La Adjuntía de Igualdad registra más de 260 quejas e investigaciones de oficio desde su creación
Se registran 145 reclamaciones e investigaciones en lo que va de año 2020, 112 más que en el ejercicio 2018
Beatriz Barrera señaló la coordinación institucional como una de las claves para trabajar contra la violencia de género en el Archipiélago
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Adjuntía Especial de Igualdad de la Diputación del Común que dirige la adjunta, Beatriz Barrera, quiere dar visibilidad al problema que sigue suponiendo la violencia y la desigualdad de género en todas las esferas de la sociedad.
Una práctica que sigue perpetuándose en la actualidad y de la que se reciben datos cada vez más preocupantes, como el incremento de las llamadas al 016 con respecto al año 2019, o el descenso de denuncias que se intuye provocado por la pandemia, y que muestra la dificultad que ha tenido la víctima para presentarse ante las diligencias policiales.
De esta forma, desde la instauración de la Adjuntía de Igualdad en agosto del año 2018, la Institución ha registrado un total de 261 quejas, repartidas entre particulares e investigaciones de oficio. Un número que ha ido creciendo desde el 2018, en el que se registraron 33 quejas (7 investigaciones de oficio y 26 quejas particulares); hasta el presente ejercicio en el que se constatan 145 reclamaciones (107 investigaciones de oficio y 38 quejas particulares).
Estos datos ponen de manifiesto la necesidad que presenta la población y, en especial las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos, de disponer de herramientas e instituciones que los atiendan y den soluciones a este tipo de problemas.
Barrera destacó la importancia de contar con una coordinación total entre todas las instituciones de la Comunidad Autónoma, y señala a la Adjuntía de Igualdad como un altavoz que ayuda a las víctimas a resolver sus conflictos.
Las quejas recibidas en materia de violencia de género en la Institución son principalmente relativas a reclamaciones respecto a soluciones habitacionales de las víctimas que se encuentran desamparadas; denegaciones de ayudas, subvenciones o prestaciones; deficiencias en la dotación de material y de personal, retrasos y falta de atención administrativa a la ciudadanía; y dilaciones excesivas en los procedimientos y trámites judiciales.
También son destacables las registradas en materia de políticas de igualdad y representación equilibrada entre mujeres y hombres; de conciliación familiar y laboral, como son las medidas de flexibilización horaria y jornadas parciales o creaciones de centros infantiles en los lugares de trabajo; el lenguaje inclusivo, para revisar textos normativos de las administraciones públicas canarias y adaptarlo a la representación paritaria de ambos géneros; o la discriminación por razón de sexo y la defensa de los derechos de las personas LGTBI, entre otros aspectos.
Barrera afirmó que “en la resolución o, al menos toma en consideración de la resolución de estos conflictos, es fundamental la coordinación y la sensibilización de la Administración Pública”. Asimismo, “es primordial trabajar en profundidad con la infancia y la adolescencia, si algún día queremos atajar esta lacra”.
