Intersindical llevará el conflicto de La Oliva Beach al conjunto de Fuerteventura y reclama la comparecencia pública del presidente Torres

La magnitud de este problema laboral y social justifica la comparecencia pública del nuevo presidente del Gobierno canario”

Intersindical Canaria  da un plazo máximo de 15 días para que, tanto por parte de  la Administración española como por la dirección del Oliva Beach, se aclare y desbloqueen los presuntos impedimentos existentes para proceder a la remodelación  de esas instalaciones hoteleras, objeciones legales estas que, en caso de existir, después de dos años desde que el hotel tramitara la solicitud de reforma, continúan sin ser esclarecidas por parte de la Administración.

La magnitud de este problema laboral y social justifica la comparecencia pública del nuevo presidente del Gobierno canario, en la que desde su responsabilidad institucional, y desde su analogía política con el gobierno del Estado, se posicione sobre el futuro del hotel y las contradictorias posturas del ejecutivo español hacia el desbloqueo de este conflicto”, apuntan desde Intersindical.

De lo manifestado por la firma RIU, pero sobre todo por el mutismo mantenido del Ministerio español y la Demarcación de Costas, “no se deduce que el plan de reforma hotelera vaya a afectar al espacio público marítimo terrestre, motivo por el cual, entendemos que alguna mano negra pretende obstaculizar injustificadamente la modernización del alojamiento turístico, y lo que es peor, la pérdida de puestos de trabajo en el hotel majorero con mayor número de trabajadores canarios.  Esta insólita situación que pone en riesgo el futuro de cerca de 400 puestos de trabajo, impide además la creación de otros 50 puestos contratos laborales que posibilitaría la modernización del hotel”.

Intersindical Canaria, sindicato mayoritario en el Comité de Empresa de Oliva Beach, tras el plazo de 15 días antes reseñado, hará un llamamiento a la movilización general de la isla en defensa de los puestos de trabajo del hotel, protestas en la que se incluye un proceso escalonado y de  paralización gradual de la actividad turística en Fuerteventura.




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