El Cabildo de Tenerife sigue sin rumbo hacia la transición energética

Más de treinta años después, el gobierno insular sigue intentando con todos sus medios construir una regasificadora

El pasado 28 de mayo, fecha cercana a la celebración del Día de Canarias, el Pleno del Cabildo de Tenerife aprobó una moción del Partido Popular a favor, otra vez, de una regasificadora para la isla con el aplauso de Socialistas, Ciudadanos y Coalición, siendo Sí Podemos la única fuerza contraria.

En el Pleno insular se producen en cada sesión encendidas discusiones, manifestaciones acaloradas, posiciones irreconciliables entre los grupos tradicionales, pero llegando al gas todo es acuerdo, paz y armonía. El guion de las obras faraónicas sigue su curso esté quien esté al frente porque nuestros representantes del Psoe, CC, PP y Ciudadanos son una piña para lo que llaman intereses de Tenerife.

El proyecto del gas cumple treinta y tres años. Desde 1988 muchísimas cosas han cambiado, pero el gas sigue ahí, contra toda lógica económica y energética, contra los contundentes informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que explican que la regasificación es inviable.

Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de Tenerife recomendamos al actual equipo de gobierno que actualice su información sobre el expediente, en sus aspectos jurídicos, y el último pronunciamiento del Tribunal Supremo en marzo de 2018. A nuestro entender, esta firme alianza de los partidos tradicionales puede estar animada por las expectativas que los fondos de recuperación están generando en administraciones públicas y la iniciativa privada, capaces de resucitar un proyecto muerto torpemente pintado de verde. Solo que el verde no es vegetal sino el color de los billetes.

La transición energética de Tenerife presenta una imagen de improvisación, desorden territorial y falta de modelo alternativo, especialmente grave en un contexto en el que las tecnologías energéticas podrían permitir un avance importante hacia el protagonismo de las renovables con una participación ciudadana directa, pero las instituciones públicas se empeñan  en facilitar la concentración de los activos en los oligopolios de siempre.

En este sentido, la Plataforma detecta los síntomas siguientes en el Cabildo de Tenerife:

  • No tiene planificación territorial de las infraestructuras energéticas.
  • No tiene un modelo insular de transición energética.
  • Confunde los intereses de los oligopolios con el interés general de la isla y el Medio
  • Reivindica durante treinta y tres años una regasificadora con una fuerte oposición ciudadana, contra las resoluciones del regulador y de los tribunales, e incluso con la caducidad de la evaluación
  • Guarda un silencio cómplice ante la privatización del sol y el
  • Confunde la independencia del petróleo con la diversificación de los suministros fósiles.
  • Ignora que el gas encarece los precios en el mercado mayorista y subiendo el recibo de la
  • Carga las pérdidas de las infraestructuras deficitarias sobre la ciudadanía.
  • Proclama su compromiso con la Agenda 2030 pero en el mismo renglón olvida la sostenibilidad de la transición energética, protege la generación concentrada y promueve el impacto territorial.
  • Deja escapar la oportunidad de una transición energética sostenible, justa y ciudadana para entregar los fondos de recuperación al mejor
  • Renuncia a diversificar la economía insular y a reducir la vulnerabilidad de las personas.
  • Y, en definitiva, ignora la emergencia climática despreciando el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo y la democratización de la energía.

A la Plataforma le sorprende que un Pleno celebrado en 2021 vuelva a reivindicar los mismos argumentos que en 1988 y se pregunta si serán necesarias tres décadas más para comenzar la transición energética y si para ello será necesario reforzar lo que ya existe, lo que no nos ha llevado a ninguna parte.

Un 8 de noviembre de 1988, el Parlamento canario decidió apostar por el gas natural, en 2006 llegó el primer ciclo combinado a la central de Granadilla, en 2012 se otorgó la autorización administrativa por la Dirección General de Energía y Minas para la construcción de la regasificadora, el puerto de descarga se inauguró en 2018 y en fechas cercanas el Tribunal Supremo paraliza el proyecto.

Para retomarlo, habrá que iniciar un nuevo expediente y el movimiento ciudadano volvería a recurrirlo, ahora con más argumentos a su favor. Porque es una infraestructura que pertenece al pasado de la energía en esta isla, más aún cuando desde hace años las tecnologías renovables son mucho más baratas y son la respuesta al cambio climático.

Plataforma Por Un Nuevo Modelo
Energético para Canarias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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