Ben Magec-Ecologistas en Acción organiza un festival para recaudar fondos para su lucha jurídica contra en proyecto de Chillida en Tindaya

La Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, organiza un festival con el fin de recaudar fondos para cubrir los gastos judiciales de varias denuncias presentadas en relación con la montaña de Tindaya y la decisión del gobierno de Canarias y el Cabildo Fuerteventura de realizar el proyecto de Eduardo Chillida.

El festival se realizará en el Mojo Club, localizado en la Plaza de la Música, Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 14 horas del sábado día 1 y hasta las 21:30. En el mismo actuarán los grupos y artistas Esencia de Hormiga, Arístides Moreno, Aniba Faican, Garrote Vil y Minoría Absoluta.

El festival se realiza para recaudar fondos para cubrir los gastos judiciales de tres contenciosos administrativos presentados por la Federación Ecologista contra el Gobierno de Canarias: dos de ellos contra la decisión de delimitar como bien de interés cultural sólo la cima de Tindaya, quedando fuera la práctica totalidad de esta montaña, considerada sagrada para los aborígenes de Fuerteventura, y buena parte de los restos arqueológicos localizados en la misma. Y el tercero, contra el mismo gobierno y su decisión de rehabilitar la declaración de impacto del proyecto de Chillida, caducada en 2014, que daba amparo y cobertura a la descomunal obra del desaparecido escultor vasco Eduardo Chillida.

Se trata, según representantes de la organización, de un episodio más de la lucha social y judicial contra la obsesión del partido conservador CC de llevar a cabo un proyecto con enormes incertidumbres técnicas que supondrá, de realizarse, un gravísimo impacto sobre los valores naturales y culturales de la montaña. Recuerdan, además, el escándalo de corrupción política que rodea al caso Tindaya con la desaparición de casi 30 millones de euros de dinero público sin que hayan ni responsabilidades políticas ni judiciales al respecto.

Para tratar de llevar a cabo este descomunal proyecto, que no tiene cabida en un espacio natural donde se localiza uno de los yacimientos arqueológicos más emblemáticos del Archipiélago, tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Fuerteventura han forzado, tergiversado, transformado o usado la legislación tanto ambiental como cultural para fines distintos a los que persigue. La Federación a lo largo de los más de 20 años de andadura de este proyecto se ha personado en varios procesos judiciales para tratar de frenar lo que consideran un atentico atentado contra nuestro territorio y nuestra cultura.

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