El presidente del tribunal que juzga el Caso Las Teresitas, Joaquín Astor Landete, impuso hace pocos meses una desproporcionada fianza de 28.000€ a Justicia y Sociedad, la asociación de juristas canarios sin ánimo de lucro que lleva ejerciendo la acusación popular desde hace un porrón de años, concediéndole graciosamente el brevísimo plazo de 10 días para hacerla efectiva. Con esta decisión, el señor Astor Landete mostró que su prioridad no estaba muy en consonancia con lo recogido en el artículo 125 de la Constitución, que establece que “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine (…)”. Todo lo contrario, al parecer pesó más en su decisión la lógica de garantizar las posibles responsabilidades que pudieran ser exigibles en caso de ejercicio abusivo, temerario o imprudente de la acción penal por parte de los abogados de Justicia y Sociedad.
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