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Drago Canarias rechaza el nuevo decreto de vivienda del Gobierno de Canarias

Drago Canarias manifiesta su firme oposición a la reciente aprobación por el Gobierno de Canarias del Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que abre la puerta a nuevos pelotazos urbanísticos, a la legalización por la puerta de atrás de numerosas construcciones irregulares y a rebajar los requisitos técnicos, urbanísticos y medioambientales de las nuevas edificaciones

El partido señala que el Gobierno de Canarias ha ignorado cualquier diagnóstico de las causas que nos han llevado a la situación de crisis habitacional existente, aprobando un Decreto que amalgama toda una serie de medidas imprudentes y desesperadas que hipotecan el futuro de nuestro territorio

Drago Canarias considera que el Decreto aprobado incide en la depredación del territorio, con medidas centradas en la construcción indiscriminada de edificaciones, alturas y urbanizaciones, o a la rehabilitación de las inacabadas que podrían estar incumpliendo la normativa urbanística o medioambiental, anteponiendo el beneficio privado de las promotoras y constructoras a los usos de interés general y a la gestión pública del suelo.

Así, en la nota de prensa remitida por el partido se señala que, “ante la situación actual de saturación de los recursos e infraestructuras del archipiélago, es tremendamente negligente la desregulación propuesta de incrementar el número de viviendas sin planificación en relación con la capacidad de carga del frágil y limitado territorio de Canarias”.

En este comunicado del Bloque Confederal de Análisis Territorial y Sostenibilidad del partido advierten que el Decreto recoge la figura del silencio administrativo positivo para las recalificaciones urbanísticas, lo que abrirá la puerta a nuevos pelotazos urbanísticos, con los impactos negativos que tendrán en el medio ambiente y población del archipiélago, que además se acrecenta en el caso de las medidas para disponer de nuevos suelos sin cuantificar la oferta ya existente, así como en la reversión de las recalificaciones rústicas, que podrán volver a ser destinadas a urbanizables.

“Se va a generar un daño irreparable al patrimonio arquitectónico y cultural, así como a múltiples conflictos y tensiones en la convivencia vecinal y urbana, al desregular los topes de altura de las edificaciones, pasando incluso por encima de los planes de ordenación municipal, lo que aumentará exponencialmente la sobrepoblación de ciertos barrios y la presión sobre sus servicios públicos, red de saneamiento e infraestructura viaria”, añaden desde el partido.

En definitiva, Drago Canarias considera que “estas medidas, tomadas sin la cautela que requiere una regulación de semejante calado, ponen en peligro la Canarias que a día de hoy conocemos. Es más, descontextualizadas de los problemas de movilidad, redes, tensión sobre los recursos naturales, especialmente de los hídricos, o del colapso de numerosos servicios públicos, el Decreto aprobado pone de manifiesto la incapacidad de gestión del actual Gobierno de Canarias en materia de vivienda, más allá del piche, cemento y ladrillo”.

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Foto cabecera: archivo El País Canario.

 

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