Impugnatitis esquizoide en la Universidad de La Laguna

“Sin estudiar enferma el alma”.

Lucio Anneo Séneca

 

Ha vuelto a hacer acto de presencia el temido mal que creíamos extinto, la tristemente célebre impugnatitis esquizoide, aunque afortunadamente ahora sabemos más sobre su inexorable ciclo biológico: parasita sobre todo las mentes de los malos estudiantes, y aunque al principio se manifiesta de manera inocente, haciendo aflorar en el paciente/alumno constructivos deseos de ejercer el legítimo derecho a revisar un examen, pronto degenera en una absurda impugnación de la calificación obtenida en la asignatura, para finalmente llegar a un clímax alucinatorio que desemboca en un estrambótico recurso de alzada ante el rector. Es muy importante tener en cuenta que durante cualquiera de sus fases, que oscilan entre un día y un año de duración, la enfermedad puede resultar muy contagiosa. Una medida para prevenir la transmisión a otros alumnos, y a la vez un eficaz tratamiento para el afectado, consiste en que los compañeros, profesores, y responsables universitarios, eviten cualquier contacto y comunicación con el sujeto infectado, de manera que éste dejará de alucinar al faltarle estímulos externos susceptibles de distorsión cognoscitiva. Es necesario que la sociedad sea consciente de los intrincados procesos mentales que provoca este virus, por ello a continuación reproducimos el estremecedor testimonio de un alumno infectado durante su primer año de estancia en la ULL.

LETANÍA SOPORÍFERA Y DEMENCIAL QUE EXPONE LOS HECHOS SEGÚN LA DISTORSIONADA PERCEPCIÓN DEL ALUMNO IMPUGNADOR.

*Transcribimos también las esporádicas manifestaciones verbales del subconsciente culpabilizador del alumno.

18 de septiembre de 2015, Universidad de La Laguna, facultad X, asignatura X. Me presento a la revisión del examen final (tipo test), y los profesores A.S.T. y J.J.P.F. [el alumno nos obliga a omitir los datos que pudieran permitir la identificación de los profesores, ya que en su delirio asegura que estos le han amenazado por escrito con la posibilidad de medidas jurídicas “debido a las descalificaciones sufridas”] me dispensan un trato personal lamentable, además de obstaculizar la revisión de la prueba, cuya calificación (sumada a la de otras pruebas) supone el suspenso en la asignatura y la sustracción de la beca de estudios del MECD, ya invertida en el curso pasado (debido a los gastos de desplazamiento la beca es aproximadamente de unos 5.000 euros). No me escuchan, utilizan un lenguaje despectivo, emiten juicios morales a la ligera, y no se comportan de manera seria y rigurosa con la materia tratada, por lo que hacen honor a una asignatura que evidenció muchas carencias en su preparación. Me encuentro con frases como:

“Llevo muchos años en esta universidad como para que venga nadie a enmendarme la plana”, “¡Voy a llamar a los servicios jurídicos!”, “Qué coño quieres tío, si necesitabas la beca por dificultades económicas deberías haberte esforzado con más razón más que los demás”, “¡Fuera de aquí, estás suspendido!”

*Subconsciente del alumno: ¿Qué te creías mi niño? ¿Que estabas en la escuelita?

Sobre varias cuestiones del examen, como por ejemplo las que trataban sobre “las razas humanas”, los profesores no fueron nada claros, demostraron falta de conocimiento actualizado en la materia, y dieron lugar a ambigüedad en sus argumentos, no contrastados ni respetuosos con la pluralidad de ideas en el ámbito académico y científico. No dejaron claro qué trataban de decir ni por qué, y demostraron explícitamente tener prisa por “despacharme”, a pesar de que sólo un par de alumnos más esperaban para ver sus exámenes. En ningún momento prestaron atención a mi delicada situación académica y económica, y quisieron dar a entender que intentaba presionarles para ser aprobado, cuando en realidad sólo quería que me permitieran ejercer mis derechos. La reevaluación de 3 preguntas del examen tipo test podía marcar la diferencia entre tener que devolver la beca del MECD o no, poder continuar estudiando en la universidad o no, y aun así los profesores no mostraron ningún interés en comprobar rigurosamente el contenido del examen. Tampoco tuvieron ninguna consideración con mi hermana, alumna de la ULL, que esperaba fuera de la sala e intervino al escuchar las despectivas palabras de los docentes, fue expulsada de la estancia.

*Subconsciente del alumno: es hora del Kit Kat…

Tras la falsa revisión impugno la calificación ante un tribunal académico, cuya composición incumple el reglamento de la universidad y la ley 30/1992, cuenta con profesores que, desde hace más de 20 años, mantienen muy estrecha relación académica, laboral y de íntima amistad (demostrada documentalmente) con los profesores responsables de la calificación impugnada. Durante el presente curso he recibido clases del profesor que ha participado como secretario en el tribunal, lo cual es incompatible con su presencia en el mismo. El presidente del tribunal es el decano de la facultad, éste no responde a diversas instancias que le envié, de manera que pongo al rectorado al corriente del incumplimiento de los plazos de resolución por parte del tribunal. La presión del rectorado hace que el tribunal emita una resolución “apresurada”, que no me hace llegar, además la resolución del tribunal no cumple los mínimos requisitos legales, no está motivada, es decir, no da ninguna explicación de por qué se desestiman las pruebas que aporté y en cambio sí se aceptan los escasos e insuficientes argumentos de los docentes, que ni siquiera responden a la mayoría de las cuestiones que les fueron planteadas. La resolución no expresa ninguna aclaración sobre las actuaciones denunciadas, mediantes las cuales los docentes impidieron la revisión del examen final, y además contiene información manipulada, respecto a la que había sido originalmente remitida al tribunal: omisiones, uso de expresiones distintas en significado a las de los textos originales, y falsedades. Además se omitieron trámites básicos y necesarios durante la impugnación, como el derecho del alumno a recibir una copia de las pruebas de la evaluación, o el “trámite de prueba” especificado en la ley 30/1992. El 9 de diciembre presento al tribunal un recurso potestativo de reposición sobre el que no recibo ninguna respuesta.

*Subconsciente del alumno: hay que saber perder Manolito…

Realicé consultas a la Unidad de Mediación y Asesoramiento de Conflictos de la ULL, de las cuales no se desprendió ninguna aportación significativa, por lo que opté por seguir otras vías, no quería que el tiempo se echara encima sin aclarar nada. Debo señalar que el Servicio de Inspección de la ULL realizó una breve y circunstancial labor de notificación para la Unidad de Mediación, dispensándome durante la misma un trato totalmente falto de cordialidad y cortesía, llegando a resultar desagradable.

Los despropósitos siguen en aumento cuando contacto en persona con la Asesoría Jurídica al Alumnado de la ULL, donde me hacen llegar las siguientes observaciones:

No debería reclamar el incumplimiento de la Guía Docente después de haber suspendido, ya que eso demostraría que me quejo sólo por el interés de aprobar, que se olvide el alumno de reclamar en relación a la revisión de un examen, aunque en la misma los docentes no contestaran a sus dudas, además de amenazarle y ridiculizarle, ya que simplemente con presentarte a la cita, y que te pongan el examen sobre la mesa, debes considerar que se ha producido la correcta revisión del examen.

Que me olvide de todo eso me aconsejó la persona jurídicamente experta, por mi propio bien, me dejaron bien claro que:

La universidad se basa en una estructura jerárquica que debe ser respetada, por encima de cualquier otra consideración, y que debía saber que la revisión de un examen o una impugnación son actos académicos, no administrativos, por lo tanto que ni piense en ampararme en ley alguna sobre procesos administrativos.

Durante esta “asesoría” se me informó además de lo siguiente:

El doble silencio administrativo no puede significar nunca que las solicitudes del alumno serán aceptadas, además la administración no está obligada a contestar ni a resolver las solicitudes que se le hagan, aunque existe un plazo de 6 meses para poder reclamar el silencio administrativo.

También todo esto último es falso, según he averiguado. En base a las leyes que versan sobre los procedimientos administrativos (como la ley 30/1992) las administraciones están obligadas a responder y resolver los recursos presentados. En cuanto a los plazos de reclamación ante el silencio administrativo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado claramente: no existe límite en los plazos, ya que la figura del silencio administrativo fue creada en favor, y no en perjuicio, de “los interesados” que cumplen con la ley.

*Subconsciente del alumno: si habéis prestado atención hasta aquí es que también estáis infectados… ¡escoria!

La Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) me brinda su valioso apoyo, y el 16 de noviembre presento un recurso de alzada ante el rector, aunque no recibo ningún documento que acredite su inicio. Desde el rectorado se me comunica, de palabra, que los servicios jurídicos de la institución están estudiando el caso, de eso hace ya más de un mes… además me hacen llegar ciertos “útiles” consejos:

No es necesario que me empeñe en tanto “proceso burocrático”, lo que voy a conseguir con ello es que se alarguen los procedimientos, “ellos ya saben lo que tienen que hacer”, y poco menos que las leyes y reglamentos son más bien orientativos en el caso de la universidad, no imprescindibles ni siempre aconsejables…

Ya han pasado cuatro meses desde que empezó todo, el caso ahora también está en manos del Defensor del Pueblo, que se ha puesto en contacto con el Rectorado de la Universidad de La Laguna para aclarar lo sucedido.

*Subconsciente del alumno: en definitiva, el alumno es un fresco y un vago…invirtió el importe de la beca en un coche de lujo…

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Moreno