Unid[email protected] Se Puede El Sauzal (USPES) presenta un recurso contra la prórroga de la concesión del servicio de agua a CANARAGUA

La prórroga fue aprobada por mayoría simple del Grupo de Gobierno de Coalición Canaria en el último pleno, contra la voluntad de la oposición y la indignación de parte de sus vecinos

[email protected] Se Puede El Sauzal (USPES) no descarta acudir al contencioso-administrativo y poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos que lesionan los intereses generales del municipio

(El Sauzal, a 2 de mayo de 2017). La empresa CANARAGUA, filial de la multinacional Aguas de Barcelona (AGBAR), consiguió por la vía plenaria y con el apoyo exclusivo de Coalición Canaria lo que no pudo conseguir en los Juzgados. Si la sentencia del 25/01/2017 del Juzgado nº3 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife rechazaba esa prórroga y la indemnización de más de un millón de €uros que CANARAGUA reclamaba al Ayuntamiento de El Sauzal, el pleno del pasado 31 de marzo dio luz verde a la misma, no sin encontrarse con la oposición del resto de grupos políticos, así como de varios vecinos y vecinas que manifestaron su rechazo “in situ”.

Ante este “atropello” y teniendo en cuenta que este acuerdo parece contrario a derecho, USPES ha tomado la decisión de presentar un recurso de reposición, para que sea desestimada la citada prórroga y al menos se cumpla con lo exigido legalmente para realizarla.

El recurso se basa en dos aspectos: principalmente, en la propia ilegalidad de la prórroga, pues se lleva a cabo casi tres años antes de finalizar el contrato vigente (previsto para el 31 de diciembre de 2019), y aún no se ha podido comprobar que la concesionaria cumpla con lo estipulado en ese acuerdo al faltar casi un 20% de ejecución del mismo. Del mismo modo, nos encontramos con una incorrecta gestión del servicio: se han producido, en unos casos, notorios incumplimientos y en otros, el Ayuntamiento desconoce si lo actuado por la concesionaria se ajusta a lo establecido en los pliegos y en el contrato. Y finalmente, no se acredita el notorio interés público en esta prórroga requisito exigido), sino más bien todo lo contrario, con manifestaciones públicas en asambleas y en las redes sociales contra esta decisión del Grupo de Gobierno.

Pero además, como afirma este grupo en el recurso, “El acuerdo no sólo se limita a prorrogar un contrato, sino que toma otra serie de decisiones al parecer ilegales”; invalidándose los mismos términos sobre la que se establece. En este sentido, apunta la formación, “hay varias causas de nulidad relacionadas con la confusión “burda” y no sabemos si malintencionada de dos conceptos jurídicos como “canon” y “tasa”, o con la pretensión de que la empresa concesionaria adjudique sin licitación obras públicas sufragadas con dinero municipal”.

Esta formación, USPES, ha defendido la conveniencia de aprovechar el fin de la concesión para recuperar la gestión pública del agua del municipio por cuestión de eficiencia, transparencia y mejora del servicio, de los pocos que la Ley Montoro en vigor ha dejado administrar a ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Esta tendencia de recuperación o remunicipalización de servicios tan esenciales como el agua y alcantarillado en distintas ciudades del Estado, se ve apoyada además por las recomendaciones de diversos organismos internacionales sobre la gestión del preciado líquido.

 

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