77 años del último asesinato “legal” franquista en Tenerife

Hace justamente 10 años, con el título de LA “JUSTICIA” FRANQUISTA EN TENERIFE. LOS ÚLTIMOS ASESINADOS, al socaire de uno más de la ya larga serie de trabajos sobre los archivos que contienen la historia de la represión franquista en esta tierra nuestra que, con enorme tesón y paciencia, lleva a cabo Pedro Medina Sanabria en su Blog, publiqué mi comentario al que, probablemente, fue el último asesinato “legal” de esa serie de unos 65 que, entre julio de 1936 y agosto de 1942, se cometieron en Tenerife de la mano de siniestros personajes que, sin embargo y a pesar de eso, han permanecido en esa historia, que como siempre escriben los vencedores, como presuntos héroes benefactores y salvadores frente a la barbarie rojo-separatista y, por ello, dignos de poner sus nombres de ilustres próceres en nuestras calles plazas, puentes, monumentos, barriadas, escuelas…

En Canarias, en la retaguardia de aquella barbarie, además las más de 8.000 detenciones, torturas y vejaciones de toda laya, las hordas franquistas cometieron alrededor de unos 5.000 asesinatos de civiles indefensos de los que unos 125 fueron “legales”, dictados por inicuos tribunales solicitados por perversos fiscales nombrados al efecto como, en este caso del posiblemente último, el “conspicuo y honorable” Miguel Zerolo Fuentes licenciado en Derecho, Capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, condecorado con la Cruz del Mérito Militar, Comendador con Placa de la Orden del Mérito Civil, Medalla de Bronce de Santa Cruz –junto a su también “conspicuo y honorable” hermano Tomás por ser de los primeros voluntarios fascistas de esta ciudad el 18 de julio de 1936- y alcalde luego, por los evidentes méritos conseguidos a base de condenas y ejecuciones, de la capital tinerfeña en cuyo honor se le puso su excelso nombre a una calle chicharrera que su nieto, Miguel Zerolo Aguilar, otro conspicuo y honorable nacionalero de pro de CC, no osó quitar en su periodo de alcalde, antes de pasar a prisión por méritos acumulados en su oficio complementario como ladrón de guante blanco.

Esta vez no se fusiló a unos comunistas rojos peligrosos, ni a elementos que atentaban contra la sacrosanta unidad española o a perniciosos miembros del contubernio masónico. Ni siquiera eran nocivos escritores, maestros o periodistas despertadores de conciencias aneblinadas. Por no ser ni tener, no tenían ni donde caerse muertos. Relatemos los hechos: El industrial tabaquero, dueño de la fábrica de tabacos “Victoria”, Luis Zamorano González, Masón de grado 3 (“Maestro”) de nombre “César” en la Logia Añaza 270 y enlace de la Logia con los Rotarios de Tenerife, había fundado en Santa Cruz una distribuidora cinematográfica que distribuía a la FOX y construido los cines santacruceros “Royal Victoria” y “Cinema Victoria” que gestionaba Pedro Calero, también contable de la fábrica. En 1928 construyó en la Plaza de Abajo –que nuestras españolísimas autoridades continúan llamando “del Adelantado”- el cine “Parque Victoria” con una capacidad de unas 140 personas en butacas de una sola clase, techo de planchas de cinc que impedía la audición cuando había lluvia, una única puerta de entrada, rodeado de zona ajardinada murada, con otra puerta y unas falsas ventanas ovaladas hacia la plaza. Ese va a ser el escenario de los hechos que inician toda la trama que culmina con dos pobres atorrantes asesinados de forma “legal”.

El “Parque Victoria” proyectaba dos veladas diarias salvo domingos y festivos que incluía además una “matinee”. El control de la recaudación quedaba a cargo del gestor, el cuñado de Zamorano, Ernesto Massieu Pimienta. El lunes 9 de febrero de 1942, día que se recogía la recaudación del fin de semana, la más importante, dos desconocidos atacaron a la salida a Ernesto Massieu para robarle el dinero que portaba. El gerente se resistió y uno de ellos le dio un golpe con un martillo en la cabeza pero, a pesar de ello, no lograron su objetivo y huyeron. Ernesto Massieu Pimienta fue atendido de su herida por conocidos profesionales laguneros, el practicante Victoriano Ríos y el médico Tomás Sánchez Pinto que calificó la herida causada como leve. Tardó en curar, según el parte, doce días, y ocasionó unos gastos médicos que ascendieron a cien pesetas. Tres días después, el 12 de febrero la guardia civil de La Laguna detiene a Rafael Rivero y a Patricio Domínguez como presuntos autores a los que se mantiene en prisión hasta que el 17 de abril los sueltan por detenerse a Manuel Febles Plasencia y Emiliano Gutiérrez García, alias “El Manco”, que confiesan ser los autores del desaguisado.

Para entender los hechos posteriores hay que saber a quién, de verdad, agredían. Luis Zamorano era un relevante hombre de los negocios y de la derecha tinerfeña. Cuando el general Franco sacó las tropas a la calle en La Laguna, La Orotava y Puerto de la Cruz para reprimir las manifestaciones obreras del 1º de Mayo de ese fatídico 1936 –realmente se trataba de una “puesta a punto” de sus tropas y un ensayo general para el inmediato levantamiento- la brutalidad exhibida causó la protesta de las autoridades civiles. Para contrarrestarla, desde los mandos militares españoles en plaza se promovió, en la misma Capitanía General, un pliego de firmas como Homenaje de Apoyo y Simpatía al General Franco y su actuación militar. Uno de los primeros firmantes fue Luis Zamorano. El 10 de junio en el cine “Royal Victoria” de la calle de La Rosa, propiedad de Zamorano, se proyectó la película “La Bandera” un panegírico de la etapa legionaria africana del golpista Franco. Al día siguiente los líderes sindicales y políticos isleños acudieron a solicitar a Luis Zamorano que suspendiera la proyección de la película por entender que promovía el golpe de estado que se cernía en el ambiente. Sucedió todo lo contrario. A la sesión de ese día 11 de junio acudió Franco con su familia junto a la caterva de militares y la derecha caciquil y golpista isleña, abucheados y silbados a la entrada y a la salida por las Juventudes Comunistas, con Guetón y su hermano Elio, hijos de Rodríguez Figueroa, a la cabeza, contrapesando en parte los vivas a Franco, a España y a la Legión que profería el fachisterio presente. El 17 de junio se reuniría Franco con sus compinches en Las Raíces esperanceras y justo un mes después, el golpe militar contra la República. Ese 18 de julio Luis Zamorano, abjurado ya de su fe masónica y colaborador destacado de las nuevas autoridades golpistas, declaraba en Gobierno Militar que el Club Rotario de Tenerife y la Logia Añaza 270 habían dejado de existir.

El 14 de julio de 1942 se reúne para juzgar los “terribles hechos” que afectaban a Zamorano, no un tribunal civil como perecería lógico, sino un Consejo de Guerra, presidido por el coronel Francisco de Sales Galtier en el que el Oficial 1º de Complemento del Cuerpo Jurídico militar Miguel Zerolo Fuentes, amigo de Luis Zamorano, pide la pena de muerte para los acusados. El presidente y los guirres sanguinarios que actuaban como vocales, los también conspicuos y respetados ciudadanos, ilustres patricios y beneméritos capitanes del ejército, con destacables nombres de la sociedad isleña como Carlos Hardisson Pizarroso, Isidro Jiménez Gutiérrez, Carlos Cue Vidaña, Blas García Mesa y Ramón Monteverde Ascanio dictan, el martes 11 de agosto la sentencia de muerte solicitada por la fiscalía, sentencia que ratifica al día siguiente, martes 12, el Capitán General Ricardo Serrador Sentis –que todavía presta su golpista nombre a un importante puente de Santa Cruz- que ordena que los encartados sean ejecutados sin más dilación.

Tan rápido fue que el Gobernador Militar, el general de brigada Idelfonso Navarro Villanueva, da órdenes al coronel del Regimiento de Artillería Nº 7 para que desde las doce de esa misma noche se acondicione un local en la Batería del Barranco del Hierro para que sirva de Capilla y se designe un piquete de 12 soldados y un oficial del Cuartel de Almeida para que, a las once de la noche recojan en un camión en la Prisión Costa Sur a los dos reos y realicen el traslado a ese lugar acondicionado para capilla.

A las seis de la mañana llegan a la tristemente célebres, por lo sangrienta, Batería del Barranco del Hierro, los soldados designados por sus jefes de los Regimiento de Infantería Nº 38, Artillería Nº 7 e Ingenieros Nº3, en número de 10 de cada unidad, con sus correspondientes oficiales y suboficiales que ejecutarán el asesinato al mando del capitán de artillería Rafael Lojendio Clavijo, nombrándose también, por si los reos lo solicitaran, al capellán Vicente Marín Molina. Ordena también la presencia del médico militar que, como en todos los casos, certificará la muerte de estos infelices por “derrame de sangre interno” y de una ambulancia provista de dos ataúdes para retirar los cadáveres,

A las siete y media en punto de la mañana del 13 de agosto, hace hoy 77 años, suena la descarga que acaba con las penurias de dos infelices cuyo máximo delito no fue un intento de robo y una herida leve con un martillo. Fue el haber nacido pobres y tratar de sobrevivir en unos momentos cruciales de nuestra historia, en que una cierta burguesía rapaz y depredadora, medianera criolla del poder colonial español, necesitaba erradicar por el terror la incipiente movilización de unas clases y unas personas que ponían en cuestión su derecho ancestral a la explotación desmedida de unas masas colonizadas, que comenzaban a cuestionar su derecho divino a disponer a su antojo de vidas y haciendas de los desheredados de la fortuna.

Manuel Febles Plasencia y Emiliano Gutiérrez García fueron enterrados el día 14 en la Fosa Común del Patio Nº 11, parcela 5ª de Santa Lastenia, lugar habitual del viaje final de los “agraciados” juzgados y condenados por los Consejos de Guerra franquistas. El resto de asesinados, menos “agraciados”, permanecen en cunetas, en simas, en pozos, en fosas clandestinas o apotalados en ese inmenso cementerio incivil que formaron entonces los mares canarios.

En la ciudad de Aguere, Tenerife, África Occidental a 13 de Agosto de 2019

Francisco Javier González




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