Tarek William Saab: «El tema Derechos Humanos está intoxicado»

Diego Sequera / Gustavo Borges Revilla

No es un improvisado en la materia, ni necesita una fachada «autónoma» para hablar de Derechos Humanos (DDHH) de acuerdo al mantra del momento. Representa al Quinto Poder del Estado venezolano, el Ciudadano, al frente de la Defensoría del Pueblo. Por 45 minutos, Tarek William Saab conversó con Misión Verdad despejando dudas y recordando el largo camino de los DDHH en Venezuela.

La pobreza y la represión son los padres de los DDHH. Así como narran el peligro de desprotección de una abultada franja de la ciudadanía, interpela en su propio ejercicio de defensa al Estado para que custodie sus deberes en la materia, y en el marco de los Estados que emergieron dentro del ciclo de las nuevas constituciones latinoamericanas de principio de siglo, como una prioridad esencial e institucional que confirma su tarea protectora ante, y desde, la ley.

«El ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad», dijo El Libertador, lo que se ha sustentado en la Constitución del 99 y el desarrollo de un Estado social y de derecho desde entonces. Palabras más, palabras menos, nunca ha habido un escrutinio tan constante sobre la materia, tanto del Estado como fuera de él, en materia de DDHH en los últimos 17 años.

«Cuando presentamos el título 3 de DDHH de la Constitución (en tiempos de la Asamblea Nacional Constituyente), nosotros proponemos que se cree la Defensoría del Pueblo como institución nacional de DDHH. Fue un avance porque lo colocamos dentro del Poder Ciudadano. No es que está sujeta a la nada, esta Defensoría es un sujeto público, el llamado Quinto Poder, con 18 competencias legales que le da la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y 15 de carácter constitucional».

«La primera y la más IMPORTANTE luego de proteger y velar los DDHH, es que nos da una cualidad de investigación, de oficio o instancia de parte, que nos permite entrevistar, inspeccionar lugares, recabar testimonios, etc., que lleven a tomar medidas o solicitarle a los otros poderes del Estado que intervenga de acuerdo a la circunstancia, y contra la impunidad», sostiene el Defensor, abogado y activista de los DDHH de larga data.

En ocasiones ha dejado mareada a la «mediocracia» que instala la expectativa de la Defensoría como un no-actor, fallando en muchos casos a favor de los derechos de activistas políticos de la oposición incursa en acciones violentas, esos que la ultra ha querido llamar «los suyos». Saab se sitúa, en tanto Defensor del Pueblo, fuera «de la diatriba intrapartidista, yo creo que eso no le conviene a una institución nacional de DDHH».

«Algunos desearían que, como ha pasado en otros países, el Defensor del Pueblo se vaya a los dos extremos, que pareciera un vocero de un factor u otro. Yo creo que un favor que le puedo estar haciendo a esta institución, a Venezuela y a la sociedad, es buscar el equilibrio para que todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas que han sentido discriminación, con especial acento en los sectores vulnerables, puedan ser atendidos».

Memoria y Estado

Lo dicho: no se trata de un improvisado en materia de derechos. Y en la versión de país que le corresponde al mezclar la experiencia individual y la política, se entremezclan la violencia, el crimen de Estado, la lucha emergente por los DDHH a lo largo de las décadas del siglo XX, y, también, «un patrimonio de esas luchas».

Perteneciente a la generación que se incorpora a la izquierda política cuando, luego de derrotada en la lucha armada en los 60, decide pasar a la lucha de masas (el «viraje táctico») a la década siguiente. Saab, según narra, se incorpora al movimiento político Ruptura en 1976, a los 14 años. Y es por esa vía por la que se incorpora al movimiento nacional de DDHH.

Ruptura era la fachada legal y la «cobertura de masas» del proscrito Partido de la Revolución Venezolana (PRV), que participaba en los Comités de Defensa de DDHH.

La tarea no era fácil, los movimientos de izquierda que no conciliaron con la pacificación siguieron padeciendo la persecusión, la tortura, la desaparición y el asesinato político, hecho que se extendía no sólo contra los propios cuadros o simpatizantes del partido, sino a cuaquier persona de a pie que por alguna razón o por otra coincidiera con un episodio represivo. La represión era generalizada.

«Era normal», según Saab, que la muchachada del momento se incorporara a alguna estructura política, en especial de carácter reivindicativo, sobre todo a nivel de organización estudiantil del bachillerato: esa era la puerta de entrada. La acumulación por más de una década de violencia estatal, había generado su propia masa crítica, con un altísimo costo humano.

Con el fin de la lucha armada no cesó la violencia estructural del Estado. Todavía civiles incómodos eran procesados en tribunales militares, continuaba desapareciendo la gente, o moría tiroteada.

«No te estoy hablando de los años 60, donde hubo 5 mil muertos producto de la represión», especifica Saab, según sus propias investigaciones. Ni de los 3 mil desaparecidos que dejó en Venezuela esa década mortal. Porque lo que comenzaron a ver fue la sistematización de esa represión, que tuvo un antes y un después en el asesinato de Jorge Rodríguez: dados los actores, las razones y los modos, ya era un hecho extendido, intrínseco y estructural al Estado cuartorrepublicano.

«El Estado venezolanos que yo conocí en los años 70 y en los 80 heredó esa práctica de Estado que se instaló aquí en los años 60 y siguió su curso, que tuvo su máxima expresión en cuatro grandes masacres: Cantaura, Yumare, El Amparo y El Caracazo».

En los 80, y con la metódica represiva estabilizada, «Luis Herrera inaugura la época de las grandes masacres en este país, con la Masacre de Cantaura», cuando el 4 de octubre de 1982, una fuerza combinada de cuerpos militares y de seguridad masacran un campamento guerrillero en las montañas del municipio Freites, en Anzoátegui, valiéndose de un descomunal uso de fuerza sobre objetivos rendidos y reducidos, matando a 24, salvándose 7.

Con Lusinchi, el 8 de mayo de 1986, se perpetra la masacre de Yumare en el estado Yaracuy (9 asesinados por la Disip). En 1988, el 29 de octubre, todavía BAJO la Administración Lusinchi-Ibáñez, se perpetra la masacre de El Amparo en la frontera apureña (14 muertos) y, finalmente, el 27 de febrero de 1989. Dos elementos son constantes en esta línea temporal: el paso de la criminalización de movimientos políticos específicamente (Cantaura, Yumare) a la población en general, coronándose con los pescadores de El Amparo y las víctimas de la represión del Caracazo, «la etapa de mayor aplicación de todo lo aprendido las décadas anteriores de terrorismo de Estado», apunta.

La otra, sobre todo en los primeros tres casos, es la presencia del comisario de la Disip, Henry López Sisco. Y el periplo de López Sisco describe al del Estado de la época.

«Nosotros denunciamos todos estos crímenes embrionariamente con pequeños comités sin tener toda la parafernalia de medios a nuestro alrededor, aquí no había organizaciones como Amnistía Internacional ni Human Rights Watch apoyando lo que nosotros hacíamos, no habían y lo digo con propiedad ante quien sea», afirma el Defensor.

Y revela, de acuerdo a sus investigaciones: «Él aparece como el principal torturador de Jorge Rodríguez padre. Siendo él un karateca, cinturón negro, le dio golpes y patadas, con otras personas, a Jorge Rodríguez, a un hombre indefenso, inerme, detenido. Eran éticamente despreciables».

«Un patrón de conducta como ese empezó a insinuarse terriblemente en los años 80, aquí no había movimientos, te repito, armados, ni rurales ni urbanos, que replicasen, que dijeran, que incluso te excusasen en tu demencia, una acción tan desproporcionada como esa, pero cuál era el objetivo: criminalizar al movimiento revolucionario, desprestigiar a sus líderes, causar terror en el movimiento de masas».

Y junto a ese patrón de conducta, fue mutando el poder de influencia de los círculos de poder sobre los cuerpos represivos: de la época en la que Luis Posada Carriles torturaba en los sótanos de la Disip o en alguna caleta bajo la cobertura del «Comisario Basilio», «la primera gran camada de torturadores matones y asesinos de los cuerpos represivos la conformaba los batisteros, la policía de Batista». 

«Yo diría que viene un segundo ciclo que se inicia con el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y continúa con Caldera, que es cuando el Mossad israelí copa ese aparato de seguridad venezolano, obviamente con la tutela de la CIA». Es decir, de Posada Carriles a López Sisco.

«Hay documentos desclasificados sobre cómo la CIA ha operado tutelando a las policías en todo el mundo para criminalizar, perseguir, diezmar y acabar, exterminar los movimientos de masas, los movimientos sociales, contra el pueblo en general».

El monstruo y la entraña; el 27 y La Peste

Como dijo antes, en la represión posterior al 27 de febrero del 89, luego del Caracazo, se desplegó el acumulado del Estado venezolano en materia de terrorismo, «y se aplicó en pocos días».

¿Qué puede llevar a esa afirmación?

¿Cómo tú explicas luego que hay un toque de queda, que hay una suspensión de las garantías es que se ejecuta la mayor oleada represiva? Los muertos, en su gran mayoría, yo diría que un 80% ó 70% no se dieron el 27, que es cuando actúa la Policía Metropolitana está en la calle con 6 mil hombres, sino a partir de que sale el ejército y la Guardia por órdenes de Carlos Andrés Pérez.

¿Expediciones punitivas, entonces?

Allí actuaron de 10 mil a 30 mil hombres de la Fuerza Armada. Durante el 28 de febrero y el primero de marzo hasta el 15. Yo tengo la documentación que dice que, solamente, en un solo día, el 3 de marzo, 6 mil miembros de la Fuerza Armada actuaron, solamente ese día, y ocasionaron la mayor cifra de muertos, incluso de jóvenes, de niños…

Algo difícil de ocultar…

Ahí está la fosa en el basurero de La Peste (en las estribaciones del Cementerio General del Sur). Esa fosa común con 70 cuerpos, calculando por lo que era el tamaño, lo ancho. Yo calculo que tendría dos metros de profundidad, pero era muy ancha. Ahí lanzaron esos cuerpos y la fetidez que cubrió todo El Cementerio llevó a que uno de los obreros del aseo urbano denunciase, a los familiares que siempre estaban en el cementerio a ver qué pasaba con sus deudos, y recuerden que la fosa La Peste estaba mucho más lejos.

¿Qué hizo la ley?

Comienza a trabajar el caso un juez, Saúl Ron Branch. La investigación sobre el hallazgo llevó a determinar que los 70 cuerpos fueron arrojados en la fosa con camiones de volteo. ¿Qué pasó con este juez? Lo ascendieron. Le dieron un cargo de juez superior. Para mí eso fue una destitución. Yo digo que a él lo destituyen del cargo, lo destituyen de la causa. ¿Por qué? Porque lo ascendieron a juez superior en Vargas. Y el que lo suplió canceló las investigaciones. No se avanzó en más nada sino en el descubrimiento de la fosa común. Así actuaba el Estado venezolano, ahí no hubo responsables.

La fosa de La Peste aparece no porque lo ordenó el presidente Carlos Andrés Pérez para que se averiguaran los hechos, no, sino él más bien fue el que ordenó la masacre, él fue quien tiró el ejército a la calle, a la Guardia, él fue quien mandó a suspender las garantías y decretar toque de queda.

Pensemos en un escenario ficticio: ¿Qué hubiese pasado si la Defensoría como institución hubiera existido en los 60, 70, 80 y 90, y nosotros como activistas de DDHH hubiésemos solicitado frente a esa Defensoría que mediase con el Poder Judicial para que, por ejemplo, cese la persecución a muerte contra Douglas Bravo y Francisco Prada Barazarte, o que por razones de que no había un juicio realmente correcto, porque está a la orden de un tribunal militar, Diego Salazar Luongo, a quien yo visité a la cárcel en el cuartel San Carlos, o a favor de un Ramón Elías Morales Rossi, o a favor de Irma Barreto que escribió unos artículos y por eso fue lanzada a la prisión de La Pica, o de Doris Francia, o de que nosotros hubiéramos solicitado a la supuesta Defensoría del Pueblo de esa época todo lo que te estoy narrando de la salud, de un dirigente estudiantil o sindical? Como pasó en aquellos tiempos, que muchos de ellos llegaron a morir enfermos en esas prisiones.

Eso fue lo que pasó con el Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez luego de que lo hacen preso tras El Porteñazo.

A él le molían vidrio en la comida. Para que tengas una idea. ¿Me entiendes, qué hubiera pasado? Yo me hago la pregunta y me respondo: como vi cómo actuó la Fiscalía y el Poder Judicial en ese momento, esa Defensoría no hubiese hecho nada.

¿Qué hubiese pasado en Tumeremo con esa Defensoría en ese escenario ficticio?

Nada. Hubiesen buscado encubrir a los responsables, para no hacer un escándalo no les convendría que saliera a la luz pública, inventar que eso fue una guerra entre garimpeiros brasileros y cuatreros, y qué sé yo.

¿No hay excepciones, no hubo ninguna excepción en el marco de esta historia?

Mira, yo diría que fueron tan aisladas…

Pero recordarías algún nombre que…

Pero es que fueron tan aisladas que mi memoria no las resguarda. Las excepciones que te podría decir yo: lo máximo, luego del Comité de Defensa de los DDHH en los 70 y 80, fue la creación de la Comisión Judicial de Petare por el padre Matías Camuñas. Él fue el principal denunciante de la masacre de El Amparo porque protegió a los sobrevivientes, y también de El Caracazo por lo que ocurrió en Petare, en Mezuca.

Se pudo dar que tú metieses un recurso de amparo por una privación ilegítima de libertad, y si el juez considerase que la persona no tenía el peso, el estatus de ser un peligro para la sociedad, te pudieran declarar el amparo con lugar a favor de algún detenido que estaba privado ilegalmente en libertad. Sea un estudiante, sea un dirigente. Pero más allá de ahí nada.

Ojo, no era prisión para los que detuvieron ilegalmente, era simplemente un mínimo gesto, además que había un tipo de penal que te impedía como abogado pasar a una etapa donde ese policía o ese militar, que cometió violaciones al derecho a la vida, a la integridad física o a la libertad personal, fuese procesado, porque había inmunidad para el policía.

¿Como en los casos de malas praxis médicas en los que no hay forma de que se abra una investigación?

Yo creo que era peor, porque en la averiguación de los hechos, si un jefe policial, cuyo subordinado había matado a alguien impunemente, no le daba la gana de mandar la cédula al tribunal, la averiguación de un hecho podía durar años, y el tipo cobrando y seguía matando. ¿Por qué? Porque faltaba el recaudo de la cédula, o porque faltaban recaudos de la ficha que confirmara que ese era el policía, o faltaban todas a la vez.

Tumeremo y el presente

Al momento de la entrevista, Saab venía de su tercer o cuarto viaje en la región. «Hubo confianza de la población. Personalmente entrevisté a tres testigos que se llegaron apenas pisamos Bolívar, se dio con la identidad de los autores materiales, el aporte de quién fue la logística, quién actuó. Rosa Gil (detenida) aportó los datos en el lugar del suceso. Un testigo llevó una comisión del Estado venezolano al lugar del suceso, el Fundo Peregrino, donde se recolectaron pruebas; a diferencia del pasado se recolectaron: no se barrieron», destacó.

«A diferencia del pasado, el testigo no fue perseguido y amenazado de muerte, fue protegido. A diferencia del pasado los familiares fueron acompañados, en un tiempo récord se determinaron los responsables que ya están por ser detenidos, y el hallazgo de una fosa común en un lugar conocido como la mina Nuevo Callao», reiteró.

El caso, mayoritariamente resuelto ya en materia de investigación, aportará nuevos datos conforme se desarrolle la misma. Y ante los intentos de especulación, adulteración o cambio de sentido de los incidentes en Tumeremo, responde:

«Creo que a estas alturas la propia actividad que ha hecho la comisión mixta, lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, lo que ha hecho la Fiscalía, lo que ha hecho la FANB en el terreno».

¿Qué hay detrás de esa globalización inmediata de la noticia? ¿Qué papel jugaron en eso, o juegan, las ONGs que se promueven como «independientes» en la resolución o complicación del caso? ¿Por qué el empeño en una sola matriz específica, que además comparan con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

Aquí se logró en cuestión de una semana lo que en más de 12 meses no se logró en Ayotzinapa. En Ayotzinapa actuó un gobernador, actuó un alcalde con sus policías estadales y municipales, mataron a unos estudiantes que iban a protestar por unas reivindicaciones estudiantiles, y hasta ahorita no han aparecido. Y algo peor: la actitud cómplice y silenciosa y sumamente terrible del jefe de Estado de esa nación. Se han conseguido fosas de 100 personas, de 80, de 50…

Me pareció irresponsable que medios internacionales, impresos, radiales, televisivos, como fueran, digitales, comenzasen, cuando ocurrieron los hechos de Tumeremo, a equipararlos con Ayotzinapa cuando, primero, no estaba allí la participación de los autores materiales o una fuerza armada o militar o policial como ocurrió allá, sino una delincuencia criminal de civiles armados ante la ley. Ahora tú preguntas: ¿significa que tú no descartas que ahí podrían estar policías? Yo no descarto nada porque en una investigación como esta no se puede descartar nada. Pero lo que ha arrojado todo esto que hemos conversado con la identificación por parte de testigos, pertenecían a una banda asesina, criminal, con tácticas paramilitares, dirigidos por un sujeto de nacionalidad ecuatoriana.

¿Qué queda entonces de esas ONGs que de inmediato se adhirieron y promovieron la matriz Ayotzinapa, del crimen de Estado?

A mí no me tocaría polemizar, no polemizo con actores políticos partidistas, le haría un mal favor a esta institución si caigo en diatriba con el movimiento nacional de DDHH. Lo que sí te puedo decir son las diferencias. Nosotros éramos invisibilizados por los organismos multilaterales, por el movimiento internacional de DDHH, no éramos tomados en cuenta. No teníamos cobertura mediática nacional, sino de manera excepcional. En ese momento habremos logrado una que otra cobertura, a pulso, y gracias a periodistas, por lo general de sucesos, que decidieron sacar la noticia. Pero era una cobertura puntual a nivel periodístico.

Mientras que ahora…

En el 99 los reflectores fueron colosalmente desproporcionados en función a, como nosotros fuimos tratados en el beneficio de atención de organismos multilaterales, todos sin excepción, con los grupos de relatores. Escuchando cualquier cosa, transcribiendo cualquier cosa. Gozan, además, de cobertura incluso no nacional solamente, sino global, internacional. A cualquier tipo de denuncia que se hiciera, no importando si ésta estaba corroborada.

¿Cómo se reflejó eso en el caso Tumeremo?

Pareciera que como que es las ganas de ganar ventaja política contra la democracia venezolana. Golpear la democracia venezolana, criminalizarla, colocarla como un Estado paria, como un Estado forajido, el expediente que te arma EEUU.

«Nada dijeron cuando Interpol-EEUU interrumpió el libre tránsito al titular de la Defensoría del Pueblo en México y Panamá», recuerda.

El problema con los mantras

Cuando se ve la Ley de Amnistía, se ve precisamente cómo el «mantra» globalizado de los DDHH corre en sentido contrario al ejercicio y reconocimiento de tales derechos, cuando se trata de hacer olvidar a la sociedad los crímenes comprobados y las agresiones contra los DDHH, negando a víctimas, responsables y a la memoria inmediata.

«Una ley nace para mejorar a otras que la precedieron, sin embargo, ocurre lo contrario en este proyecto de ley porque va en detrimento de la reivindicación y justicia por las 43 muertes y más de 800 heridos en las protestas violentas de 2014», declaró recientemente en Telesur.

¿Qué se mueve detrás de ese discurso selectivo sobre los DDHH que hace que unas cosas se vean más que otras, y que los derechos de unos sean «derechos» por encima del de los demás?

Lo que observo es que el tema de los DDHH está intoxicado, contaminado y se le hace un flaco servicio porque lo termina de volver leña porque lo politiza a un punto tal que dices «Yo voy a usar el tema de los DDHH para atacar una nación que me incomoda». ¿Y quién dirige la campaña de esa cartelización? Los Estados Unidos de América con sus principales voceros, incluyendo al propio Obama. Es el principal vocero de esa campaña cuando se atreve a firmar un decreto cuya esencia es el tema de los DDHH. Declaran a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria, cuando en el fondo ese tipo de decreto ha servido como preámbulo y prólogo para que EEUU ocupe o invada un país.