La Plataforma por el 5% considera insuficientes y oportunistas los 63,7 millones del “superávit” dedicados a la educación

Aunque valora positivamente el anunciado incremento del gasto educativo para contratar 1.254 profesores de Secundaria

Denuncia el culebrón montado por el Gobierno de Canarias con el “superávit” para derivar hacia el Estado sus responsabilidades financieras con la educación y otros servicios públicos

La Ley de Presupuestos de Canarias para el 2019, redactada por el Gobierno canario, ya contemplaba una Disposición Adicional Sexagésima primera que “autoriza la utilización del superávit en la cuantía que permita cumplir el equilibrio estructural”

El incremento, además, incumple dicha disposición en la parte que establece queel aumento del gasto debería permitir cumplir el objetivo de llegar al 4% del gasto en educación sobre el PIB nominal de Canarias”

La Plataforma por el 5% considera insuficientes y oportunistas los 63,7 millones del “superávit” dedicados a la educación, denuncia el culebrón montado por el Gobierno de Canarias con el “superávit” para derivar hacia el Estado sus responsabilidades financieras con la educación y otros servicios públicos y recuerda que incumple los compromisos con la Ley Canaria de Educación e incluso con la Disposición Adicional Sexagésima de las cuentas públicas para 2019 que señala que “el aumento del gasto debería permitir cumplir el objetivo de llegar al 4% del gasto en educación sobre el PIB nominal de Canarias”.

El Gobierno de Canarias acaba de anunciar a bombo y platillo, tras una reunión con el Consejo Asesor del Presidente, la inversión de 176 millones del superávit de 2018 en mejoras de la sanidad, la educación y otras políticas de bienestar social.Esta buena noticia, esconde un montaje previo y engañoso por parte del Gobierno Canario.

Para derivar hacia el Estado la culpabilidad de la deficiente financiación de nuestros servicios públicos y el reiterado incumplimiento de la Ley Canaria de Educación, durante los últimos meses han construido la engañosa noticia de que el Gobierno central no les dejaba gastar el superávit presupuestario, cuando era evidente -con la normativa en vigor-, que nadie le había contestado o prohibido algo que corresponde a Canarias decidir. Esto queda demostrado tras una simple lectura de la Disposición Adicional Sexagésimo Primera de la Ley de Presupuestos Canarios para el 2019.

Montado el argumento de que Madrid nos maltrata y viendo que las elecciones locales están a la vuelta de la esquina recuerdan, de repente, que en la Ley de Presupuestos se encuentra una Disposición Adicional que “autoriza la utilización del superávit en la cuantía que permita cumplir el equilibrio estructural”. Y se convierte en “milagro” algo que ya contemplaba la Ley.

Trilerismo político

Pero ahí no queda la cosa. Para mayor sorpresa y perplejidad, esa Disposición Adicional dice, en su párrafo segundo, que “el aumento del gasto educativo se producirá en cuantía que permita cumplir el objetivo del 4% del gasto público sobre el PIB nominal”.Este mandato de la propia adicional, exigiría incrementar el actual presupuesto de educación en 174 millones de euros para llegar al 4%del PIB pero se oculta este dato y, en una operación de trilerismo político, se vende como gran conquista el incremento de 63,7 millones de euros del gasto educativo que se dedicará a contratar 1.254 profesores de Secundaria para reducir a 18 horas el horario lectivo, la reivindicación más reiterada del profesorado y de los sindicatos.

Una jugada de libro. Una perfecta operación de propaganda electoral y manipulación de la opinión pública que utiliza de forma interesada una justa y ansiada mejora laboral del profesorado de Secundaria.

Y nosotros nos preguntamos: ¿Nadie se acuerda del profesorado de Primaria? ¿Dónde están los 110,3 millones de euros que faltan para llegar al 4% del PIB? ¿Ningún medio de comunicación, nadie, conocía esta información?

Mientras celebramos la buena noticia, se sigue incumpliendo de forma flagrante la Ley Canaria de Educación, nuestras plantillas docentes siguen lejos de la media española, la implantación de la educación infantil de 0-3 años sigue a la cola del Estado, el abandono escolar repunta de nuevo y la enseñanza privada crece.




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