La tangentópolis tinerfeña

 

Disculpen que no les hable de las rastas del diputado de Podemos por Tenerife ni de los parásitos que anidan en la ultraderechista lengua de Celia Villalobos; no tengo intención de alimentar el morbo de los que se quedan mirando el dedo en lugar de la luna que éste señala. Ni siquiera les hablaré del bebé de Carolina Bescansa, aunque su descarada y juguetona aparición en un hemiciclo donde han sentado sus posaderas tantos “mamones” sin que nadie se sonrojara, a excepción de algunas y algunos diputados izquierdistas, espero que contribuya a la reactivación de un debate pendiente: La urgente e ineludible puesta en marcha de una verdadera ley de conciliación familiar, que dé respuesta a las justas demandas de las clases populares. La anterior se la cargaron PP/PSOE con sus recortes, recluyendo los derechos de millones de familias trabajadoras en ese limbo al que también han desterrado todos los derechos sociales y económicos recogidos en el Título I de la Constitución. Miren por dónde, un motivo más para exigir la imperiosa apertura de un proceso constituyente.

OLIGARCAS EN EL BANQUILLO.- La luna que les propongo contemplar es el Archipiélago Canario. Este 2016 las Islas parecen más luminosas y cálidas, no sólo por la influencia del potente fenómeno del “Niño”, que tiene asustados a los latinoamericanos, sino porque por primera vez la Justicia sienta en el banquillo de los acusados a un nutrido grupo de lo más granado de la oligarquía ultraperiférica, así como a varios de sus representantes en las instituciones públicas.

Hasta ahora habíamos asistido a una secuencia lineal e inconexa de denuncias por corrupciones. A los casos de Puerto Marena, Tindaya o Amorós, en los primeros años de la construcción del andamiaje político-empresarial de Coalición Canaria y sus adláteres del PP y PSOE, donde fue notoria la participación de tres presidentes del Gobierno Autónomo –Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín–, aunque sin repercusiones políticas ni penales para ellos, les siguieron los casos Faycán, Eólico, Unión, Góndola o Europa. Todos han contribuido a convertir a nuestra comunidad autónoma en líder del Estado en casos de corrupción por habitante.

Pero la coincidencia temporal de las vistas orales de tres de los procesos más importantes de este tipo en Tenerife –Arona, areneras de Güímar y Las Teresitas, nos da una visión de conjunto inexplorada hasta el momento y desechada por los medios informativos del régimen. No es una sorpresa que en ellos se den simultáneamente los delitos tipificados como prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho o tráfico de influencias, a los que se añade la infracción medioambiental en el de las areneras y, como algo colateral, el intento de enchufar en el Ayuntamiento de Arona a una sobrina de Paulino Rivero, anterior presidente del Gobierno de Canarias, lo que no es un delito en sí mismo, pero sí un obsceno ejemplo de cómo se ha gobernado en estas Islas.

Tampoco asombra que coincidan entre los acusados los nombres de relevantes representantes del mundo empresarial. Como su mera relación no cabría en este artículo citaré por su poder e influencia tan sólo a dos: Antonio Plasencia, imputado en Güímar y presidente hasta hace muy poco de uno de los lobbies más influyentes de Tenerife, el de los constructores (FEPECO), e Ignacio González, ex titular de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, que próximamente compartirá banquillo con el anterior por el pelotazo de Las Teresitas. Ambos representan magníficamente a ese colectivo de multimputados a los que sus corifeos mediáticos aún ensalzan con loas y ditirambos tales como gente hecha a sí misma”, “grandes empresarios”, “inversores sacrificados que trabajan pese a las dificultades impuestas por la maraña legal que obstaculiza nuestro desarrollo económico” y otras jerigonzas por el estilo. La campaña de cara a la creación de una opinión exculpatoria de los desmanes es descomunal, llegando a criminalizar a las leyes por no adaptarse al apetito voraz de estos afanadores de lo público. No extraña, pues, que Plasencia, en una especie de justicia a la carta, haya propuesto al fiscal del caso areneras de Güimar un “acuerdo” en el que no sólo se declara culpable del delito, sino que se compromete a pagar la morterada de 53 millones de euros para reparar el daño ecológico ocasionado. Todo con tal de no dar con sus huesos en el talego. Es el mismo sentido de la Justicia que hace que el alcalde de Santa Cruz no ejecute la sentencia firme de derribo del mamotreto.

TAMBIÉN SUS CÓMPLICES INSTITUCIONALES.- Ya hemos señalado que junto a los corruptores, una pléyade de alcaldes, concejales, secretarios municipales y funcionarios varios, han caído como bombas de racimo sobre las ayuntamientos convirtiéndolos en una especie de oenegés dedicadas al lucro personal, partidario y de sus amigos empresarios. Entre ellos brillan con luz propia el ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ya condenado a ocho años de inhabilitación por el caso García Cabrera, y el anterior primer edil de Arona, José Alberto González Reverón, ambos militantes de Coalición Canaria. Son los más significativos exponentes de las alcaldadas –malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, tráfico de influencias, cohecho, etcétera– que se han hecho demasiado habituales en las corporaciones municipales tinerfeñas. Tanto, que más de la mitad de los alcaldes de CC han estado o están imputados por algunos de los delitos citados.

Pero es que hasta el actual presidente del Gobierno Autónomo, Fernando Clavijo, unos meses antes de las últimas elecciones locales y autonómicas, estuvo imputado por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, presuntamente cometidos cuando estaba al frente de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna. El auto de imputación dictado por el juez Romero Pamparacuatro no sorprendió a casi nadie, pero sí la desimputación sustentada en la anulación parcial de las escuchas telefónicas, pues aunque según la fiscalía eran válidas, ya “que no hay el más mínimo indicio de que se hayan tergiversado”, al no existir –sorprendentemente– auto de prórroga de las mismas entre el 21 de septiembre y el 21 de octubre de 2010, se anularon junto con las pruebas que se derivaban de ellas. ¿Error del juez o…?

DOS CLASES DE CORRUPCIÓN.- Junto a la corrupción ilegal, convive otra corrupción “legal”, que se produce cuando el poder público se pervierte configurándose como una plataforma de defensa de intereses privados. En Canarias no se entendería que tanto el Estatuto de Autonomía como el Régimen Económico y Fiscal –las grandes leyes “constituyentes” de nuestra convivencia–, así como las normas que las complementan y/o desarrollan –Ley Electoral, la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), el REA, LA ZEC, ETC.- respondieran tan claramente a las exigencias de los poderosos grupos económicos, si éstos no gozaran de capacidad para capturar voluntades, tanto individuales como colectivas, capaces de traducir en normas legales sus intereses.

El caso de la desprotección de los sebadales de Granadilla, para propiciar la construcción de un puerto industrial –inútil pero muy acorde a los beneficios de un empresariado voraz–, constituye un ejemplo difícilmente superable de esa corrupción “legal” e institucionalizada, a cuya sombra y durante casi cuarenta años ha prosperado una oligarquía política y económica, a la que no han importado nada las secuelas de desempleo, pobreza y marginación social que sus rapaces actuaciones han ocasionado y siguen ocasionando en amplias capas de la población trabajadora de las islas.

 

 

 

 

Ramón Afonso

 

 

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