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Agua para La Palma denuncia que el Cabildo “incumple la sentencia firme que le obliga a entregar los expedientes sobre contaminación fecal del agua de abasto”

El Juzgado ordena la ejecución de la sentencia, a petición de la asociación que ganó el litigio, en vista de que el Consejo Insular de Aguas no ha presentado la documentación, pese a que el consejero insular del área prometió que lo haría «por transparencia»

La Asociación Agua para La Palma muestra su «perplejidad» porque ha transcurrido el plazo legal que tenía el Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP), organismo público adscrito al Cabildo, para entregar la documentación que está obligado a facilitar a este colectivo por sentencia judicial firme, entre la que deben figurar las analíticas y las medidas que se adoptaron contra la contaminación por bacterias fecales (E-coli) detectada en 2016 en el agua del Túnel de Trasvase para consumo humano en el Valle de Aridane.

De ahí que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, a petición de la asociación, haya dictado un auto el 25 de septiembre pasado, en el que ordena la ejecución de la sentencia dictada en primera instancia en junio de 2023 y ratificada en marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), tras desestimar el recurso que presentó el Cabildo.

La asociación no sale de su asombro porque a raíz del “contundente” pronunciamiento del TSJC, el actual consejero insular de Aguas del Cabildo, Juan Ramón Felipe (CC), declaró de manera pública que la Administración insular aportaría los informes solicitados como demostración del compromiso de «transparencia real» adquirido por el actual grupo de gobierno, al tiempo que reconoció que fue un «error» del anterior equipo gobernante (PP-PSOE) no entregar la documentación solicitada por Agua para La Palma.

Es más, en una reunión mantenida el pasado agosto con el gerente del CIALP, Javier Peña, este “aseguró a representantes de la asociación que había entregado la documentación solicitada por el Juzgado”. 

Por tanto, para este colectivo ciudadano, “los actuales responsables del CIALP y del Cabildo están incumpliendo sus propios compromisos políticos de transparencia, no solo ante los denunciantes y ante la sociedad, sino ahora también desoyendo a la Justicia”.

Contaminación bacteriana del agua de abasto

Esta asociación tuvo conocimiento de esta contaminación del agua precisamente por un informe del propio CIALP, basado en análisis de muestras tomadas en la boca oeste (o de Hermosilla) del Túnel de Trasvase, el 13 de julio de 2016, que indicaban una concentración de 57 u.f.c. /100ml de bacterias coliformes Escherichia Coli. 

La presencia de este microorganismo está asociada a la infiltración de aguas fecales, por lo que el referido valor debe ser cero. Estas condiciones incumplían el Real Decreto 140/2003 sobre parámetros sanitarios de calidad del agua para abasto urbano.

El CIALP denegó en febrero de 2022 los expedientes que, sobre este asunto, la asociación le había solicitado en mayo de 2021, al igual que “rechazó entregarle los datos de la calidad del agua de 2003 a 2014”. 

Esta negativa obligó a los denunciantes a acudir a los tribunales de Justicia, que le reconocieron el derecho a conocer qué decisiones adoptó el CIALP en aplicación del protocolo sanitario obligatorio para estos casos, cuándo cesó dicha contaminación bacteriana y en función de qué medidas correctoras, así como el expediente de cambio de uso agrícola a consumo humano del agua captada por el Túnel de Trasvase.

En su sentencia ratificatoria, el TSJC dio un rapapolvo a dicho organismo del Cabildo tachando de “inadmisible que en un Estado de Derecho una Administración pública se queje de que un colectivo ciudadano pretende fiscalizarla cuando precisamente lo que caracteriza a este tipo de Estado es que los poderes públicos están sometidos a fiscalización”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo Segunda del TSJC dejó patente así su sorpresa por que el CIALP denegara en su momento la información solicitada con el argumento de que la asociación solo la pedía para “desprestigiar” a esta institución pública y no por una “preocupación real por el agua”. A este respecto, el alto tribunal canario dejó también patente que “estas expresiones” de un organismo público “constituyen un temerario juicio de valores que no se corresponde con ningún precepto legal”.

La asociación recuerda que los hechos que motivaron este litigio se produjeron siendo consejero insular de Aguas Carlos Cabrera y ostentando la presidencia del CIALP el anterior presidente del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata, ambos del PP. Desde el verano de 2023, tras la celebración de las elecciones locales y autonómicas, estos puestos los ocupan nuevas autoridades, Juan Ramón Felipe y Sergio Rodríguez (CC). 

De ahí la “enorme decepción” de la asociación por la actitud del actual equipo de gobierno, que inicialmente se había anunciado como motor de cambio que conciliaría su trabajo con y por la población, por lo que Agua para La Palma mantiene sus sospechas de que no pudo no actuarse conforme a la legalidad con esa contaminación bacteriana en el agua de abasto. 

Por ahora, tanto el anterior consejero de Aguas como el actual se han limitado a decir que “se trató de un episodio puntual, pero sin demostrar documentalmente ni la duración de esa situación de insalubridad en el agua ni que se actuara según el protocolo obligatorio establecido, incluyendo comunicarlo a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario”.

El túnel de trasvase, obra clave abandonada

Además, la asociación lleva años denunciando públicamente el estado de abandono y el desaprovechamiento del Túnel de Trasvase, cuya obra dirigió el ingeniero Carlos Soler Liceras, asesor de este colectivo ciudadano.

Pagada con dinero público, se empezó a construir como una conducción para llevar agua de la vertiente este de la isla al oeste, pero acabó alumbrando importantes reservas de agua, tal como lo decía el Dr. Carlos Soler, lo que la convirtió a las dos bocas del Túnel de Trasvase en las galerías más caudalosa de Canarias.

La obra proyectada no se terminó y solo se perforó la mitad, 3,3 km por la zona de El Paso y 2,5 por las Breñas, por lo que aún no atraviesa la dorsal de Cumbe Vieja, a pesar de que quedan algo más de 4 km de distancia entre las dos galerías en los que se disponen sin duda más diques subterráneos que retienen el agua y que permitirían aumentar los recursos hídricos y garantizar su calidad al alejarse de la zona habitada, evitando el riesgo de contaminación por aguas fecales.

El actual gobierno insular ha anunciado que reperforará el Túnel de Trasvase pero hasta el momento, de manera incomprensible para la asociación, no le ha dado prioridad a este proyecto, que debería ejecutarse bien de una vez, pese a que permitiría abaratar el coste del agua de manera importante, tanto para abasto urbano como para el riego agrícola; y aseguraría un recurso hídrico de calidad que se recarga por la captación de lluvia horizontal y vertical en la dorsal donde se encuentra.

Sucesión de gobiernos pro desalación en islas con agua

La asociación Agua para La Palma sigue denunciando «como los gobiernos que se han ido sucediendo en nuestras instituciones a todos los niveles imprimen a los proyectos y planes para desalar agua una velocidad que supera cualquier obstáculo con tal de llevarla a cabo, lo cual no sucede con las alternativas que sería lógico realizar en cuanto a una adecuada actuación en el Túnel de Trasvase para corregir errores de ejecución por los que se pierde agua en sus cierres, su acondicionamiento y adecuada reperforación”. 

Esto evitaría seguir cometiendo “disparates que técnicamente se empeñan en anular todo el potencial de esta obra que además ayuda a regular el agua que extrae; así como la necesaria actuación de forma inmediata para evitar las pérdidas del 50% que se producen en redes de distribución y transporte del agua reconocida oficialmente en la isla, siendo en casos incluso superior el porcentaje, y la realización de los tranques o cierres hidráulicos en las galerías tan nombrados por los políticos como irrealizados por su falta de voluntad”.

La asociación llama a la ciudadanía a “rebelarse contra el despilfarro del dinero público para generar agua de peor calidad y cara, aún a pesar de revestir de verde renovable los proyectos, que no son nada baratos y además tardarían en ejecutarse quizá más que las actuaciones que la asociación lleva años solicitando”. 

 

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