Ben Magec considera vergonzoso que el alcalde de la oliva “coaccione al Estado para que se aparte del interés general y la legalidad”

Isaí Blanco (CC) se alinea con RIU y amenaza a las responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con llevarlas ante los tribunales si no permiten que se reforme el complejo hotelero Oliva Beach

En unas “intimidatorias” declaraciones hechas el pasado 10 de febrero al Diario de Fuerteventura, Isaí Blanco, alcalde del municipio de La Oliva por Coalición Canaria, anunció que desde el Ayuntamiento se iba a actuar “jurídicamente con todos los medios a su alcance para llevar a los responsables del Gobierno del Estado a los tribunales por la suspensión del expediente para remodelar el complejo hotelero Oliva Beach e iniciar el expediente de revisión de oficio de la concesión del dominio público marítimo terrestre que el mismo ostenta en las Dunas de Corralejo”, tachando de intervención política y decisión arbitraria tales actuaciones.

Según la documentación que consta en el expediente administrativo, y a la que tuvo acceso Ben Magec, la decisión de iniciar el expediente de revisión de oficio de la citada concesión y de la paralización del posible otorgamiento de la autorización para reformar el complejo, “fue tomada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica tras conocer que RIU había falseado parte de la  información que suministró a la Administración sobre la titularidad de al menos 20 apartamentos que no eran de su propiedad”, resultando que para obtener el tipo especial de concesión que se le otorgó finalmente, es requisito “esencial” ser antiguo titular de los terrenos que tras el deslinde quedan incluidos dentro del dominio público marítimo terrestre. Este hecho, entre otros, provoca que el título administrativo que ostenta RIU y que le da soporte legal al complejo hotelero, “quede jurídicamente en entredicho al existir causas objetivas de nulidad de pleno derecho, sin que haya opción a la intervención política y a la arbitrariedad, como mezquina e interesadamente afirmaba el representante político de Coalición Canaria”.

Para Ben Magec- Ecologistas en Acción “resulta intolerable que un representante de lo público como lo es un alcalde, conociendo de primera mano cuál es la situación jurídico-administrativa del complejo hotelero Oliva Beach, se coloque del lado de los intereses espurios de una multinacional de la industria turística como RIU argumentando que defiende la economía de su municipio”.

Por tanto, Ben Magec considera, y así lo expresó en nuestro informe “RIU y el Falso Dilema”,  “que es el momento de una actuación administrativa decidida y valiente que vele por el interés general, integrando adecuadamente en la toma de decisiones el derecho universal a un medio ambiente adecuado y a la conservación de nuestro paisaje”.

En ese sentido, advierten al señor Isaí Blanco que si la Administración, incluida la suya, “cede a las presiones privadas y se desvía del principio constitucional que debe regir la actuación de toda Administración Pública conculcado en el artículo 103 de la C.E., tendremos que recurrir a los tribunales para que determinen si se incurre en un delito vulnerándose las normas que el propio marco legislativo de Costas dictamina”.

Desde la federación ecologista piensan que, al contrario de lo que plantea la multinacional RIU, “se pueden y deben buscar otras soluciones para garantizar los derechos sociales y laborales de las personas que trabajan en las instalaciones hoteleras sin necesidad de contraponerlo a la defensa de nuestros maltratados ecosistemas y del disfrute de un medio ambiente sano”. De la misma forma que no se escatima en recursos públicos para rescatar a gigantes empresariales de la quiebra, como ha pasado recientemente ante la crisis de Thomas Cook, “sería inmoral que, cuando se trata de familias de clase trabajadora no se plantearan las mismas prioridades. Pero es igualmente inmoral que RIU esté intentando crear un clima de opinión, que permita normalizar que una multinacional tenga derecho a saltarse la legalidad para seguir lucrándose a costa de la degradación del territorio y de pisotear los derechos ambientales que son de todas y todos, y resulta muy tóxico para nuestro maltrecho sistema democrático  que una vez más, representantes de instituciones públicas le sigan el juego con alevosía y premeditación”.




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