Santiago Pérez denuncia que Clavijo acosa al TSJC para que archive el Caso Grúas, sobre el que ya no tiene autoridad jurisdiccional

Nadie sabe quién es el anónimo periodista que firma como F.R., porque en realidad es Fernando Clavijo, al que no se ha imputado hasta ahora, y sí a sus subordinados, simplemente porque estaba aforado”

El concejal de La Laguna Santiago Pérez afirma que “la finalidad de la escandalosa campaña de presión que está desarrollando el Gobierno de Canarias sobre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y sobre la opinión pública es evidente: están incitando al TSJC, que ya no tiene competencias jurisdiccionales sobre el Caso Grúas, a decretar el archivo”. “Y esto nos colocaría directamente en el terreno de la prevaricación judicial”, advirtió.

Santiago Pérez señala que “el informe del teniente fiscal al que se refieren los libelos del Gobierno de Canarias y su presidente, Fernando Clavijo, difundidos hoy por sus agentes propagandísticos, si de verdad existe, es completamente irrelevante desde el punto de vista jurídico porque la competencia la tiene el Fiscal Jefe. Y el Fiscal Jefe ha informado en términos sumamente respetuosos con el ordenamiento jurídico”.

El TSJC ya no tiene competencias jurisdiccionales sobre el Caso Grúas, no tiene más autoridad sobre ese caso que la que pueda tener cualquier simple ciudadano.

La información que han sacado La Opinión y La Provincia pretende ignorar dos resoluciones judiciales de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que con mucha claridad establecen indicios de tres delitos de los que el principal responsable es Clavijo, al que no se ha imputado hasta ahora, y sí a sus subordinados, simplemente porque estaba aforado”, explicó Pérez.

En esas mismas informaciones –añadió- “parece ignorarse también que la Fiscalía ya expresó su criterio ante el Juzgado de Instrucción, y era favorable a elevar el caso al TSJC porque existen indicios de criminalidad en la actuación de Clavijo como alcalde”.

El concejal lagunero considera que “las agencias de propaganda del Gobierno no tienen el mínimo respeto de publicar el texto, porque seguramente no lo tienen. Están montando toda una campaña de presión sobre la base de bulos. Y como además se permiten referirse al programa Atlante, del que tanto se habló en el Caso Corredor, vamos a tener que hablar en serio de este programa y de sus conexiones con el Gobierno”.

Más que informaciones son un derroche de opinión constante que firma un periodista anónimo. Nadie sabe quién es F.R., porque en realidad es Fernando Rlavijo. El dato más grotesco de la información es que el anónimo firmante dice que para examinar los 22 volúmenes que ya constituyen el Caso Grúas no hace falta estudiarlos todos, sino algunos aspectos del mismo. Se supone que se refiere exclusivamente a los escritos de las defensas de José Alberto Díaz y el propio Clavijo”. 

Y sobre todo olvida que “los fiscales competentes procesal y jurídicamente en este asunto ya han dicho lo que tenían que decir: el primero que era favorable a la elevación del caso al TSJC porque existen indicios de criminalidad que apuntan a Clavijo; y el segundo que el TSJC tiene que devolver el caso a la jurisdicción ordinaria porque desde la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía y la supresión del aforamiento ya no tiene potestad jurisdiccional sobre el mismo”.

Santiago Pérez considera finalmente curioso que el Gobierno canario y sus voceros se pasaran la semana pasada acusando a Pedro Sánchez de presionar a la Fiscalía, sobre la base de meras suposiciones, y ahora estén desarrollando en vivo y en directo una campaña de acoso sobre la Fiscalía y el TSJC que no tiene precedentes.




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