza de forma que no pueda haber más que el número de concejales que compone el Pleno (27 en el caso de La Laguna), “decidieron primero acapararlos todos dejando a la oposición sin ninguno; y después utilizar subterfugios para seguir ampliando al margen de la Ley el número de cargos de confianza”.

Así, “nos enteramos de que a la secretaria particular del concejal de Deportes en realidad es trabajadora de una empresa de servicios a la que el Organismo Autónomo ha contratado para otro tipo de funciones. O de que la persona a quien el alcalde presenta como jefe de Comunicación no figura por ningún lado en la nómina de personal eventual, cuando el desempeño de esa función requiere un nombramiento”.

Santiago Pérez dijo que CC navega entre su necesidad apremiante de enchufar gente y la sensación de debilidad y de incompetencia que les lleva a tratar de ampliar siempre sus redes clientelares.

Cuando el alcalde habla de crear supuestas comisiones de las que de antemano excluye a la oposición sería para tomárselo a broma si esto no fuera un tema muy serio. Como es para tomarse a broma que alguno de los lugartenientes del alcalde se refiera a la oposición como “la peor”.

“Lo que es verdad, con datos en la mano, es que este Gobierno mantiene con toda naturalidad prácticas completamente ajenas a la legalidad que implican una administración fuera de control de millones de euros de los contribuyentes laguneros sometidos a un esfuerzo fiscal muy por encima de la media de los grandes municipios canarios tratando de eludir el control efectivo del Pleno de la Corporación”, terminó diciendo.