Victoria vecinal en Tegueste: anulada la licencia de construcción de la gasolinera de Las Toscas
“Debemos recordar que todas las alegaciones en contra presentadas fueron rechazadas por el anterior alcalde, José Manuel Molina, asesorado por el Secretario Municipal, actualmente encarcelado por delito urbanístico (Caso Las Teresitas)”
“Falta demoler la obra y recuperar su estado anterior. ¿Quiénes pagarán la demolición? ¿Tiene alguien derecho a alguna indemnización? ¿Hay responsabilidades penales?”
“La batalla no se puede dar por concluida hasta que la obra no sea demolida, hasta que sus responsables se hagan cargo de reponer la situación anterior y por otra parte, hasta que se garantice la salvaguarda de los recursos municipales ante cualquier reclamación ilegítima”
La emisión del decreto de la Alcaldía de Tegueste del 25 de julio de 2019, anulando la licencia de construcción de la gasolinera de Las Toscas emitido tras el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias es una victoria de la constancia y la dedicación del vecindario de la zona y de todas las personas de Tegueste y de otras partes de la isla que les han apoyado sin desmayo.
Culmina así una lucha iniciada en el pleno municipal de septiembre, de 2018, por presión de los vecinos, que presentarán alegaciones contra la concesión de la licencia, por vulneración de criterios urbanísticos contenidos, o implícitosen el mismo PGO de Tegueste:
1. La licencia se concede con fraude de ley, reconvirtiendo un proyecto en tres distintos, segregando la parcela para obviar la norma que prohibía que se ocupasen más de 900m2 .
2. El proyecto se solicita para una estación a menor distancia de la permitida legalmente de la más próxima de la misma actividad.
3. La estación a construir, en zona residencial se ubicaría a menos de 100m de distancia de zona residencial, siendo así que el PGO dispone que no pueden instalarse este tipo de actividades a menos de 100m de viviendas en zona rural.
Debemos recordar que todas las alegaciones en contra presentadas fueron rechazadas por el anterior alcalde José Manuel Molina, asesorado por el secretario municipal, actualmente encarcelado por delito urbanístico (Caso Las Teresitas).Tampoco el informe exterior solicitado por el Ayuntamiento a un técnico se consideró válido para tomar una decisión de paralización de obras.
Es en enero de este año, cuando la nueva Arquitecta Técnica Municipal emite informe demostrando que el proyecto tenía un defecto insubsanable que convertía en nula la licencia. Por eso, el 29 de enero, se inicia el procedimiento de revisión de oficio, por el que han pasado tres instructores, dilatando en el tiempo una solución que parase las obras de forma cautelar. El 20 de junio, la funcionaria de los servicios jurídicos del Cabildo Elena Diez del Corral Pedrero remite propuesta de resolución declarando nula de pleno derecho la licencia de obras otorgada por decreto del 26 de junio de 2018, por estar incursa en la causa de nulidad del art. 47. 1fde la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
El 25 de julio de 2019, el Ayuntamiento recibe el dictamen solicitado al Consejo Consultivo de Canarias, que confirma la nulidad de la licencia. Inmediatamente la alcaldía emite el decreto nº 1077/2019 declarando nula la licencia, casi en el límite de tiempo para tomar resolución, que se cumple hoy 29 de julio.
Ahora podemos celebrar la suspensión. Pero falta demoler la obra y recuperar su estado anterior. ¿Quiénes pagarán la demolición? ¿Tiene alguien derecho a alguna indemnización? ¿Hay responsabilidades penales?
Estimamos que el Ayuntamiento debe tomar la decisión de demoler y de iniciar procedimiento para que sea abonada por los responsables de la decisión de conceder la licencia: el alcalde y el secretario, funcionario avezado en la comisión de delitos urbanísticos y que no podía desconocer que la obra era ilegal.
Por otro lado, ha de considerarse que el contrato de compraventa de los terrenos, en el que se hace depender el pago del 70% del precio de venta a la concesión de licencia de obra, puede ser indicativo del conocimiento por parte del comprador de los impedimentos legales para la obtención de licencia, y que ese 70% estaba condicionado a buscar fórmulas que ocultasen las ilegalidades.
Creemos que la batalla no se puede dar por concluida hasta que la obra no sea demolida, hasta que sus responsables se hagan cargo de reponer la situación anterior y por otra parte, hasta que se garantice la salvaguarda de los recursos municipales ante cualquier reclamación ilegítima.
María Pilar Villarmín Chamorro
