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Nómadas digitales: la última broma de mal gusto

La reciente declaración de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), promoviendo la isla como destino preferente para teletrabajadores europeos, parece más una broma que una propuesta real de empresarios y empresarias palmeras que sean mínimamente conscientes de la realidad que vivimos.

En un momento en el que acceder a una vivienda digna se ha convertido en un drama cotidiano, esta iniciativa actúa como gasolina sobre un incendio que amenaza con expulsar a quienes siempre han habitado aquí. Según el registro oficial de demandantes, a finales de julio había 568 familias esperando una vivienda pública en La Palma y si revisamos los portales inmobiliarios, encontramos apenas ocho viviendas para alquiler de larga estancia, todas a precios prohibitivos para la mayoría de familias, con medias que superan los 12 euros por metro cuadrado.

En estas condiciones, traer a teletrabajadores con un poder adquisitivo muy superior al local no es desarrollo económico, es una invitación a que la población palmera haga las maletas, dejando tras de sí una isla escaparate, sin gente que la sostenga.

Madeira, un espejo incómodo

Según un reportaje de 2022 de la revista tecnológica Wired, la experiencia de la isla de Madeira debería bastar para encender todas las alarmas. Allí, en 2021 se puso en marcha el “Digital Nomad Village”, un proyecto oficial para atraer a miles de teletrabajadores internacionales ofreciéndoles alojamiento temporal, espacios de trabajo compartidos y actividades para “integrarlos” en la comunidad. Presentado como una estrategia de revitalización económica, terminó acelerando la especulación inmobiliaria: los precios de la vivienda subieron un 30 % en apenas un año, mientras el alquiler de larga duración se redujo un 42 %. Esta dinámica provocó una expulsión silenciosa de población local, sobre todo jóvenes y familias trabajadoras, incapaces de asumir rentas desorbitadas.

Además, un estudio de 2024 sobre el acceso a la vivienda para jóvenes en la isla constató que este fenómeno intensificó desigualdades previas, empujando a la gente local a la periferia física y social, y transformando comunidades vivas en meros decorados turísticos.

La trampa de la promesa de prosperidad

La estrategia de atraer teletrabajadores también presenta problemas en el plano fiscal y económico. Tal y como advierte un informe académico reciente sobre la fiscalidad del teletrabajo (Eva Escribano, Universidad Complutense de Madrid), muchos de estos profesionales se instalan en territorios con ventajas fiscales o regímenes especiales, lo que reduce su contribución real a las arcas locales.

En la práctica, esto significa que gran parte de sus ingresos tributan en sus países de origen o en jurisdicciones con impuestos más bajos, mientras consumen y utilizan infraestructuras financiadas por la población residente.

Este desequilibrio convierte su impacto económico en un espejismo. El gasto que generan en comercios o servicios no compensa el encarecimiento de la vivienda, la presión sobre servicios públicos o el uso intensivo de recursos que no ayudan a mantener. En resumen, dejan más huella en los precios y la disponibilidad de recursos que en el tejido productivo local.

Promover teletrabajo sí, pero para la gente de aquí

Mientras Fedepalma mira hacia Europa, en Canarias solo un 8 % de la población ocupada teletrabaja, la mitad de la media estatal según datos de abril de este año. Antes de gastar recursos en atraer a personas de fuera, sería más sensato impulsar el teletrabajo entre quienes ya residimos en la isla. Esto permitiría reducir desplazamientos innecesarios, aliviar la presión sobre los núcleos urbanos y ofrecer alternativas laborales que eviten la emigración de jóvenes y familias.

Otros territorios ya han demostrado que se puede hacer: mejorando la conectividad digital en zonas rurales, habilitando espacios de coworking públicos o subvencionando la compra de equipos y software a pymes locales. Adaptadas a La Palma, estas medidas podrían dinamizar la economía desde dentro, fortalecer el comercio de proximidad y fijar población en municipios en declive.

Apostar por el teletrabajo local no encarece la vivienda ni especula con el territorio, sino que protege el derecho a que nos quedemos, mantiene vivas nuestras comunidades y garantiza que el futuro económico se construya con quienes sostienen la isla día a día.

Priorizar a la gente de aquí antes que atraer consumo de fuera

Antes de idear estrategias para una supuesta prosperidad económica basada en consumidores foráneos, el empresariado palmero debería mirar primero por las condiciones de quienes ya vivimos y trabajamos aquí. Sin empleo estable y bien remunerado no hay negocio que sobreviva. En julio, casi 7 de cada 10 contratos en la isla fueron temporales, una precariedad que imposibilita proyectos de vida a largo plazo.

Pero de poco sirve la estabilidad laboral si la vivienda sigue fuera de alcance. El principal factor que está expulsando a la población en La Palma es el crecimiento descontrolado del alquiler vacacional. Casi 8.000 plazas extrahoteleras repartidas en más de 2.000 viviendas. Solo en el Valle, la recuperación de las 1.160 camas destruidas por el volcán ha supuesto que unas 300 viviendas más desaparezcan del alquiler residencial en la zona. Fedepalma debería estar reclamando que las instituciones regulen y limiten este tipo de alojamientos. Ese es el primer paso —necesario e impostergable— para frenar la precariedad, contener la especulación y garantizar que la prosperidad de la isla sea real, compartida y duradera.

Y mientras tanto, el Cabildo insiste en que la vivienda es su “máxima prioridad”. Así lo afirmó Nieves Lady Barreto el mismo día que Fedepalma presentaba su propuesta. Sin embargo, hasta ahora las soluciones prometidas son a medio y largo plazo: planes de vivienda pública que tardarán años en materializarse. Y como única medida “inmediata”, acaban de lanzar una ayuda al alquiler para jóvenes, que sobre el papel suena bien, pero en la práctica tropieza con la realidad, pues resulta que la oferta es casi inexistente y precios desorbitados. Sin regulación que impida que los propietarios suban aún más los alquileres, buena parte de esa subvención terminará engrosando el bolsillo de unos pocos caseros, convirtiéndose en otra forma de extraer rentas de abajo hacia arriba.

Construir futuro desde la responsabilidad

La Palma no necesita repetir errores ajenos, sino diseñar soluciones adaptadas a su realidad, desde el rigor y la solidaridad. Desde Drago Canarias defendemos un modelo económico justo y sostenible, que pase por fortalecer redes comerciales internas, apoyar cooperativas y economía social e impulsar sectores estratégicos como la agricultura, la ganadería, la artesanía y la pequeña industria.

Es fundamental poner en marcha programas de teletrabajo para residentes, invirtiendo en infraestructuras y formación digital, especialmente para jóvenes y mujeres, los colectivos más vulnerables en esta crisis. Y resulta urgente aplicar un control estricto al alquiler vacacional, no solo frenando su expansión, sino también recuperando parte de ese parque de viviendas para el alquiler de larga duración y a precios accesibles; al menos hasta que todas las personas que quieran desarrollar aquí su plan de futuro puedan hacerlo sin que la vivienda sea una barrera insalvable.

La Palma tiene la oportunidad de liderar un camino alternativo, tomando decisiones desde la responsabilidad colectiva y pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Una prosperidad que se mida en calidad de vida, sostenibilidad ambiental y reducción de desigualdades, porque la prosperidad real no se importa en avión ni se mide en ordenadores frente al mar, se cultiva aquí, con manos palmeras, para que nuestras comunidades sigan siendo hogar y no solo postal.

 

Sara Hernández

portavoz de Drago Canarias en La Palma

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