Intersindical Canaria en Tenerife denuncia la marginación de la prevención de riesgos laborales en centros de trabajo
Canarias constituye históricamente una de la Comunidades Autónomas donde se detectan mayores incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de las distintas normativas de seguridad y salud desde el ámbito público y privado
El Secretariado Confederal Insular de Intersindical Canaria en Tenerife denuncia públicamente la pésima o nula, en muchos casos, gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en multitud de centros de trabajo incluidas las administraciones públicas, en relación al incumplimiento de los protocolos marcos emitidos por el Ministerio de Sanidad frente a la actual pandemia por Coronavirus (Covid-19), hasta la actual situación de cese de las actividades productivas no esenciales. El cual, entre otras directrices, venía indicando la obligación empresarial de implantar un protocolo de actuación específico teniendo en cuenta la actividad propia de cada centro de trabajo y de las personas que en él prestan servicio.
En este sentido, esta organización sindical a través de los/as representantes legales de los/as trabajadores/as en materia preventiva denunciaban continuamente la imposibilidad de mantener las distancias de seguridad entre personas. Por ejemplo, en las distintas obras de la construcción, con “irresponsabilidad” de las empresas de dicho sector en Canarias por falta medidas ante el COVID-19.
Asimismo, se llegaron a detectar hacinamientos en los servicios y vestuarios de los trabajadores/as, en las entradas y salidas de los centros de trabajo de los servicios públicos, especialmente los de limpieza y mantenimiento, así como la falta de información precisa y entrega de Epis (Equipos de Protección Individual) adecuados y en cantidad suficiente a los trabajadores/as, especialmente guantes profilácticos de un solo uso e incluso geles para el lavado de manos, no proveyéndose el acopio de los mismos para continuar la actividad laboral con mayor seguridad para los/as trabajadores/as y terceros.
En muchas de estas empresas, se ha dejado de lado la consulta y participación de los representantes legales de los/as trabajadores/as y de la parte social de los Comités de Seguridad y Salud, legalmente constituidos en los centros de trabajo.
Desde Intersindical Canaria queremos recordar que las empresas tienen la obligación de proteger a las plantillas aún en activo de todo tipo de riesgos, incluido el coronavirus. Así, deben seguirse las recomendaciones que les transmita su servicio de Prevención.
En el protocolo de actuación del Ministerio de Sanidad figuran las situaciones de riesgo de contagio y los Epis que es necesario proporcionar conforme a la situación de cada persona trabajadora. En este sentido, en los casos en los que aún no se haya implantado ningún procedimiento de actuación, el Comité de Seguridad y Salud o en su defecto lo/as delegados/as de Prevención, tienen la obligación de promover este tipo de actuaciones, poner en conocimiento de la autoridad laboral dichos incumplimientos y/o la paralización de la actividad laboral en base a lo contenido en este sentido en (LPRL, art. 4.4.), por riesgo grave e inminente. La actual normativa considera una infracción muy grave impedir el ejercicio de este derecho (Art. 13 del Texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social).
No es de sorprender dichas anomalías de carácter preventivas incluso en el actual “estado de alarma sanitaria”, pues Canarias constituye históricamente una de la Comunidades Autónomas donde se detectan mayores incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de las distintas normativas de seguridad y salud desde el ámbito público y privado constituyendo, por ende, una de las CC.AA. con mayor número de accidentes laborales registrados anualmente. Asimismo, la clase trabajadora canaria ante esta crisis sanitaria está en una posición de desventaja por ir de remolque en la economía y con las peores condiciones laborales del Estado, con altísimo desempleo, trabajos precarios y bajos salarios, en una situación social con más del 36% de la población canaria en el umbral de la pobreza y la exclusión social.
Es por ello que desde esta organización exigimos más recursos de protección laboral para que empleados, desempleados, dependientes o jubilados no vean mermados sus actuales derechos laborales o de prestación social.
Recordamos, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ante una posible exposición a un riesgo grave e inminente, las empresas deben informar lo antes posible y adoptar medidas necesarias para interrumpir la actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Unimos a lo dicho anteriormente, la gran mercantilización de la prevención de riesgos laborales en el estado español, servicios que en estos momentos en, gran medida, se han demostrado ineficaces.
Desde este Secretariado Confederal Insular de Intersindical Canaria continuaremos con un seguimiento exhaustivo y denunciando las situaciones de riesgos a las que están expuestos muchos trabajadores y trabajadoras de distintos sectores de la producción. Acusar al empresariado de “irresponsabilidad y de una actitud de deshumanización que les lleva a permitir que las personas trabajen sin protocolos sin Equipos de Protección Individual Específicos que las proteja ante el peligro de contagio del Coronavirus.
