Paga de 250 euros: la calderilla de los presupuestos de Canarias para los pobres

“La política de la actual consejera, Noemí Santana (Unidas Se Puede), es continuista con el anterior mandato de Cristina Valido (Coalición Canaria). El Gobierno del “pacto de las flores” sigue primando los intereses de la patronal antes que las cuestiones sociales, igual que el Ejecutivo anterior”

El Gobierno canario ha presentado un decreto sobre el pago de 250 euros, por una sola vez, dirigido a 50.000 personas que ya cobran la pensión no contributiva o bien la Prestación Canaria de Inserción (PCI). El Parlamento de Canarias la ha aprobado por unanimidad.

El 35% de la población canaria a finales de 2019 estaba en riesgo de pobreza o de exclusión social, según los datos de El Estado de la Pobreza. Según Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008 – 2019, publicado recientemente por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN por sus siglas en inglés). Esta cifra sitúa al archipiélago 10 puntos por encima de la media española, solo superado por Extremadura y Andalucía. La propia consejera reconoce que la cuantía es poca, y así es. Esa “paga” es una dádiva que lanza el Gobierno de Canarias que les resuelve muy poco a las personas a las que va dirigida.

El concepto de paga extra está asociado a retribuciones fijas y esta no lo es, solo se cobra -de forma extraordinaria- eso sí, una sola vez.

Además, deja fuera de ese cobro a numerosas personas con situaciones similares de desamparo, que no se verán beneficiadas con la misma. La consejería ha pospuesto para finales del 2021 su medida estrella de “renta de ciudadanía”. El Ingreso Mínimo Vital del Gobierno del Estado tampoco llegó a la mayoría de las personas que lo necesitan.

Si escasa es la cuantía, y ya se reconoce, sobra hablar del “esfuerzo que hace el Gobierno”, lo que es pura propaganda. Más “esfuerzo” es el que lleva haciendo el Ejecutivo del “pacto de las flores” por las grandes constructoras poniendo en marcha grandes obras de infraestructura que ha reclamado que cubra el Gobierno del Estado, como el cierre del anillo insular y sus 240 millones de euros de inversión, con los ERTE o las ayudas al empresariado tras la quiebra de compañía Thomas Cook. La partida de 13 millones de euros no es nada en comparación con lo que en Canarias se invierte en “ayudar” a unos pocos. Es evidente que aquí, en esos 13 millones de euros para el reparto de esos 250 euros, es la calderilla de los presupuestos, el grueso de las partidas acabará en manos de las empresas.

El referido decreto, como ya dijimos, fue aprobado por unanimidad, pero su escasa cuantía y el no llegar a suficientes personas necesitadas, ha sido aprovechado por los grupos de oposición de la derecha, demagógicamente. Así la diputada del grupo mixto y miembro de Ciudadanos criticó que la aprobación no se hiciera vinculada a una fiscalización de donde empleaban el dinero los beneficiarios de esta “paga” circunstancial, a lo que habría que recordarle que esta paga va a dirigida a personas que no cobran más de 350 euros mes. El PP lamentó que no se ampliara a más personas “que lo están pasando mal”. La diputada Cristina Valido de Coalición Canaria (Grupo Nacionalista Canario) anterior consejera, cuestionó que no se haya abierto una convocatoria pública para las miles de familias que no tienen ningún ingreso desde abril.

La política de la actual consejera, Noemí Santana, es continuista con el anterior mandato de Cristina Valido. El Gobierno del “pacto de las flores” sigue primando los intereses de la patronal antes que las cuestiones sociales, igual que el ejecutivo anterior.

Cristina Válido, le pretende enmendar la plana a la actual consejera señalando “que este decreto ley es la prueba de la incapacidad de la gestión de los recursos de 2020 y el abandono al espíritu fundamental de la Ley de Servicios Sociales”.  Habría que añadirle, que en cuanto a la gestión de recursos están a la par en incapacidad de resolver los problemas que afectan a la mayoría social.

Valido también exigió al Gobierno que complemente las pensiones no contributivas con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma, tal y como «prometió» Ángel Víctor Torres en campaña electoral: «Déjense de 250 euritos», dice.   Esta es una reivindicación que levantó el movimiento de defensa de las pensiones públicas y de la lucha social en Canarias, que unos y otros no han atendido hasta ahora.

Por otra parte, decir, como expone la diputada del PSOE, Lucía Olga Tejera, que esta cuantía por una sola vez es una medida de impacto sobre la población más desfavorecida y un pequeño respiro para más de 50.000 hogares, es como poco una exageración, de lo que viene a ser una medida que no llega a ser ni asistencialista.

Se hace necesario y urgente otra política social que responda a las necesidades populares en relación al complemento de las pensiones, pero también en relación a la ayuda a la dependencia, a la renta social de emergencia, a un plan de construcción de viviendas sociales que cubra la demanda… En definitiva, a las necesidades de la población más vulnerable, a la que se ha visto golpeada por la crisis y a la que se verá a partir de ahora.

Para ello, tenemos que apoyarnos en nuestra propia fuerza, organizándonos para impulsar la lucha en defensa de las reivindicaciones de la mayoría obrera y popular.

¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!

Anticapitalistas Canarias