Creada una plataforma ciudadana por la Plena Autonomía Interna de las Islas Canarias

La PAI fue solicitada institucionalmente por primera vez el año 2012 por el Cabildo de La Gomera, al aprobar sin ningún voto en contra una Moción al respecto presentada por el Portavoz del Grupo Nacionalista, Pedro Medina Calero

Ha sido presentada una nueva plataforma ciudadana que, ante la grave crisis social y económica ya existente, pero agravada por la emergencia sanitaria sobrevenida, plantea un cambio del modelo social, económico y político de Canarias en favor de una Plena Autonomía Interna (PAI), como sujeto de Derecho internacional, en régimen especial de Asociación a la Unión Europea, ante lo que califican de “colapso del régimen de Región Ultraperiférica (RUP)”. A tal efecto, desde la plataforma, promueven una Petición Ciudadana al Parlamento Europeo que facilite el cambio del régimen RUP por el de País y Territorio de Ultramar (PTU) ya realizado anteriormente por otros territorios no europeos pertenecientes a estados miembros.

Esta plataforma denominada Iniciativa Popular Canaria (IPC), “abierta, transversal e inclusiva con participación ciudadana a nivel individual”, entiende que “sólo mediante una Plena Autonomía Interna en régimen de PTU, es posible implementar un modelo productivo más equilibrado y autocentrado en función de las verdaderas potencialidades del Archipiélago, que resuelva nuestra grave problemática social y económica”. La PAI fue solicitada institucionalmente por primera vez el año 2012 por el Cabildo de La Gomera, al aprobar sin ningún voto en contra una Moción al respecto presentada por el Portavoz del Grupo Nacionalista, Pedro Medina Calero.

Asimismo, desde IPC proponen “un nuevo Estatuto de Plena Autonomía Interna, abierto al debate de la ciudadanía, entre cuyos contenidos más relevantes destacan la actualización de nuestra foralidad especial de secular arraigo, como la Ley Especial de Puertos Francos de 1900, de plena vigencia por no haber sido derogada por otra de igual rango”.

Asimismo, declaran la condición de “Nación, constituida en Comunidad Archipelágica dotada de un Estatuto de PAI, en Régimen Especial de Asociación a la UE”; cuyo ámbito espacial estaría formado por las islas e islotes y sus espacios marítimos, entre los que se incluyen las Aguas Archipelágicas, Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva y Plataforma Continental ampliada, según recoge el Artículo 305 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, delimitados por la Comunidad Archipelágica de Canarias como Parte de la misma.

Establecerá la condición política de canarios mediante una “Vecindad Civil Especial” canaria y una Ley Reguladora de la Condición de Residente que preserve la sostenibilidad medioambiental, garantizando la capacidad de carga poblacional que pueda soportar el Archipiélago; y la bandera nacional canaria de tres franjas verticales blanca, azul celeste y amarilla, con siete estrellas verdes en círculo en su franja central.

Este Estatuto de Plena Autonomía Interna, “actualizará la arquitectura institucional de Canarias adaptándola a la realidad archipelágica a través de un modelo federal con una Segunda Cámara de naturaleza territorial, designada a través de los Cabildos como Mancomunidad de los mismos y asumirá las competencias exclusivas sobre la gestión de los recursos naturales contenidos en nuestros espacios marítimos, lo mismo que en costas, puertos y aeropuertos, trabajo y relaciones laborales, siendo compartidas en Seguridad Social. “Impulsará, asimismo, un sector financiero propio, al servicio del desarrollo canario, estudiándose la conveniencia de una política monetaria propia -como tienen otros territorios asociados a la UE-, compatible con el euro, libra, corona, dólar y demás monedas convertibles, con una Banca Pública Canaria complementaria de una banca privada ética y cooperativa, al servicio de una economía productiva real y un desarrollo sostenible y equitativo de las Islas”.

La IPC reivindica también “un régimen económico y fiscal (REF) basado en la libertad comercial de importación y exportación, la no aplicación de monopolios, las franquicias aduaneras, administrativas y fiscales sobre el consumo, con incentivos a la inversión y una política fiscal diferenciada, que se deriva de su foralidad especial histórica. REF que sólo podrá ser modificado de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Constitución, previo informe favorable del Parlamento Canarias, pero que tendría carácter vinculante”.

Dicho régimen, señalan, “debe incorporar las Islas a las nuevas corrientes de Glocalización, nuevo paradigma que nos permite cambiar la B de barbarie por la C de corazón en las relaciones humanas y ofertar a Canarias, en todas las actividades y mercados exteriores, con su propia Marca inequívocamente diferenciada y la liberalización del transporte y las telecomunicaciones con una política de cielos y mares abiertos, con la V Libertad aérea”.

La IPC apuesta también por una Agencia Tributaria Canaria Exclusiva (ATCE), con obligación de domiciliación fiscal en Canarias de todas las personas físicas y jurídicas que ejerzan actividades en las islas, ya sea como empresa matriz, como sucursal o como filial, y tributación exclusiva a la ATCE de toda la imposición directa (IS, IRPF, IRNR) generada por las actividades económicas realizadas en Canarias”.

Para la IPC, la Comunidad Archipelágica de Canarias, dotada de Plena Autonomía Interna, “gozará de un estatus jurídico como sujeto de Derecho internacional reconocido en distintos Convenios de la ONU, como la CONVEMAR, en el marco de las Resoluciones de la ONU 742 (VIII) y 1514 (XV). Asimismo, podrá integrarse como Parte en otros Organismos internacionales como la OMI, la OACI, la OIT y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), negociando directamente su cuota de captura propia”. De la misma forma, “en todas las negociaciones internacionales mantenidas por el Estado que afecten a Canarias, el Gobierno canario estará presente pudiendo ejercer su Derecho de Veto sobre aquellos acuerdos que perjudiquen a las Islas. Se solicitará la no pertenencia de Canarias a la OTAN, respetando la voluntad mayoritaria de su ciudadanía expresada en el referéndum del 12 de marzo de 1986 y la declaración de archipiélago con Estatuto de neutralización internacional, como aportación necesaria a la paz mundial”.

En el marco de unas relaciones internacionales multilaterales de cooperación y ayuda al desarrollo “se prestará especial dedicación a las relaciones con nuestros vecinos africanos, solicitando el estatus de observador en el seno de la Unidad Africana. Dentro del ámbito de sus competencias y de la defensa del interés general, ejercerá su propia acción exterior creando Delegaciones fuera de las Islas para promover la proyección internacional de la Comunidad Archipelágica de Canarias”.

La IPC cree necesario abrir, además, un amplio debate en el seno de la sociedad canaria previo a la celebración de un Referéndum, mediante el cual la ciudadanía directamente pueda decidir -si así lo considera conveniente- la asunción de este nuevo Estatus de Plena Autonomía Interna en Régimen de Asociación a la UE como PTU.

La Comisión Promotora de la Iniciativa Popular Canaria (IPC) la forman Pedro Medina Calero, Rosana Mesa Labrador, Ángel Cuenca Sanabria, Honorio Marichal Reyes y Qunitín Ortiz Navarro. Junto con la presentación de la plataforma, han hecho público un “Manifiesto Fundacional”, que refleja las bases fundamentales de esta nueva propuesta alternativa para el futuro desarrollo social, económico y político de la Comunidad Archipelágica de Canarias.

Manifiesto fundacional




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