¿Desalación para salvar la agricultura o el lobby del agua?

Sara Hernández, portavoz de Drago Canarias en La Palma

Por mi trabajo en el sector platanero tengo el privilegio de hablar con muchas personas que se dedican a la agricultura, y de estar presente en tertulias sobre temas que no suelen llegar a los medios de comunicación, sino que permanecen en esos espacios de desahogo en los que se convierten los empaquetados, las ferreterías o los bares.

Últimamente, me han saltado las alarmas al escuchar en repetidas ocasiones y en diferentes situaciones que la instalación de desaladoras ya es la única esperanza del sector. La única solución posible a la escasez de agua —¿o a su mala gestión? —.

En febrero de este año, el Cabildo de La Palma convocó la Mesa de la Sequía, y en el informe presentado por el personal técnico del Consejo Insular de Aguas —CIALP—, en el apartado Propuestas de medidas, se puede leer lo siguiente: “Carece de toda lógica el hecho de […] pensar en la producción industrial de agua sin disponer de un sistema hidráulico con rendimientos aceptables”.

Sorprendentemente, menos de un mes después pudimos leer en la web de la primera institución insular que “Cabildo y Ayuntamiento preparan los proyectos y marcan la hoja de ruta para la instalación de una desaladora en la costa de Fuencaliente”, y desde entonces no hemos parado de escuchar y leer en todos los medios de comunicación isleños por parte de innumerables personalidades de la política palmera la necesidad imperiosa que tiene la isla de instalar desaladoras.

Unos meses más tarde, y mientras nos van metiendo esta idea con calzador, el pasado agosto las comunidades de aguas dependientes del canal LP-1 recibieron un escrito del CIALP en el que se les comunicaba una reducción del caudal del 20 %, debida a “mermas y consumos no registrados en el sistema”, situación que no ha revertido aún.

¿Encuentran el fallo en esta línea temporal?

Sí, es verdad que el Cabildo ha anunciado este año que está trabajando para mejorar las infraestructuras hídricas de cara a reducir las pérdidas en la red de distribución, pero que ya den por sentado —y de hecho estén promocionando visiblemente— la opción de la desalación me parece muy peligroso de cara al futuro de la gestión del recurso.

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en una jornada sobre la eficiencia del agua en la platanera a través del uso de dispositivos de lectura de la humedad del suelo y del riego por goteo. En una de las fincas que visitamos, por ejemplo, se ha estado usando un tercio menos del agua que se solía gastar gracias a estas tecnologías, y sin afectaciones en la producción, y hay varios ejemplos más que están empleando incluso hasta un 50 % menos.

Y esto sería una gran noticia si todos los plataneros pudieran hacer lo mismo, pero la realidad es que tal y como funciona el sistema de abastecimiento por parte de los dueños del agua, ahora mismo es inviable para una gran parte de estos agricultores.

Me explico: la rigidez del sistema actual de muchas de estas comunidades impide que los usuarios intenten siquiera mejorar la gestión del recurso y minimizar el consumo, ya que, si tienes el agua pagada, o bien la usas o bien la botas —en la mayoría de los casos no hay manera de permutarla o disponer del recurso no consumido en una ocasión futura de necesidad—.

Esta falta de flexibilidad en los turnos de riego desincentiva la optimización del uso del agua, máxime cuando ahora mismo no solo no hay manera de “premiar” a quienes están haciendo un uso racional, sino que cuando se implementan recortes como el de Fuencaliente afecta a todos por igual, estén despilfarrando o estén ahorrando —en este último caso, poniendo incluso en riesgo la supervivencia del cultivo—.

La única manera de que la gran mayoría de las personas que se dedican a la agricultura modernicen sus sistemas de riego y puedan así hacer un uso óptimo del agua sin obligarles a invertir en costosas obras de almacenamiento es que se flexibilicen las dotaciones, y ese es trabajo de quienes están explotando el recurso: los dueños del agua.

Para más inri, mientras en unas zonas hay recortes, en otras puedes tener acceso a más cantidad de agua mientras la pagues. Un total sinsentido. Parece que en La Palma la falta de agua solo afecta a quien no pueda pagar su precio.

Entonces, viendo esta situación y resignados a que el CIALP nunca va a actuar en perjuicio de estos dueños del agua, veo totalmente normal que la conclusión de muchos agricultores sea que la desalación es la única vía.

Durante los años que dure la concesión de uso del agua pública por parte de los explotadores privados, estos tienen unas obligaciones relacionadas con su aprovechamiento racional, su uso eficiente y la protección del medio ambiente, al mismo tiempo que deben presentar informes periódicos sobre el estado del recurso y las condiciones de explotación —cosa que muchos no hacen o hacen mal y tarde—.

A su vez, la Ley de Aguas de Canarias de 1990 incluye un régimen sancionador para quienes incumplan estas obligaciones, sanciones que pueden incluir multas, revocación de la concesión e incluso responsabilidad penal. La labor de vigilancia y control de estas concesiones dentro del ámbito insular recae en el CIALP, pero obviamente está brillando por su ausencia.

¿Y qué hacemos ante esta aparente dejación deliberada de funciones?

¿No tendría sentido que el CIALP, antes de invertir millones de euros en la producción industrial de agua, no solo se pusiera definitivamente manos a la obra a atajar las pérdidas, sino que ejerciera de una vez su rol de vigilancia del cumplimiento de los términos de las concesiones? Solo por poner un ejemplo, el hecho de que ahora mismo el CIALP haya establecido cortes de agua en algunas zonas mientras que en otras los aguatenientes te den agua si la pagas me parece ya un incumplimiento en cuanto a uso eficiente y conservación del recurso.

El haber instaurado en el imaginario público las desaladoras como única alternativa viable, mientras echan siempre las culpas al gobierno del color político anterior y se sacuden de encima cualquier tipo de responsabilidad es una jugada maestra tanto para mantener el statu quo del lobby de la gestión privada como para no rendir cuentas por su ineficacia e ineptitud.

Pero lo que me parece ya totalmente ruin es que se ponga el peso de la titánica tarea de la optimización del uso del agua sobre los hombros de agricultores y agricultoras, cuando sin la intención del CIALP y el beneplácito de los dueños del agua, no se logrará cambio alguno.

Hay muchas medidas que se pueden implementar para salir de esta situación antes que optar directamente por la desalación: transparencia y monitoreo de datos, auditorías, modernización de infraestructuras, recuperación de estanques y aljibes, flexibilización del sistema, establecimiento de bancos de agua, incremento de la participación ciudadana, etc., pero todas pasan por que el Consejo Insular de Aguas de La Palma le ponga el cascabel al gato y ejerza sus funciones de vigilancia, control y sanción frente a la explotación privada. Pero dudo mucho que esto pase porque, por seguir con los símiles animalísticos: perro no come perro.

Sara Hernández

portavoz de Drago Canarias en La Palma