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Comunicado de Frente Antifascista de Gran Canaria en relación a la actual situación migratoria en las Islas Canarias

El consecuente auge del racismo y violencia en nuestra sociedad es responsabilidad directa de la nefasta política migratoria del Gobierno español, en colaboración y con permisividad del Gobierno canario y la Unión Europea, así como por el papel ejercido por determinados medios de comunicación con sus titulares sesgados de incitación al odio y también por la ultraderecha, que ha aprovechado la coyuntura y el filón mediático para sacar rédito político y difundir bulos y mentiras por redes que están intoxicando a parte de la sociedad canaria”

Los datos de pobreza, marginalidad, paro, habitacionalidad y dependencia son una clara muestra de que la población canaria no ha sido dotada de recursos óptimos y suficientes para garantizar una vida digna por parte de las instituciones pertinentes y que no está en absoluto preparada para afrontar una crisis migratoria como esta sin ayuda directa del Estado y la Unión Europea”

Desde distintos colectivos, plataformas y asociaciones vecinales nos unimos para denunciar los recientes actos de xenofobia y violencia que han sucedido en el Archipiélago en los últimos meses, como consecuencia directa de políticas institucionales carcelarias que desde el Gobierno español se están llevando a cabo, así como por la pésima gestión de la crisis y dejación de funciones por parte del gobierno de Canarias y el papel de determinados medios de comunicación que han jugado un papel determinante en la crispación actual, dando pie a la propagación de bulos contra las personas migrantes africanas y convertir la problemática en tema sensacionalista.

También pretendemos mostrar la realidad tan dura que viven día a día estas personas desde su llegada al Archipiélago, la cual dista mucho de la imagen que se transmite a través de los medios de comunicación, y hacer una crítica consecuente al Sistema actual del que derivan estas pésimas políticas.

Por todo ello, denunciamos:

Las políticas racistas del Gobierno del Estado y de la Unión Europea. El hacinamiento y el encarcelamiento de las personas migrantes que estamos viviendo en nuestro territorio son responsabilidad directa de las políticas criminales del estado español, con la connivencia de la Unión Europea y la permisividad del Gobierno canario y administraciones locales, que se niegan reiteradamente a trasladar personas al territorio peninsular y realizar las oportunas reubicaciones, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente y de los derechos humanos. Todo ello responde a una falta de interés y voluntad política y no a una falta de medios o marco legislativo.

Complicidad y silencio de las instituciones locales y del Gobierno de Canarias, que no están oponiéndose a que el Archipiélago se convierta en una Cárcel para personas migrantes como ha ocurrido anteriormente en otros lugares, como Lesbos o Lampedusa.

Denunciar que el Gobierno de Canarias ha dejado a muchas personas migrantes sin ningún asesoramiento jurídico, como bien han denunciado algunas abogadas en Tenerife, impidiéndoles así ejercer eficientemente sus derechos.

Denunciar el papel fundamental que están cumpliendo los medios de comunicación en el incremento de estas actitudes racistas por parte de la sociedad civil. A todos los actos vejatorios perpetrados por las instituciones, se suma el constante acoso que desde determinados medios de comunicación, que está ejerciendo sobre este colectivo, vertiéndose multitud de noticias tergiversadas, opiniones parciales, datos poco fiables en algunos casos y omitidos en otros, y una larga lista de mala praxis, cuyas víctimas fundamentales son las personas migrantes y también la sociedad canaria en su conjunto que, ante tanta manipulación y sesgo informativo, han visto aumentado su miedo hacia este colectivo, asumiendo un peligro inexistente. Tal es la manipulación que se está dando a través de los medios, tanto a nivel estatal como nacional, que se ha adjudicado la autoría de hechos delictivos a personas migrantes resultando luego falsas y    desmontadas por la propia policía o las mismas vecinas. Por contra, las agresiones sufridas por las personas migrantes han recibido una menor cobertura.  

Denunciar la política imperialista del Gobierno español, que presiona a países africanos para firmar acuerdos de deportación de inmigrantes. En la actualidad España tiene acuerdos de devolución con Gambia, Marruecos, Mauritania y Senegal. Algunos acuerdos les permiten deportar a algunos de estos países a migrantes, aunque no sean nacionales de dichos países, basándose sólo en la ruta migratoria que haya utilizado dicha persona, dejándolos en multitud de casos en una situación de gran indefensión.

Denunciar la arbitrariedad del Gobierno español, que directamente se salta su propia legislación: La Ley de Extranjería, ya de por sí una ley bastante racista. Según esta legislación, cuando las personas migrantes reciben el acuerdo de devolución, se les aporta un número de identificación de extranjería (NIE) con el que podrán moverse dentro del territorio español siempre y cuando indiquen su ubicación actual en el momento en que se vaya a llevar a cabo la deportación. Sin embargo, se está incumpliendo esta ley. Tanto las personas que tienen NIE como los que tienen pasaporte vigente se les está impidiendo abandonar las islas como parte de la estrategia de encarcelamiento en nuestro territorio y así evitar que alcancen el continente europeo.

Otro de los asuntos importantes a denunciar son las redadas policiales con tintes racistas que se están produciendo en los aeropuertos, buscando de manera muy concreta a migrantes con pasaporte o con NIE para no dejarlos viajar. Muchas de estas personas han perdido mucho dinero en billetes de avión. A algunos de ellos les ha pasado hasta en varias ocasiones. Debemos recordar que debido a esta situación miles de personas se encuentran en nuestro país bloqueadas hasta 4 y 5 meses, con la incertidumbre y el desasosiego que esta situación les supone.

No podemos olvidar nombrar los campamentos de la vergüenza, que se están ubicando casualmente en barrios obreros de Las Palmas de Gran Canaria, donde la pobreza es estructural y el fracaso escolar y el desempleo, lo habitual. Estos campamentos no cumplen con las expectativas mínimas de dignidad, ni con los estándares de derechos humanos. Muchas son las denuncias de las personas migrantes que aseguran haber estado hasta varias semanas sin poder ducharse. Cabe recordar que, según la legislación vigente, las personas migrantes no deberían pasar más de 72 horas en estos campamentos. Toda esta política atenta, obviamente, contra los derechos de las personas migrantes, pero es que, además, se les priva de todo tipo de actividades formativas, culturales o deportivas que les permita conocer el idioma, relacionarse con su entorno o garantizar su salud mental y física.

Por todo ello, el consecuente auge del racismo y violencia en nuestra sociedad es responsabilidad directa de la nefasta política migratoria del Gobierno español, en colaboración y con permisividad del Gobierno canario y la Unión Europea, así como por el papel ejercido por determinados medios de comunicación con sus titulares sesgados de incitación al odio y también por la ultraderecha, que ha aprovechado la coyuntura y el filón mediático para sacar rédito político y difundir bulos y mentiras por redes que están intoxicando a parte de la sociedad canaria, ya de por sí preocupada por una situación de incertidumbre e inestabilidad social y económica enquistada desde hace décadas y agravadas por la crisis CoVid.

Denunciamos también que, desde el Gobierno estatal y canario se están utilizando algunos de los conflictos ocasionados por estas situaciones, para aplicar aún más mano dura contra la inmigración, como bien dijo el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, justificando que los migrantes africanos con actitudes violentas deben ser expulsados.

Considerando que a estas personas se les está dejando en un absoluto estado de abandono, en condiciones infrahumanas, sin asesoramiento legal, sin actividades formativas y en un estado de falta de expectativas total, nos parece de una absoluta mezquindad, justificar las deportaciones y las políticas criminales del estado español cuando alguna de estas personas comete alguna infracción, en vez de proponer un cambio que garantice una solución real a esta crisis, además de centrar el foco de la violencia en Canarias en la migración del continente, obviando la violencia generada por personas nacionales y de otros continentes, como el europeo -incluyendo a los turistas-, la cual representa la amplia mayoría de casos delictivos. Este doble baremo es profundamente xenófobo y en nada ayuda a frenar la ola de odio y miedo generada en los últimos meses contra los migrantes africanos, más bien afianza esas actitudes.

A todo lo anteriormente dicho, hay que hacer mención a la paupérrima situación social y económica que se vive en Canarias, y que la crisis CoVid ha agravado. Los datos de pobreza, marginalidad, paro, habitacionalidad y dependencia son una clara muestra de que la población canaria no ha sido dotada de recursos óptimos y suficientes para garantizar una vida digna por parte de las instituciones pertinentes y que no está en absoluto preparada para afrontar una crisis migratoria como esta sin ayuda directa del Estado y la Unión Europea.

La sociedad canaria vive dentro de un sistema que tiene al Archipiélago en situación constante de precariedad y desatención, con escasos mecanismos de autogestión y que obvia de manera constante su realidad actual e histórica, donde la emigración e inmigración están ampliamente presente y han sido claves en la conformación de Canarias. Esta situación de abandono es el caldo de cultivo perfecto para el auge de partidos de extrema derecha y de actitudes violentas e intolerantes, como estamos viendo en las últimas semanas.

Por todo ello exigimos, a los gobiernos de Canarias y España:

–        Que se abran las fronteras y se inicie las derivaciones de personas migrantes al continente europeo.

–        Que se garantice la integridad total de estas personas y el cumplimiento de los Derechos Humanos.

–        Que se penalice a aquellos medios de comunicación cuyos únicos fines informativos sean con una clara orientación de incitación al odio, así como a toda asociación civil que fomente actitudes violentas o xenófobas con intereses partidistas.

–        Que se garantice las condiciones de salubridad, asesoramiento jurídico y formativas de este colectivo durante su permanencia en los campamentos.

–        Que se dote a Canarias correctamente para afrontar con toda garantía este proceso migratorio.

–        Que se abandonen todo tipo de políticas imperialistas.

–        Que se lleven a cabo las medidas oportunas para la correcta convivencia e integración en Canarias de las personas migrantes, independientemente de su procedencia.

–        Que acabe de una vez por todas el abandono y menosprecio a Canarias y se trabaje firmemente por eliminar las políticas y actitudes aporofóbicas, racistas y clasistas.

Frente Antifascista de Gran Canaria




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