Intersindical Canaria insta al Gobierno a aplicar un plan de choque con medidas efectivas para contener la elevada incidencia de la pandemia
“Instamos al Ejecutivo a que cesen en la dinámica de tratar de abordar un problema sanitario con criterios puramente legales, donde no existe regulación legal, o economicistas y totalmente plegados al sector empresarial, poniendo en la misma balanza la presunta recuperación económica, que no es más que la salvaguarda de los intereses de algunos monopolios empresariales, frente a la salud y la vida de los ciudadanos”
La incidencia de casos COVID-19 en la isla de Tenerife va en ascenso y resulta alarmante. Dicho incremento, quiere achacarse en exclusiva a la relajación de las medidas preventivas por parte de la ciudadanía, que han ido acompañadas de una, a nuestro juicio, indebida reducción en los niveles de alerta, tal como apunta en sus conclusiones el informe epidemiológico de salud pública de fecha 21 de junio de 2021.
Aunque el incremento pudiera ser atribuible a la variante Delta del virus COVID-19, más contagiosa, y el perfil de edad de los afectados se sitúa mayoritariamente entre los 15 y los 30 años, hemos detectado desde Intersindical Canaria otras causas, no menos transcendentales, que pudieran estar afectando a la evolución de la pandemia, que parece no terminan de corregirse.
El caso es que, si bien a los pacientes con sintomatología por COVID-19 que acuden a un centro sanitario público en la isla se les practica prueba diagnóstica que descarte o confirme la infección, y en caso de ser positiva, en un plazo aproximado de 24-48 horas se tiene hecho el rastreo de los contactos estrechos, tarea fundamental para intentar frenar la transmisión comunitaria; no ocurre lo mismo en el caso de que la persona con sintomatología o asintomático al entenderse contacto estrecho acude de forma voluntaria a un centro sanitario concertado o privado, para realizarse el test de antígenos o prueba PCR.
En este último caso, el tiempo real de comunicación de enfermedad obligatoria se dilata, imposibilitando que el rastreo de los contactos estrechos, pueda realizarse en un corto espacio de tiempo, dando lugar a peligrosas “ventanas” donde, posibles portadores no aislados pudiesen contribuir al incremento de contagios. En lo relativo a lo que nos ocupa, el rastreo depende del Servicio de Salud Pública, al cual la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud castigan y mantienen bajo mínimos; y no de la Gerencia de Atención Primaria.
La consecuencia inmediata es que la asignación de los casos positivos llega tardíamente al médico de familia, y en un volumen importante se ha perdido un tiempo valioso en el que frenar la transmisión comunitaria, al no tener el trabajo de rastreo finalizado en un margen de 24 /48 horas, lo que sin duda contribuye al aumento de casos en la isla de Tenerife. Cabe resaltar, que además es esta isla la que más peso en concertación sanitaria tiene respecto a las otras.
Desde Intersindical Canaria, solicitamos al Gobierno de Canarias, no solo que se realice un estudio exhaustivo en el que se determinen y se puedan identificar y corregir todos los factores que contribuyan al aumento desproporcionado de casos de infección por COVID-19 en la isla de Tenerife, sino que se aplique un plan de choque, con pruebas diagnósticas masivas (PCR) a la población, detección preventiva a través del análisis de aguas residuales, aislamientos efectivos de casos en soluciones alojativas controladas y vigiladas.
Si se quiere realmente contribuir a doblegar la curva de contagios, habrá que dotar de los recursos necesarios al ámbito de la Sanidad y de la Salud Pública, incrementar el ritmo de vacunaciones, ampliándolas a los grupos de edad de mayor incidencia actual y proceder a implementar medidas de prevención con sentido y criterio científico, acordes a la incidencia de la pandemia y pensadas para reducir el número de casos y con ello de complicaciones y muertes, que en estos momentos del conocimiento sobre la enfermedad y las medidas, podrían ser evitables.
Paralelamente, a la aplicación de medidas correctoras, que deben ser vigiladas, instamos al Ejecutivo a que cesen en la dinámica de tratar de abordar un problema sanitario con criterios puramente legales, donde no existe regulación legal, o economicistas y totalmente plegados al sector empresarial, poniendo en la misma balanza la presunta recuperación económica, que no es más que la salvaguarda de los intereses de algunos monopolios empresariales, frente a la salud y la vida de los ciudadanos.