El Ayuntamiento de Granadilla de Abona y su falta de compromiso con el patrimonio guanche
Valores etnográficos desaparecidos por la construcción de otra planta fotovoltáica
Es nuestra obligación exigir que se haga cumplir la ley y que se establezcan prioridades sin dobles intenciones y que se activen aquellos mecanismos y protocolos que la ley establece de manera clara
A primeros de septiembre dimos parte de la desaparición de dos valores etnográficos en el municipio de Granadilla con motivo de la construcción de una nueva instalación de placas fotovoltáicas a manos de la empresa energética DISA. Con una publicación en prensa y tras dar aviso al área responsable en el municipio con la presentación por registro oficial de dicho atentado patrimonial, en el que se especificaban imágenes de los bienes desaparecidos y se alertaba de la ausencia de cartelería, licencias y otros debidos protocolos cuando se trata de una intervención industrial del tipo. Según la propia concejalía de Patrimonio y Cultura y por boca su máximo responsable, el gobierno municipal desconocía sobre el comiendo de la actividad. Ni señalizaciones ni aparentemente permisos en regla para este nuevo episodio de destrucción patrimonial en manos de intereses privados. A fecha de este escrito y tras más de dos meses y medio de dicha comunicación pública por parte de nuestro colectivo, seguimos sin haber obtenido respuesta por parte de los responsables del área.
No solo no se ha paralizado la obra debido a la destrucción de estos bienes etnográficos, como eran una era y una estructura de una vivienda de tipo tradicional – ambos catalogados como valores etnográficos protegidos- sino que la actividad de desmonte y aplanamiento de esa zona sigue en marcha sin que se hayan siquiera cumplido con las mínimas exigencias que establece la ley, como es la debida señalización de las obras. Una vez más empresas privadas arrasando con el territorio bajo cualquier coste con la excusa del interés general, incumpliendo la propia normativa. La ciudadanía vigilante, cumpliendo con su deber como es el informar y denunciar cualquier ilegalidad y el ayuntamiento poniendo silencio de por medio.
Al contrario de detener la obra o exigir el cumplimiento de las medidas de garantía necesarias cuando se interviene en una zona que contiene bienes y valores protegidos, pareciera que la actividad ha redoblado su intensidad extractivista, propiciando la desaparición de mucho material arqueológico en superficie como fragmentos de cerámica, obsidiana y restos de malacofauna. Al no haber recibido respuesta a nuestra solicitud, desconocemos si esta obra cuenta o no con un informe patrimonial. Todo ese material ahora desaparecido, debería haber sido por tanto estudiado y prospeccionado, para su estudio y custodia. Nada de esto parece haber sucedido y nuevamente obtenemos silencio por respuesta, lo cual nos hace sospechar de más irregularidades ligadas a esta actividad industrial. Este desinterés aparente y dejadez de funciones no es , sin embargo, el único caso activo en el municipio.
Más patrimonio amenazado en Granadilla
También venimos denunciando desde hace tiempo el estado lamentable que presenta una zona de altísimo valor arqueológico, etnográfico y natural como es el entorno del Monumento Natural de Montaña Ifara-Los Riscos. Tras décadas de promesas incumplidas por los diferentes grupos de gobierno, el estado de este espacio tan valioso sigue siendo lamentable. Basura, degradación, daños al patrimonio, actividades de ocio ilegales y sin control alguno, son algunas de las amenazas que se ciernen sobre este lugar en donde también sobrevuela la eterna promesa de crear un Parque Arqueológico con su correspondiente centro de interpretación. Esta intención traspasada de gobierno en gobierno, sigue en la mente del actual grupo de gobierno según se nos hizo saber directamente en la última reunión sostenida con los máximos responsables locales. No obstante todo lo que tiene que ver con la defensa medioambiental y la protección del patrimonio, especialmente del de factura indígena, no encuentra lugar en los planes inmediatos del actual gobierno municipal, que manifiesta la existencia de todo tipo de barreras burocráticas y de coordinación con el resto de administraciones, como excusa para seguir prorrogando la tan necesaria protección y divulgación de sus valores arqueológicos, tan amenazados, que cualquier retraso supone inevitablemente la pérdida irreparable de muchísimos bienes.
Nuestra denuncias recientes ante la celebración de varios Campeonatos de Recorridos de Caza (tiro al plato) con resultados catastróficos sobre el medio natural y sobre los valores patrimoniales presentes, llevaron a la celebración de una reunión de varias asociaciones y colectivos con algunos gestores públicos, entre los que se encontraban algunos cazadores, no así el presidente de la Federación Insular de Caza ni el propio alcalde. De esta primera reunión saldría el compromiso de celebrar un segundo encuentro con la máxima autoridad del Cabildo Insular en la materia, cosa que si bien sí se llegó a producir, no contó con la presencia de los colectivos ambientalistas y en defensa del patrimonio, que no fueron invitados pese a lo prometido. Si bien esta reunión entre responsables del municipio y del Cabildo sí se llegó a producir, con la presencia de algún representante del colectivo de cazadores, ninguna información de lo tratado y acordado se hizo pública y no se trasladó información alguna a los colectivos y asociaciones implicados en la defensa de este espacio protegido y sus aledaños. Solo supimos de la celebración de este segundo encuentro, de manera extraoficial, en la que la ciudadanía volvió a ser excluida de la ecuación.
Granadilla y la falta de garantías en lo referente al patrimonio
Dentro del municipio se están produciendo en la actualidad diferentes casos de destrucción territorial y patrimonial con fuerte oposición por parte de quienes se vienen organizando por la defensa de la naturaleza y el patrimonio cultural. El polémico “Circuito del Motor” en Atogo, con múltiples irregularidades llevadas ante los tribunales y una obra que ha visto despilfarrados millones de euros y que siguió adelante pese a contener yacimientos arqueológicos y etnográficos en su perímetro o la “Cantera de Los Cármenes” en Chimiche, que también se reactivó pese a la fuerte oposición vecinal y la amenaza directa e indirecta sobre 45 bienes patrimoniales, en un espacio declarado de Interés Geológico por el Instituto Geológico y Minero estatal, son algunos de los ejemplos más notorios. A estos se suma el abandono también denunciado por nuestro colectivo, sobre los múltiples yacimientos arqueológicos presentes en la zona de El Desierto, que se encuentran en un lamentable estado de conservación, habiendo desaparecido muchísimo material en superficie y con algunos de los grabados más emblemáticos de la comarca, víctimas de daños irreversibles.
Por si fuera poco, también denunciamos hace un año el estado de deterioro y los daños ocasionados sobre una serie de grabados guanches en unas piedras empleadas antiguamente para la construcción de bancales de cultivo en la zona de Charco del Pino, sin que se hayan producido declaraciones o actuaciones de la autoridad local al respecto. Por si todas estas problemáticas no fueran suficientes, siguen anunciándose más intervenciones de la mano de proyectos energéticos privados que planean construir más estaciones fotovoltáicas en terrenos que, si bien han sufrido una elevada antropización en el pasado, a día de hoy siguen constituyendo espacios de reserva naturales con gran potencial agrícola y de conservación de la biodiversidad, en donde por supuesto también se encuentran valores patrimoniales que sin duda se verán afectados. Las autoridades locales no ofrecen garantías que nos permitan pensar que estos proyectos contarán con los debidos informes y estudios que permitan salvaguardar aquellos yacimientos guanches que se interpongan entre la maquinaria y el afán de lucro de unas pocas empresas. Los desmanes y atropellos sobre el patrimonio cultural guanche, se podrían frenar con tan solo un poco más de voluntad política.
Solicitar partidas presupuestarias concretadas en proyectos específicos que pongan en valor el patrimonio ancestral canario, dotar de medios técnicos y personal a las áreas responsables, garantizar mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas o actualizar los catálogos municipales y apostar decididamente por la conservación y la sostenibilidad, son tareas que establece la propia ley y que a día de hoy siguen sin cumplirse. Cualquier movimiento en este sentido implicaría determinación y una voluntad decidida por acabar con años de irregularidades y desidia, en donde mientras se siguen poniendo todo tipo de excusas, el patrimonio natural y cultural de todos y todas, desaparece para siempre, sin que nadie se haga responsable. Es nuestra obligación exigir que se haga cumplir la ley y que se establezcan prioridades sin dobles intenciones y que se activen aquellos mecanismos y protocolos que la ley establece de manera clara. De poco sirve marear a la ciudadanía con reuniones y promesas incumplidas, si a fin de cuentas los intereses que van a prevalecer son los de siempre: empresas y empresarios que hace ya mucho, se repartieron el territorio sin miramientos, para imponer con el favor de gobernantes, proyectos obsoletos que comprometen la salud de nuestros ecosistemas y la integridad de nuestro legado patrimonial.
Colectivo Imastanen
Defendiendo el legado superviviente