Hasta 4.506 mujeres migrantes podrían estar trabajando como empleadas de hogar en Canarias sin contrato ni alta en la Seguridad Social

Un estudio de ODESOCAN sitúa entre 718 y 4.506 las trabajadoras del hogar en situación administrativa irregular en el archipiélago en abril de 2026, en vísperas de la entrada en vigor del Real Decreto 316/2026 de regularización extraordinaria

El cruce de fuentes oficiales sitúa a Canarias entre los territorios con mayor informalidad del Estado en este sector

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN) estima que entre 718 y 4.506 mujeres migrantes trabajan actualmente en hogares canarios sin contrato ni alta en la Seguridad Social. La cifra, correspondiente a abril de 2026, se obtiene triangulando los registros administrativos de la Seguridad Social, encuestas sectoriales nacionales y un análisis comparado del peso demográfico del archipiélago. El estudio se publica en un momento clave: el pasado 14 de abril, el Consejo de Ministras y Ministros aprobó el Real Decreto 316/2026, que da comienzo al proceso de regularización administrativa extraordinaria, una medida que podría beneficiar a unas 500.000 personas en todo el Estado.

Principales hallazgos

Una invisibilidad estructural medida con tres métodos. Partiendo de las 2.153 mujeres extranjeras afiliadas al Sistema Especial de Empleadas del Hogar en Canarias, el equipo aplicó dos aproximaciones complementarias. La primera, conservadora, toma el ratio documentado por la Universidad de A Coruña y la Plataforma por un Empleo del Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos (2024), según el cual una de cada cuatro mujeres migrantes del sector se encuentra en situación irregular: el cálculo arroja 718 mujeres como suelo. La segunda compara el peso demográfico de Canarias (el 4,62% de la población estatal) con su peso en afiliaciones (apenas el 1,49% del total estatal). Esa brecha de 3,13 puntos porcentuales -la segunda mayor del Estado tras Andalucía- equivale a un déficit de afiliación de 4.506 trabajadoras, que se adopta como techo estructural.

El silencio estadístico también es un dato. Un tercer método basado en microdatos de la Encuesta de Población Activa tuvo que descartarse por inviabilidad muestral: el cruce de comunidad autónoma, género, nacionalidad y ocupación en Canarias arrojó apenas 10 y 36 casos en los Grandes Grupos 9 y 5 respectivamente, con coeficientes de variación superiores al umbral de publicabilidad del INE. Para ODESOCAN, “esta opacidad no es neutra: reproduce y legitima la violencia que pretende medir”.

Violencia y pobreza laboral. El informe recoge evidencia recopilada por Oxfam Intermón en 2026 y respaldada por 150 organizaciones del Estado: el 49,2% de las trabajadoras del hogar encuestadas afirma haber vivido alguna forma de violencia laboral. Entre las más frecuentes, control excesivo mediante cámaras, llamadas y mensajes constantes (49,2%), faltas de respeto e insultos (47,8%), impago de salarios (29,7%), proposiciones sexuales (17,1%), violencia física (17,1%) y tocamientos sin consentimiento (8,5%). Tres de cada diez trabajadoras del sector no obtienen ingresos suficientes para salir de la pobreza.

El precedente de 2005 y sus límites. La única regularización con impacto documentado en el sector es la de 2005, que en un año redujo la tasa de irregularidad del 70% al 45%. El efecto, sin embargo, no fue duradero: la irregularidad volvió a crecer hasta que la reforma de 2012 obligó a cotizar desde la primera hora. Desde 2018, las afiliadas al Sistema Especial han caído un 17% en el conjunto del Estado, pasando de 419.000 a 347.000 en mayo de 2025.

Implicaciones en el contexto actual

La regularización extraordinaria que arranca en 2026 abre una ventana de oportunidad para mujeres atravesadas por cuatro capas simultáneas de invisibilización: ser mujer, trabajar en cuidados, ser migrante y carecer de documentación. ODESOCAN advierte, sin embargo, que el reconocimiento administrativo no garantiza por sí solo la equiparación de derechos ni el cierre de la brecha de género. La precariedad estructural del sector exige medidas complementarias en política fiscal, inspección laboral con perspectiva de género y, sobre todo, el reconocimiento económico del trabajo de cuidados, que según el Diagnóstico de Cuidados de Larga Duración de Acufade alcanza en Canarias los 3.174 millones de euros anuales -cuatro veces el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social y el 5% del PIB regional-. Sin estas medidas, alerta el observatorio, el proceso de 2026 corre el riesgo de reproducir la paradoja de 2005: un impacto inicial seguido del retorno a la informalidad.

_{Fuente: ODESOCAN (2026), a partir de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; INE (Censo Anual 2024, EPA 1T 2026); Universidad de A Coruña y Plataforma por un Empleo del Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos (2024); Oxfam Intermón (2024, 2026); Acufade (2025); ISTAC (2026). Contacto: odesocan.org}