Denuncian la “falta de transparencia” en una lista de reserva de Personal Laboral de la Consejería de Derechos Sociales

El Diputado del Común se reunió con integrantes de la Lista de Reserva de Personal Laboral de la Consejería de Derechos Sociales, vigente desde 2008, quienes denunciaron una vulneración del orden de llamada del personal y la formalización de contratos que no corresponden con su categoría

Varias integrantes de la Lista de Reserva de Personal Laboral de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, vigente desde 2008, se reunieron con el Diputado del Común, Rafael Yanes, y con la asesora de la Diputación del Común, Amanda Armas, para trasladar su malestar ante las circunstancias que se están dando en relación con esta lista de reserva y la falta de transparencia con la que está siendo gestionada.

Señalaron que esta falta de transparencia se basa en la vulneración del orden de llamada del personal, en la derivación de este a otras consejerías o en la formalización de contratos que no corresponden con su categoría. “Llevamos desde 2016 trabajando como funcionarias interinas por acumulación de tareas y por sustituciones en sucesivos nombramientos consecutivos, cuando somos personal laboral”.

Asimismo, pidieron mantener la continuidad de esta lista como prioritaria a la hora de contratar respecto a la aprobación de una bolsa de trabajo con carácter excepcional convocada en 2019 por el Gobierno de Canarias, “que se basa únicamente en los resultados de un primer ejercicio y de la que están haciendo uso para contratar en la consejería antes que a nosotras”.

De esta forma, solicitaron al Diputado del Común su mediación para que la Consejería de Derechos Sociales tenga en cuenta esta lista de personal laboral como prioritaria para cualquier nombramiento que se deba hacer desde Función Pública hasta ser agotada, “ya que actualmente es la única lista legal y oficial para contratar”, aseguraron.

Yanes tildó de “grave” la denuncia que hace el colectivo, “puesto que, si existe una lista de reserva ordenada, la Administración Pública debe respetarla. Pediré información a la Consejería de Derechos Sociales para saber si es cierto que se está produciendo esta vulneración de derechos y pedir explicaciones al respecto”.

 

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